La exigencia de memoria de sostenibilidad a empresas entra en vigor este año

Las pymes están exentas, pero el mercado puede exigirles su cumplimiento, según los consultores

Una zona del polígono empresarial de Asipo.

Una zona del polígono empresarial de Asipo. / Pablo Solares

Las normas europea y española que exigen a las empresas elaborar una memoria de sostenibilidad entra en vigor en este ejercicio y obliga a aquellas sociedades que durante dos años hayan incurrido en al menos dos de los tres criterios siguientes: haber superado los 40 millones de cifra de negocio, tener un balance superior a los 20 millones y rebasar los 250 empleados.

Para el resto de las sociedades, la memoria de sostenibilidad –el Estado de Información No Financiera (EINF)– no es preceptiva, pero es previsible que se va a producir un fenómeno en cascada por el que las grandes empresas y la banca acabarán recabando este requisito a las sociedades con las que tengan relación, aun cuando por su menor tamaño no alcancen los umbrales exigidos.

"Las grandes empresas va a exigirlo a sus grupos de interés y proveedores, a los que tendrán que identificar en su memoria de sostenibilidad", señaló el economista y miembro del consejo consultivo de Llana Consultores Silvino Urízar, ex subdirector general de Caja Rural de Asturias. "El mercado acabará exigiéndolo a las pequeñas empresas y la banca va a ser un catalizador importante y un factor de disciplinamiento porque va a pedirlo a sus empresas clientes, que podrán obtener, si lo tienen, mejores costes financieros".

"Las entidades financieras", precisó, "están obligadas desde este año a cumplir determinadas ratios en función de qué porcentaje de su inversión es verde y sostenible, y esto induce a una selección de sus inversiones y a que, en la criba, penalicen a las empresas que no se muevan en este ámbito". Los consumidores, indicó, también serán cada vez más exigentes con estos aspectos.

El informe de sostenibilidad debe detallar el desempeño de las empresas en los ámbitos medioambiental, social y de gobernanza corporativa, explicaron Urízar y Pilar Martínez, consejera delegada de Llana. Son los llamados criterios ESG. Su regulación está ya plasmada en la ley española de sociedades de capital de 2018 y en el reglamento 2020/2464 de la UE.

Lo que se pretende con la norma es que las empresas sean "sostenibles desde el punto de vista ecológico para alcanzar la neutralidad climática en 2050, así como socialmente responsables y que se doten de normas internas de gobernanza contra la corrupción y para garantizar la responsabilidad social, la transparencia, la trazabilidad, las condiciones laborales y la igualdad", entre otros requisitos, todos los cuales persiguen –explicaron– el "fortalecimiento reputacional". "Ahora, además de cumplir esas condiciones, habrá que escribirlo y hacer un seguimiento" de su observancia. "Hay empresas pequeñas que, sin estar obligadas, ya lo hacen", señalaron.

"Las pymes, aunque no están obligadas, podrían tener que afrontar una financiación más cara o arriesgarse a verse desplazados por sus clientes cuando estos exijan memoria de sostenibilidad si no la han hecho", adujeron.

En los concursos públicos, acceso a fondos europeos y consecución de subvenciones pse odrían privilegiar asimismo a las empresas que acrediten con sus informes el cumplimiento de las exigencias de sostenibilidad y buen gobierno corporativo.

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