El Consejo Económico exige concreción en el apoyo estatal a las electrointensivas

El Consejo Económico y Social de España (CES), órgano consultivo en el que se integran organizaciones patronales, sindicales, profesionales y de la economía social, entre otros sectores, demanda al Gobierno más concreción y "procedimientos específicos" para garantizar los compromisos con la industria de alto consumo energético que se anuncian en el anteproyecto de la ley de Industria y Autonomía Estratégica que promueve el ejecutivo español.

El dictamen del CES sobre este texto, que ha sido aprobado por unanimidad en su comisión de trabajo de Políticas Sectoriales y Medio Ambiente, considera que, en caso contrario, las medidas que recoge el anteproyecto para la industria electro y gasintensiva podrían quedar en "una declaración de intenciones".

Para favorecer la situación de estas industrias y su necesidad de acometer importantes inversiones para llevar a cabo la necesaria transición energética, el CES también reclama que la ley recoja "el impulso de la demanda de productos sostenibles (circulares y descarbonizados)", así como "el desarrollo de medidas tales como las compras públicas verdes, la aplicación de beneficios asociados a la adquisición de estos productos o la incorporación de etiquetados explícitos".

El dictamen considera a su vez "decisivo" el acceso de las empresas industriales a "financiación" para "afrontar los retos derivados de la dobla transición digital y medioambiental", incluyendo en la norma –propone– "una mayor diversificación de las fuentes de financiación existentes" y más facilidad de "acceso al crédito bancario mediante coberturas o garantías públicas a proyectos industriales e incluso a través de instrumentos de financiación pública".

El CES, que preside el economistas Antón Costas y del que forman parte los asturianos Alberto González, Eduardo Donaire y Ruperto Iglesias, reclama a su vez que las políticas de reindustrialización previstas en el anteproyecto de ley recojan un planteamiento "especial" como "supuesto específico" para los territorios en los que "concurre el reto demográfico y el declive industrial". También demanda "un desarrollo normativo" que "aborde las necesidades de las pymes industriales" y "las dificultades (de financiación, digitalización, sostenibilidad e innovación, entre otras) a las que se enfrenta este tamaño empresarial".

El Consejo Económico Social respalda la elaboración de una nueva ley de Industria, pero pide "mayor precisión", medios, participación de los interlocutores sociales y que se dé "mayor peso institucional a la política industrial".

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