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El gasto en pensiones de Asturias crecerá el triple que la economía regional en 2023

La revalorización de las prestaciones supondrá un desembolso de 466 millones de euros más, mientras que el PIB aumentará 156 millones

El año que viene las pensiones aumentarán un 8,5% para acompasarlas con la inflación, lo que significa que las prestaciones subirán mucho más que la propia economía, tanto la española en general como la asturiana en particular. Las previsiones del Principado indican que la actividad regional crecerá un 0,7%, lo que supone que el PIB alcanzará los 22.446 millones de euros, es decir, 156 millones más que el presente ejercicio. Sin embargo, el dato adelantado de la inflación de noviembre (6,8%), que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el pasado martes con carácter provisional, indica que a partir de enero las pensiones contributivas se incrementarán prácticamente un 8,5%, tal como estima el Gobierno en los Presupuestos de 2023. Esto significa que el gasto total de las prestaciones en Asturias será de 5.828 millones de euros, un aumento de 466 millones respecto al de 2022. Por lo tanto, el desembolso en pensiones será casi tres veces mayor, en términos absolutos, que el crecimiento del PIB regional.

La revalorización de las pensiones contributivas se confirmará el próximo día 14, cuando se publique el dato oficial de inflación de noviembre, dado que el porcentaje de aumento resulta de calcular la media del IPC entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022, tal como se estableció en la primera parte de la reforma de las pensiones aprobada el año pasado. Según el dato provisional, las prestaciones crecerían un 8,458%, una cifra casi coincidente con lo previsto por el Gobierno.

Por supuesto, esta comparación entre el gasto en pensiones y la evolución de la economía se puede trasladar al ámbito nacional. El Ejecutivo calcula que el año que viene el PIB español crecerá un 2,1%, pero la mayoría de los principales organismos públicos y privados de análisis macroeconómico estiman un avance mucho menor, en torno a la mitad. Así, por ejemplo, la Comisión Europea lo sitúa en el 1%; el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el 1,2%; la OCDE, en el 1,3%; y la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) lo rebaja hasta el 0,7%.

Dando por buenas las previsiones gubernamentales para este año y el que viene (en este último caso es la más optimista de las que se barajan), el PIB del próximo ejercicio se cifraría en 1.286.401 millones de euros, lo que significa 26.458 millones más que en 2022. Y con la revalorización del 8,5%, el desembolso nacional en las pensiones sería de 185.687 millones de euros, un incremento de 14.547 millones. Es decir, el aumento de las prestaciones absorbería más de la mitad (el 55%) del crecimiento general de la economía. Por supuesto, esa correlación será mucho peor si se cumple alguna de las demás estimaciones, mucho menos favorables. En caso de que Funcas acertara, el PIB sólo avanzaría en 8.819 millones, por lo que la relación se invertiría: esa creación de riqueza sufragaría solo el 60% de la subida de las pensiones.

Cabe recordar que no todos los españoles pagarán por igual el descomunal déficit de las pensiones (la diferencia entre los ingresos y gastos de la Seguridad Social), que en 2023 superará los 38.000 millones de euros. Este agujero será sufragado por los contribuyentes mediante una aportación que el Gobierno nacional ha incorporado a los Presupuestos de 2023. No obstante, a pesar de que las pensiones salen de la caja común del Estado, el País Vasco no respaldará ese desembolso de forma proporcional. Tras negociarlo con el Ejecutivo, el PNV ha conseguido que el cupo (la aportación que la Administración vasca hace al Estado central por los servicios no transferidos) sea de 1.472 millones de euros al año hasta 2026 (se negocia cada cinco años), una cifra ligeramente superior a la del último cupo (1.403 millones el año pasado), por lo que no recoge el incremento que debería hacer el País Vasco para ayudar a costear el abultadísimo gasto en pensiones de todo el país, que este año ascenderá a 171.140 millones de euros, según las previsiones del Ejecutivo nacional.

Bruselas advierte a España que los fondos pueden suspenderse si el sistema es insostenible

La Comisión Europea ha advertido a España que los fondos europeos para pensiones "pueden suspenderse" si el sistema público de prestaciones deja de ser fiscalmente sostenibles. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha señalado que "si se considera que no se han cumplido satisfactoriamente todos los hitos y objetivos asociados a un tramo, [la Comisión] suspenderá parcialmente el pago", según informa Servimedia. Gentiloni hizo la advertencia esta semana en una respuesta por escrito a una pregunta de la eurodiputada de Ciudadanos (Cs) Eva Poptcheva sobre las medidas que adoptará el Ejecutivo comunitario si la reforma aprobada por el Gabinete de Pedro Sánchez no cumple los requisitos de equidad intergeneracional y sostenibilidad que reclama el ejecutivo de la Unión. El pasado junio, Bruselas aprobó el segundo pago de fondos a España por valor de 12.000 millones, aunque manifestó su inquietud por la sostenibilidad fiscal de todo el paquete de medidas, incluido el mecanismo de equidad intergeneracional. En su contestación parlamentaria, Gentiloni recuerda que en la evaluación ya avisó de que para respetar el objetivo general de sostenibilidad fiscal habría que abordar "el riesgo de una desviación presupuestaria significativa derivada de las medidas adoptadas y tenerlo también en cuenta en el diseño de otras reformas pendientes". Ahora, con vistas al siguiente pago, el comisario asegura que se analizará "el cumplimiento satisfactorio" de las medidas, "incluida la sostenibilidad fiscal a largo plazo de las reformas de las pensiones emprendidas en 2021 y 2022". Con todo, el dirigente italiano señala que la Comisión "no puede especular sobre el resultado de esta evaluación".

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