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La inversión para fabricar acero verde en Asturias superará con creces los mil millones

La estimación incluida en el PERTE eleva el plan de ArcelorMittal a 1.800 millones y el Gobierno central espera que las ayudas que autorice Europa sobrepasen los 450

La inversión de ArcelorMittal para fabricar acero verde en sus plantas en Asturias y País Vasco superará los 1.000 millones de euros anunciados en julio de 2021 en Gijón por el presidente de la multinacional siderúrgica, Lakshmi Mittal, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En la documentación de las ayudas que prepara el Ministerio de Industria se hace referencia a una inversión de 1.800 millones de euros apoyada por una ayuda de 450 millones. No obstante, fuentes del Gobierno señalaron que es una estimación de los técnicos, aunque precisaron que la inversión será superior a la prevista inicialmente y que se espera que la ayuda pública que autorice la Comisión Europea también sea superior a los 450 millones ya reservados.

Desde el anuncio inicial de la inversión, tanto la compañía siderúrgica como el Ejecutivo estatal han intentado que el plan de descarbonización consiga un fuerte respaldo de fondos públicos respetando la normativa europea de ayudas de Estado. A la espera del visto bueno definitivo de la Comisión Europea al esquema de financiación, el Gobierno ya tiene reservada para ArcelorMittal una ayuda de 450 millones de euros en el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) de descarbonización industrial. En la documentación oficial del PERTE esta ayuda está vinculada a una inversión de 1.800 millones de euros, de los que 1.350 millones de euros serían de inversión privada y 450 millones (el 25%) de ayuda pública. No obstante, son estimaciones que hacen los técnicos de Industria, según señalaron fuentes del Gobierno consultadas, que sí apuntaron que la inversión de Arcelor será mayor de la anunciada inicialmente y que se espera que la ayuda, también.

Tanto fuentes de ArcelorMittal como del Ministerio de Industria evitaron ayer precisar los motivos del aumento de la inversión, si se debe a un ajuste de precios (el proyecto se anunció en julio de 2021 y desde entonces todo se ha encarecido por la galopante inflación) o a un incremento de la envergadura del proyecto. En mayo del pasado año, ArcelorMittal y el Gobierno de España habían acordado estudiar la posibilidad de ampliar el proyecto de descarbonización a la planta de Avilés, con la instalación de un horno de arco eléctrico, pero fuentes del Gobierno señalaron que la inversión que se respaldará desde el PERTE es la anunciada para la planta de Gijón.

El proyecto incluye la sustitución de uno de los dos hornos altos de Gijón por una planta de reducción directa de mineral de hierro mediante hidrógeno verde (sistema DRI) que producirá prerreducidos para un nuevo horno híbrido de arco eléctrico que se instalará también en Gijón y para la acería compacta de Sestao (Vizcaya), que será acondicionada y, al igual que el nuevo horno de Gijón, se alimentará con energía renovable.

La ministra de Industria, Reyes Maroto, señaló el pasado jueves durante una visita al stand de Asturias en Fitur que había reservados para el proyecto de descarbonización de ArcelorMittal 450 millones de euros "en la segunda línea del PERTE" y que "si las necesidades de inversión son mayores, el Gobierno pondrá a disposición todos los recursos para que ese proyecto sea una realidad".

La segunda línea del PERTE es la línea de ayudas autorizadas por la Comisión Europea a empresas participantes en el mecanismo de Proyectos Importantes de Interés Común Europeo (IPCEI, por sus siglas en inglés) sobre la cadena industrial del hidrógeno bajo las Directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, protección del medio ambiente y energía (CEEAG por sus siglas en inglés). Fuentes de Industria confirmaron que por esa línea solo está la ayuda a ArcelorMittal y esa línea tiene atribuida una ayuda de 450 millones para una inversión estimada de 1.800 millones. La ayuda es una subvención –sin tramos de préstamos– directa que precisará, una vez que la autorice la Comisión Europea, aprobación por Real Decreto.

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