La judicialización de las renovables ya paraliza medio centenar de parques eólicos en Galicia y amenaza con contagiar a otras autonomías

Desde hace unos años no se pueden instalar prácticamente aerogeneradores en Galicia. La comunidad, que fue una de las regiones pioneras de la eólica a nivel estatal acumula más de medio centenar de proyectos paralizados en los tribunales en los últimos años. El rechazo social a estas instalaciones ha encontrado en esta comunidad un aliado en los juzgados, que amenaza con contagiar a otras autonomías.

La disputa, lejos de quedarse solo en esta comunidad, amenaza con extenderse a otras regiones como Catalunya, donde ha habido tradicionalmente un enorme rechazo social a este tipo de plantas. En Andalucía se intentó paralizar parques con los mismos argumentos que en la comunidad gallega, pero los tribunales lo desestimaron, igual que hizo el Tribunal Superior de Madrid respecto de otras plantas. Pero es previsible que la cuestión llegue hasta Bruselas, pues el Tribunal Superior de Justicia de Galicia pretende interponer una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si la interpretación que le permite paralizar parques eólicos es o no la correcta. Entonces sí que el veredicto podría tener repercusión en todo el país.

Cuestiones burocráticas

Uno de los primeros en sufrir el bloqueo fue el parque eólico de Corme. Esta instalación de 1998 inició hace unos años el proceso para sustituir 61 aerogeneradores por otros siete de mayor envergadura y más avanzados, pero el recurso de un particular anuló la autorización previa y de construcción que se había obtenido y dejó en pausa su desarrollo. Los argumentos del Tribunal Superior de Justicia de Galicia fueron que la exposición pública del proyecto se había puesto en marcha antes de obtener los informes sectoriales y que el plazo para presentar alegaciones había sido de 15 días, en lugar de los habituales 30, por haber sido declarado proyecto de interés especial.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo revocó a finales de 2023 esa anulación, pero el argumento de paralizar un proyecto por no haber incluido en la fase de información pública todos los informes necesarios para la declaración de impacto ambiental sentó un precedente al que se aferraron un aluvión de plantas, a petición de pequeñas asociaciones ecologistas de la región, según explican desde la Asociación Empresarial Eólica (AEE). Esta asociación defiende que estos estudios suman alrededor de una docena y tardan entre 2 y 3 años en recabarse porque afectan a distintas administraciones (desde el área arqueológica, a la confederación hidrográfica, pasando por informes sobre el impacto paisajístico o el impacto socioeconómico).

Cuestión medioambiental

"Otro de los argumentos [para paralizar una instalación] es que según el mapa de sensibilidad ambiental del Ministerio hay parques que estarían en zonas de sensibilidad ambiental alta, pero incluso el propio Ministerio ha dicho que estos mapas no tienen validez legal porque son solo una orientación y es el análisis ambiental es el que debe decidir si un parque puede construirse o no", defiende el director de Políticas Energéticas y Cambio Climático en Asociación Empresarial Eólica, Heikki Willstedt. "Esto genera una inseguridad jurídica tremenda porque todos los proyectos renovables están sujetos a un análisis muy exhaustivo por parte de las autonomías o del Gobierno central, pero si los tribunales intervienen de esta manera son como un segundo proceso que siempre estaría disponible", agrega.

En total, en los últimos años se ha propuesto la construcción o repotenciación de más de un centenar de parques eólicos en Galicia, de los cuales más del 50% fueron descartados por la propia autonomía por considerar que no cumplían los requisitos de impacto ambiental pertinentes. Pero de la mitad restante, hasta 52 fueron paralizados por los tribunales de esta comunidad, según la recopilación del sector. “No es posible que de 112 parques, solo 3 sean aceptables. Estadísticamente, algo no funciona”, añade. Además, el alto tribunal gallego tiene más de 200 litigios que afectan a otros 80 proyectos tramitados de forma similar y que suman una potencia conjunta de más de 2.000 megavatios, el equivalente al consumo de energía renovable de 1,6 millones de hogares.

Tres años

El tiempo apremia, pues las licencias pueden caducar. El Ministerio para la Transición Ecológica fijó en junio de 2020 una serie de plazos temporales para cumplir cada uno de los trámites necesarios para poner en marcha un parque renovable (solicitud de autorización administrativa, impacto ambiental, autorización previa, construcción y explotación definitiva) para evitar los indicios de especulación que sobrevolaban en el sector. Si no se cumplen esos plazos, la licencia caduca de forma automática.

En el caso de los proyectos que obtuvieron el acceso a la red entre el 31 de diciembre de 2017 y el 25 de junio de 2020, el tiempo máximo para la construcción finaliza antes de julio de 2028, dentro de tres años. “No solo se están perdiendo las inversiones y el empleo, sino también es una oportunidad perdida en cuanto a los contratos firmados por muchos promotores con la industria gallega para nuevas fábricas, que tampoco podrán ponerse en marcha o lo harán con electricidad a precios más caros”, añade. Esto se traduciría en un impacto de 32 proyectos estratégicos, que implican 6.380 millones de euros y 14.000 empleos, según datos de un estudio de impacto elaborado por Deloitte Consulting para la AEE.

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