ArcelorMittal y los sindicatos no acercaron posiciones en la que se pretendía que fuese la última reunión para la negociación del octavo acuerdo marco y en la que se aspiraba a escenificar el acercamiento tras casi un año de deliberaciones.
La sesión terminó en la noche del viernes al sábado con el anuncio por la empresa de que convocará una nueva cita próximamente –con lo que se alarga el proceso– mientras que los sindicatos comenzarán mañana a celebrar asambleas con sus afiliados para debatir posibles medidas de presión a adoptar ante lo que juzgan como "inmovilismo" de la compañía.
Los sindicatos afearon a la empresa que no hubiese aportado "respuestas concretas" a las peticiones planteadas por la representación laboral en los encuentros anteriores e incluso, según dijo UGT-Fica, que haya modificado de modo "sustancial" respecto a reuniones anteriores "algunos de los planteamientos realizados".
Las discrepancias afectan a la revisión salarial, salida de personal de mayor edad, garantía de empleo para los eventuales, mejora del seguro colectivo, pluses, permisos, teletrabajo, desconexión digital y otras.
Así que la gran empresa siderúrgica ha entrado en abril con muchos frentes abiertos. Aún no hay pacto en materia salarial y laboral en el marco del acuerdo marco y además está pendiente el llamado acuerdo social para la descarbonización parcial de la factoría gijonesa. Esta entente es condición, según la empresa, para que su comité de inversiones apruebe la movilización de más de 1.000 millones para costear las nuevas instalaciones anunciadas para la producción de acero verde en Gijón.
Esta decisión milmillonaria –necesaria para garantizar el futuro de la siderurgia integral en Astutias– está a su vez supeditada a que el Gobierno apruebe en Consejo de Ministros el decreto que formalice la entrega de las ayudas públicas que por 460 millones fueron pactadas en 2021 por el ejecutivo y la multinacional y que fueron autorizadas por la Comisión Europea el 17 de febrero.
Mientras tanto, la explosión e incendio sufrido por uno de los dos hornos altos el día 22 añadió unnuevo motivo de preocupación a la espera de que se evalúen daños y se cuantifique el coste de su reparación.
El Gobierno del Principado expresó de nuevo anteayer su confianza en que el horno alto siniestrado sea reparado para garantizar su continuidad hasta su fecha prevista de agotamiento de su vida útil en 2025, que es cuando se prevé su sustitución por el nuevo horno de reducción directa de mineral de hierro, una de las grandes inversiones para la descarbonización junto con el futuro horno de arco eléctrico, también en la planta de Veriña.
El grave percance en el horno alto A, que afectó al crisol –uno de sus componentes esenciales–, ha motivado el anuncio por la dirección de la empresa de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en la modalidad de fuerza mayor, lo que permitiría su aplicación unilateral de no haber acuerdo con la representación laboral.
Anteayer se constituyó la mesa negociadora. El ERTE será de aplicación, en un porcentaje a determinar, para un colectivo de 7.000 trabajadores (casi 5.000 en Asturias) tanto de las plantas del Principado como de aquellas otras de Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana que dependen del suministro de acero desde Asturias.
