Crisis energética

El Gobierno avanza a Bruselas el fin de las grandes medidas para bajar la luz y el gas el próximo año

Madrid traslada a la Comisión Europea que irá dejando caer el escudo extraordinario de protección tras la contención de los precios energéticos y de la inflación

Las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera.

Las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera.

David Page

El Gobierno ha ido levantando un escudo medidas de protección frente al golpe de la subida de precios provocada por la crisis energética y agudizada por la invasión militar rusa sobre Ucrania. Durante dos años se han ido armando, redefiniendo y prorrogando planes anticrisis para hacer frente a la escalada de precios de la luz, el gas natural y los combustibles. Y ahora el Ejecutivo se prepara para poner fin al grueso de las grandes medidas aún en vigor de cara al próximo año.

El Gobierno ha trasladado a la Comisión Europea que la situación actual de precios energéticos, lejos de los máximos históricos alcanzados en la primera mitad del año pasado, hace viable retirar entre este año y el próximo todas o gran parte de las medidas extraordinarias adoptadas para la protección de hogares y empresas frente a la subida de la luz y el gas.

“La caída de los precios energéticos y la bajada de la inflación permitirán ir retirando durante 2023 y 2024 las medidas extraordinarias de apoyo en respuesta al impacto de la guerra”, explica el Ministerio de Asuntos Económicos, comandado por la vicepresidenta Nadia Calviño, en el Plan de Estabilidad 2023-2026 y en el Programa Nacional de Reformas 2023 remitidos a la Comisión Europea. “Por lo que respecta a los efectos de las medidas excepcionales derivadas de la crisis energética por la guerra de Ucrania, en 2024 se contempla la reversión de las medidas aprobadas en 2022 y 2023”, subraya el Ejecutivo.

El Gobierno mantiene vigentes planes de protección a los consumidores en caso de que vuelvan la tensión a los mercados de la electricidad y el gas, una suerte de red de seguridad frente a eventuales subidas desorbitadas de las facturas de la luz y del gas para millones de hogares y empresas. Rebajas de impuestos, topes de precios y ayudas directas siguen han sido prorrogadas hasta final de 2023, un año marcado por las elecciones municipales y autonómicas de mayo y que terminará con el colofón de las generales, en principio, de diciembre.

El Ejecutivo anticipa ya a Bruselas que ve factible poder retirar el próximo año esas medidas aún en marcha. Al inicio de este año ya puso fin al descuento generalizado de 20 céntimos por litro de combustible para todos los conductores, para mantenerlo sólo para los profesionales de sectores económicos especialmente afectados por el coste de los carburantes, como el transporte, la agricultura, la ganadería o la pesca.

Durante toda la crisis energética, los ministerios de Asuntos Económicos, Hacienda, Industria y Transición Ecológico han defendido ir aplicando prórrogas limitadas temporalmente (por lo general, trimestrales o semestrales) de las medidas de protección para ir calibrando la evolución de los precios y determinar si estaba justificado su mantenimiento o era necesario su reforzamiento. En la última ampliación del escudo implicó mantener la vigencia de la mayoría de las medidas energéticas durante todo este año.

Desde el Ministerio de Asuntos Económicos que la retirada sólo afectará a medidas temporales directamente vinculadas a la energía y que tienen fijada ahora su vigencia hasta el próximo 31 de diciembre, pero que otras iniciativas como la rebaja de los tipos del IRPF a las rentas bajas o la bonificación al transporte público sí se mantendrán, según explican fuentes oficiales del departamento dirigido por Calviño a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.

Reducción de la inflación

El Gobierno defiende que la “eficacia” de las medidas aplicadas para contener los precios energéticos está permitiendo rebajar la inflación desde los máximos de dos dígitos alcanzados el año pasado (aunque los precios de los alimentos siguen disparados). El escenario previsto por el Ejecutivo es que la contención de la inflación se consolide este año y que el recorte de la subida sea menor el próximo ejercicio precisamente por la retirada de las medidas excepcionales.

“La fuerte bajada de los precios de la electricidad permitirá reducir los costes de producción para las empresas que, por la acción de la competencia, contribuirán a moderar el avance de los precios. Para 2024, el ritmo de reducción de la inflación se modera debido a la retirada progresiva de las medidas extraordinarias adoptadas para enfrentarse al shock energético”, se apunta en el Plan de Estabilidad remitido a Bruselas. “No obstante, en 2025 se retomaría con fuerza la senda de reducción de la inflación, lo que llevaría el crecimiento del IPC por debajo del 2%, según las previsiones del Banco de España”, se anticipa.

El Banco de España calcula que todas las medidas de protección a familias y empresas aplicadas por el Ejecutivo sirvieron el año pasado para bajar la inflación en 2,3 puntos y también para impulsar el PIB nacional en 1,1 puntos porcentuales, según recoge la institución en su informe anual.

Con escudo todo el año electoral

Durante los dos años de crisis energética, el Gobierno ha ido armando planes de protección a los consumidores y mantiene para todo este año una suerte de red de seguridad en caso de que vuelvan la tensión a los mercados de la electricidad y el gas. España y Portugal han conseguido el plácet de Bruselas para prolongar hasta fin de año la denominada excepción ibérica, el mecanismo que impone un límite al precio de gas que se utiliza para producir electricidad para bajar el precio final de la luz. El tope, que iba a expirar el próximo 31 de mayo, busca que el resto de tecnologías de producción de la electricidad no se contagien de nuevas subidas del precio del gas, que ha registrado máximos históricos durante la crisis energética.

El mecanismo lleva dos meses en que no se ha aplicado porque el precio del mercado mayorista de gas es inferior al tope que fija la excepción ibérica (65 euros por megavatio hora, MWh), pero en caso de que los mercados de gas vuelvan a tensionarse el tope ibérico funcionará como salvavidas para los consumidores españoles y portugueses. A final de año está previsto el fin de la excepción ibérica, cuando ya debería estar activa la nueva tarifa regulada de la luz (PVPC) menos ligada a la evolución del mercado mayorista para hacerla más estable y puede que ya se haya alcanzado un acuerdo en la UE para reformar el funcionamiento de los mercados eléctricos.

El Gobierno también ha prorrogado hasta fin de año las rebajas de impuestos que se aplican en los recibos de luz y de gas, con reducción del 21% al 5% del IVA en ambas facturas, la suspensión de manera temporal del impuesto del 7% sobre la generación eléctrica y el recorte al mínimo permitido por Bruselas del impuesto especial sobre la electricidad, del 5,1% al 0,5%.

El Gobierno activó como parte de sus primeros planes de choque contra el golpe de la crisis energética, a final del verano de 2021, un sistema de control de los beneficios extraordinarios de las eléctricas para evitar que aprovecharan la escalada de precios para disparar sus ingresos. En la práctica, el Ejecutivo ha impuesto desde entonces un precio tope de 67 euros por megavatio hora (MWh) para los contratos de venta de electricidad de nucleares, hidráulicas y renovables, y lo mantendrá también al menos durante todo 2023. La suma de las cantidades que las compañías ya han tenido que devolver por ingresos excesivos en algo más de un año alcanza los 450 millones de euros.

En paralelo, el Ejecutivo ha reforzado el bono social eléctrico para consumidores vulnerables, ampliando las rebajas de la factura de la luz temporalmente hasta el 65% y el 80% del importe total como parte de las medidas anticrisis (desde entre el 25% y el 40% en función del grado de vulnerabilidad original), y también se ha prolongado la prohibición de cortes de suministro a hogares vulnerables. El Gobierno también ha creado un nuevo tipo de bono social de manera excepcional y temporal para hogares de clase media con motivo de la crisis energética y la incertidumbre económica provocada por la guerra, con descuentos del 40% del recibo de luz para familias que, con dos adultos y dos hijos, pueden disponer de rentas anuales de hasta 27.700 euros.

Ayudas a la factura de gas

El Gobierno también ha levantado un blindaje frente a subidas de la factura del gas natural para millones de hogares con topes a las subidas de las tarifas reguladas y también aplica un límite de 19,55 euros al precio máximo que puede alcanzar la bombona de butano. El Ejecutivo está inyectando subvenciones que rebajan cerca de un 40% las facturas de los clientes con tarifas reguladas de gas y que se están financiando directamente con dinero público para amortiguar el impacto de la escalada de precios.

El Gobierno puso en marcha el pasado octubre un paquete millonario de medidas para limitar por ley las subidas que se pueden aplicar a los clientes con tarifa regulada de gas hasta final de 2023 y la creación de un nuevo tipo de tarifa rebajada para los hogares con calefacción central en su comunidad de vecinos.

El Gobierno cubre con presupuesto público el agujero millonario que estas medidas provocarán en las cuentas del sistema gasista español, asumiendo el coste de la rebaja aplicada a unos 2,5 millones de clientes (aunque quedan fuera de la protección los 5,7 millones de consumidores con tarifas del mercado libre). La aportación pública necesaria para subvencionar las tarifas reguladas de gas asciende ya a algo más de 500 millones de euros desde octubre hasta final de marzo.