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País Vasco no asumirá el agujero de las pensiones, cuyo gasto se dispara en Asturias

El cupo para los próximos cinco años no refleja el esfuerzo nacional para sufragar el déficit de 38.0000 millones de la Seguridad Social

Personas sentadas en un banco en Gijón Juan Plaza

El gigantesco déficit de la Seguridad Social española, superior a los 38.000 millones de euros, será sufragado por los contribuyentes mediante una aportación que el Gobierno nacional ha incorporado a los Presupuestos de 2023. No obstante, a pesar de que las pensiones salen de la caja común del Estado, el País Vasco no respaldará ese desembolso de forma proporcional. Tras negociarlo con el Ejecutivo, el PNV ha conseguido que el cupo (la aportación que la Administración vasca hace al Estado central por los servicios no transferidos) sea de 1.472 millones de euros al año hasta 2026 (se negocia cada cinco años), una cifra ligeramente superior a la del último cupo (1.403 millones el año pasado), por lo que no recoge el incremento que debería hacer el País Vasco para ayudar a costear el abultadísimo gasto en pensiones de todo el país, que este año ascenderá a 171.140 millones de euros, según las previsiones gubernamentales.

Esta conquista de los nacionalistas vascos se produce justo cuando el dato adelantado de inflación de noviembre (6,8%), difundido esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), permitirá que las pensiones contributivas de los españoles aumenten casi un 8,5% el año que viene. La revalorización, en cualquier caso, se confirmará con el dato definitivo del IPC que se publicará el próximo día 14. El Gobierno sostiene que ese aumento protegerá la capacidad adquisitiva de los pensionistas. De hecho, se trata de un compromiso del Pacto de Toledo que fue recuperado en 2021 por el Ejecutivo tras haber sido suprimido en 2013.

Los Presupuestos de 2023 ya contemplan ese encarecimiento y avanzan que el desembolso en pensiones el año que viene será de 190.687 millones de euros, un 11,4% más que lo que se gastará en el presente ejercicio. Esos casi 191.000 millones supondrán el 42% del gasto total del Estado.

En Asturias, esta revisión tiene una enorme importancia, toda vez que el acusado envejecimiento de la población tensionará aún más las cuentas del sistema público. Así, la región concentra casi el 3% de los nueve millones de pensionistas en España, cuando la población total de la comunidad representa el 2,12% del censo nacional.

La revalorización de acuerdo a los precios, disparados por la crisis energética y la guerra de Ucrania, significará que la nómina total de pensiones de la región ascenderá a 5.828 millones en 2023, 465,5 millones más que el importe de este año. Esa cantidad se repartirá entre 270.388 pensionistas asturianos, perceptores de 299.292 pensiones en sus diversas variantes (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiar). La pensión media del sistema se incrementará desde enero en 108,96 euros mensuales (se situará en 1.390,9 euros como media), aunque existe una amplia heterogeneidad en función de la clase de pensión de que se trate.

El mayor peso corresponde a las pensiones de jubilación, que en la región suman 183.302 prestaciones, de las que son perceptores 181.323 asturianos. Los jubilados de la comunidad ingresarán el año próximo 328,15 millones más que en 2022 en 14 pagas. Por vez primera, la nómina de las pensiones de jubilación superará los 4.000 millones en Asturias y se situará en 4.188,81 millones.

Las pensiones vascas y las asturianas son las más altas de España. La prestación media del País Vasco en noviembre fue de 1.356 euros, mientras la de Asturias fue de 1.282.

Con todo, la pérdida de la población dedicada a la minera (colectivo que tradicionalmente ha percibido prestaciones cuantiosas) ha frenado la revalorización de las pensiones asturianas en la última década. Así, si en octubre de 2012 la pensión media de jubilación fue de 1.358 euros, el mes pasado fue de 1.504. El incremento porcentual, del 10,76%, fue inferior al de la media nacional, del 12,53%. De hecho, la subida fue mayor en diez comunidades y en la ciudad de Ceuta.

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