El Gobierno blindará los pagos a miles de plantas renovables frente a los precios negativos de la luz

El Gobierno prepara una reforma profunda del sistema de ayudas que siguen recibiendo miles de plantas de energías renovables, las más antiguas, las que prácticamente inauguraron el sector en el país en la primera década de los dos mil y que antaño recibían primas sólo por producir. Una reforma con la que el Ejecutivo busca garantizar que sus dueños consigan la rentabilidad razonable comprometida por ley frente a los grandes vaivenes del mercado eléctrico, que ahora cada vez con más frecuencia registra precios de derribo.

El Ministerio para la Transición Ecológica, aún comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, ha abierto un proceso de consulta pública previa para que las compañías energéticas trasladen sus propuestas sobre cómo renovar el régimen retributivo del que se benefician muchas plantas verdes y poder actualizarlo por el actual escenario energético nacional, en el que la volatilidad de los precios del mercado eléctrico puede poner en riesgo los pagos de algunas instalaciones.

“En el último año el sector eléctrico se está enfrentando a nuevos retos derivados de una alta penetración de las energías renovables, resultando en un mayor porcentaje de vertidos de energía [pérdidas de electricidad por no poder inyectarla a la red por falta de consumo suficiente o por sobreproducción], así como en una reducción de los precios del mercado mayorista, alcanzando incluso valores negativos por primera vez en la historia”, subraya el Ministerio para la Transición Ecológica en la documentación oficial de la consulta pública.

“En este contexto, se hace necesaria una reflexión más profunda sobre el régimen retributivo específico, para la cual la Administración quiere plantear un enfoque integrador, asegurando desde el inicio la participación efectiva de los agentes públicos y privados”, explica el departamento de Ribera para justificar la petición de propuestas sobre la reforma del sistema. Una revisión que el sector venía reclamando desde hace tiempo.

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De las primas a la rentabilidad asegurada

Las instalaciones acogidas al régimen retributivo específico de renovables, cogeneración y residuos (Recore) son las que antes de recibían ayudas en forma de primas por su producción, pero ahora cuentan con una rentabilidad garantizada por ley ligada a la inversión realizada. En total, son instalaciones eólicas y solares que en su conjunto cuentan con unos 29.200 megavatios (MW) de potencia. Si lo que ingresan las plantas verdes por la venta de su electricidad no alcanza el mínimo para asegurar esa rentabilidad establecida, se les da un complemento con cargo al recibo de la luz. El año pasado la factura del Recore fueron casi 4.400 millones de euros.

A estas plantas de renovables se les garantiza con carácter general una rentabilidad del 7,1% (para muchas esa garantía asciende al 7,4%) durante 20 años para la eólica y 25 para la solar, y cada cada tres ejercicios se ajustan los ingresos realmente recibidos, con los previstos para próximos años mediante una estimación de la evolución del mercado y con la rentabilidad asegurada por el sistema eléctrico.

Al final del periodo la rentabilidad que obtendrán las instalaciones energéticas siempre es la misma, pero cada trienio se calculan se compensar los ingresos realmente obtenidos (una retribución por inversión realizada y por operación, más la venta de la electricidad en el mercado mayorista) para adaptarlos a las previsiones que se habían realizado sobre los precios del mercado. Unas veces sale a pagar y otras a devolver, en función de la cotización del mercado.

Por ejemplo, en 2020 el precio del mercado eléctrico se hundió en lo peor de la pandemia de covid y las renovables del Recore cobraron por debajo de lo previsto, así que se les compensó por ello con una retribución extra (aunque ese año el Gobierno ya había realizado una comprobación extraordinaria para mejorar los pagos durante el estado de alarma). Pero durante la crisis energética los precios del mercado eléctrico se dispararon hasta máximos históricos, y lo que percibían las plantas renovables primadas por la venta de la energía era muy superior a lo previsto. En lo peor de la crisis el Gobierno llegó a adelantar un año la revisión de la retribución de estas renovables para poder recortarla, porque habían recibido ingresos extra millonarios como consecuencia de la subida de precios de la electricidad.

Las reclamaciones del sector

El Gobierno no ha desvelado el contenido de la reforma que está estudiando del sistema de ayudas de las renovables y se limita de momento a apuntar que su intención es recabar las opiniones y peticiones del sector energético antes de hacer pública su propuesta de cambios. Desde el sector de las renovables se preparan para reclamar una batería de cambios legales ya trasladársela al Ministerio.

El sector renovable hace frente común para reclamar al Gobierno un acortamiento de la periodicidad con que se revisan los pagos y se hacen las compensaciones entre ingresos reales y ayudas necesarias, solicitando que se realicen cada año y no cada trienio como actualmente, con el objetivo de que se ajusten más al comportamiento real de los precios y no a previsiones a tan largo plazo en un momento en que el mercado eléctrico muestra tanta volatilidad.

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Las empresas energéticas se quejan de los enormes costes de financiación bancaria que están soportando para cubrir sus costes mientras caen los ingresos por los bajos precios (muy por debajo de la previsión contemplada por el Recore), y a la espera de la compensación futura cuyos parámetros de cálculo no se revisan hasta pasados tres años y cuya próxima revisión no toca hasta 2026. Desde la patronal Unión España Fotovoltaica (UNEF) se reclama expresamente que se realice este año una regularización extroardinaria para compensar a las plantas renovables por los bajos precios del mercado, del mismo modo que se hizo durante la crisis para descontar los ingresos extra recibidos por los precios máximos de entonces.

Un mínimo de horas al año

Desde la patronal fotovoltaica UNEF y también la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) se aspira a que el Ejecutivo cambie el sistema vigente que obliga a un número mínimo de horas operadas al año para que las plantas puedan las ayudas y que está muy condicionado por el actual contexto de horas de precios hundidos en el mercado eléctrico. La regulación obliga a las instalaciones a operar un número mínimo de horas (en la mayoría de casos, unas 950 horas al año en el caso de las fotovoltaicas y algo más de 1.200 horas para las eólicas), sin embargo en la contabilización de ese mínimo de horas operadas no se computan las horas en las que el precio del mercado es cero o negativo (que suman más de 700 sólo en lo que va de año).

Cuando se puso en marcha esta condición, el pool apenas registraba horas cero y nunca habían caído hasta precios negativos, pero ahora se han disparado esos momento de desplome y desde el sector renovable se alerta de que algunas plantas corren el riesgo de quedar fuera de las ayudas si no se retira esa condición de que las horas a cero euros o negativo en el mercado no puedan computarse por parte de las plantas renovables.

Del mismo modo, desde las energéticas se reclama que tampoco queden fuera de la contabilización del mínimo de horas exigido aquellas en que Red Eléctrica (REE), el gestor del sistema eléctrico, ordena a las renovables dejar de operar por ajustes necesarios entre producción y demanda.

Desde la Asociación Empresarial Eólica (AEE) se alerta, en paralelo, del impacto que tiene que para el cálculo de los costes operativos de las plantas el actual sistema de Recore sólo se tenga en cuenta sus pagos de impuestos estatales, y que no se incluyan los impuestos y cánones autonómicos que cada vez se van extendiendo a más regiones (País Vasco, Aragón, La Rioja…).