Un soltero de 30 años que herede en Asturias bienes de su padre por un valor de 800.000 euros –de los que 200.000€ correspondan a la vivienda habitual del fallecido– pagará de Impuesto de Sucesiones 103.135 euros. En cualquier otra autonomía, esa misma persona pagaría como mucho poco más de la mitad –55.466 euros si residiera en Aragón, la segunda comunidad con el tributo más gravoso– o incluso no pagaría nada si viviera en las vecinas Galicia y Cantabria, o en Andalucía e Islas Baleares.
El Consejo General de Economistas de España ha actualizado sus mapas de fiscalidad autonómica para reflejar las novedades normativas que han introducido comunidades como La Rioja, Canarias, Baleares o Comunidad Valenciana, que se han sumado a Madrid, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Murcia y los territorios forales del País Vasco y Navarra en el grupo de los que, prácticamente, liberan de tributación a los sucesores del denominado grupo II, que son los cónyuges, descendientes, ascendientes y adoptados de 21 o más años.
Asturias no ha movido ficha en el Impuesto de Sucesiones desde que en 2017 elevó el mínimo exento para los herederos del grupo II hasta los 300.000 euros, lo que cubre la mayoría de las transmisiones. Desde entonces, casi todas las comunidades han introducido rebajas, bonificaciones y elevaciones de los mínimos exentos que han convertido a Asturias en una isla de alta presión fiscal para los herederos directos que reciben legados de cierta consideración. Incluso algunas comunidades ya han comenzado a introducir bonificaciones y reducciones para los herederos de los grupos III y IV, los colaterales (hermanos, tíos, sobrinos...).
El Gobierno de Asturias no parece dispuesto a entrar en la carrera de rebajas fiscales. "Pocos impuestos más justos que Sucesiones", señaló la semana pasada a LA NUEVA ESPAÑA el nuevo consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, al tiempo que desde partidos de la oposición y desde organizaciones empresariales, con la patronal FADE a la cabeza, se reclamaba "pagar los mismos impuestos que los demás españoles".
Asturias es, además, una de las regiones en las que tampoco se ha movido el mínimo exento de los 700.000 euros en el caso del Impuesto de Patrimonio, sobre el que, en algunos casos (diez contribuyentes este año) se superpone el nuevo Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.
Ese panorama fiscal aparece reflejado en el informe "Tributación de la riqueza: estado de la cuestión", que presentó ayer el Consejo General de Ecomomistas. Su presidente, Valentín Pich, manifestó: "Si consideramos que España tiene una economía totalmente globalizada, que el Impuesto sobre el Patrimonio es anecdótico en el conjunto de los sistemas tributarios y presenta problemas técnicos y de equidad en nuestro territorio, lo razonable sería suprimirlo, aunque caso distinto es el de Sucesiones que, aunque esté sometido también a debate, con determinados cambios puede jugar un papel redistributivo y para fortalecer la igualdad de oportunidades".
