El horno alto A de Arcelor podría seguir parado hasta mediados de 2023

La empresa no prevé mejora del mercado en el primer semestre y propone prorrogar el ERTE actual hasta fines de 2023 por si la atonía del mercado se prolonga durante todo el ejercicio

El horno alto A de la compañía siderúrgica ArcelorMittal en Veriña (Gijón), paralizado desde fines de septiembre por la caída de los pedidos para el actual trimestre, podría permanecer inactivo hasta mediados del año próximo si se confirman las expectativas de la compañía, que no detecta por el momento un aumento suficiente de la demanda para los dos próximos trimestres.

Por esta razón, la dirección del fabricante de acero planteó ayer a los sindicatos prorrogar el actual expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) durante todo el próximo año, hasta el 31 de diciembre de 2023, de modo que pueda recurrirse a él no solo durante el primer semestre, sino a lo largo de la segunda mitad si fuese necesario porque las bajas expectativas de mercado se prolongasen. Este plazo fue el que el grupo siderúrgico propuso a los sindicatos en septiembre cuando negoció el ERTE actualmente vigente, aunque al final, y en aras de alcanzar el pacto, la empresa se conformó entonces con firmarlo para un solo trimestre.

El ERTE, que fue pactado por la empresa, UGT, CC OO y USO, se está aplicando desde la parada de uno de los dos hornos altos de Gijón (los únicos existentes en España) tanto en las instalaciones de Asturias como en las de Sagunto, Etxebarri, Lesaka, la división de largos de Olaberría-Bergara, la filial ArcelorMittal Distribution Solutions y otras sociedades el grupo en España, que dependen de los suministros de acero desde las plantas asturianas.

La compañía propuso ayer en Extebarri que en la prórroga del ERTE se mantengan las mismas condiciones que se están aplicando en la actualidad.

De este modo, los trabajadores que sean regulados temporalmente de empleo recibirán hasta el 90% del salario bruto anual y el 100% de pagas extras y vacaciones, lo que suma entre el 93% y el 94% de la retribución total. Con ello, el ERTE ahora vigente igualó las condiciones del que estuvo en vigor entre 2009 y fines de 2021.

Según los términos negociados en septiembre, la aplicación del ERTE podrá afectar en Asturias a un máximo de 1.250 empleados, equivalentes al 25% de la plantilla de la compañía en la región, integrada por casi 5.000 de los 8.000 empleos que el grupo tiene en España. En Sagunto puede alcanzar hasta el 40%de sus trabajadores; en Etxebarri, al 20%; el Lesaka, al 60%; en la división de largos de Olaberría-Bergara, al 20%; y en la filial ArcelorMittal Distribution Solutions y resto de sociedades, al 25%. Estos porcentajes pueden afectar tanto al personal de producción como al de estructura. La compañía se comprometió a no aplicar la regulación en ninguna instalación que tenga su capacidad productiva ocupada al 100% y a que la afectación a los trabajadores sea flexible y equitativa. A su vez, y según lo pactado, la incidencia del ERTE en la plantilla de los servicios transversales no podrá superar, como máximo, el porcentaje establecido para la planta a la que pertenezca el personal afectado.

Empresas y sindicatos disponen de cinco días para negociar la prórroga del ERTE. De no alcanzarse el acuerdo durante ese plazo, la empresa puede extenderlo de modo unilateral.

Sindicatos

UGT FICA explicó que «hará un análisis» de la documentación aportada por el grupo siderúrgico a los negociadores. Durante la reunión, este sindicato expresó a la dirección su queja porque «la aplicación del expediente en alguna planta no está cumpliendo las condiciones pactadas» e indicó que «es requisito imprescindible su cumplimiento para poder tratar de llegar a alcanzar un acuerdo de una nueva prórroga».

CC_OO, que también se comprometió a estudiar la documentación, subrayó la «necesidad de modificación de las condiciones de aplicación del actual ERTE»._Este sindicato exige que el plazo máximo de prórroga sea de tres y no de doce meses, así como la eliminación de asistencia a acciones formativas, reducción del porcentaje de aplicación en los departamentos transversales y que el reparto de la incidencia del expediente de regulación sea «equitativo».

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