España se compromete con Bruselas a un ajuste anual de 6.000 millones en cada Presupuesto hasta 2031

El Gobierno ha remitido a Bruselas este martes un Plan Fiscal y Estructural a medio plazo, para el periodo 2025-2028, en el que se compromete a reducir el déficit público a prácticamente la mitad en cuatro años -desde el 3% del PIB previsto para este 2024 hasta el 1,6% en 2028- y a dejarlo en el 0,8% en 2031. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha presentado este martes las líneas generales del plan y ha explicado que, para cumplir el compromiso, el llamado ‘gasto primario neto de medidas fiscales' (que es un nuevo concepto acuñado por las reglas fiscales europeas aprobadas el 30 de abril) solo podrá crecer a una tasa media del 3% en cada uno de los siete próximos años (hasta 2031), según lo pactado por el Gobierno con la Comisión Europea. Se trata de una tasa exigente, si se tiene en cuenta que en 2023 este concepto creció el 4,7% y en 2024, el 5,3%.

Dentro de este techo medio del 3%, habrá que asumir el gasto creciente derivado del envejecimiento de la población (pensiones, sanidad y dependencia). Así, para lograr cuadrar las piezas, las cuentas del conjunto de las administraciones tendrán que encajar cada año (hasta 2031) un ajuste equivalente al 0,4% del PIB (unos 6.000 millones en dinero actual) en el resto de partidas, ya sea en forma de recorte de gastos o de subidas de impuestos, según han explicado fuentes del Ministerio de Economía en un encuentro informativo.

En todo caso, el Plan Fiscal y Estructural no concreta cómo prevé el Gobierno conseguir sus objetivos. El detalle de las posibles medidas de ingresos y/o de gastos se deja para cada uno de los sucesivos Presupuestos anuales que irán presentando las administraciones públicas, a partir del de 2025.

Subidas de impuestos

Además de moderar el crecimiento del gasto (hasta un promedio del 3%), los Presupuestos de los años sucesivos irán incorporando medidas fiscales para ir acercando el peso de los ingresos en España (42,8% del PIB en 2023) a la media de la Unión Europea (45,8%), según ha admitido el ministro de Economía.

De momento, se prevé que en 2025 los ingresos fiscales ganarán tres décimas de peso en el PIB como consecuencia de la prórroga de los gravámenes sobre bancos y energéticas, de la retirada de las rebajas fiscales a energía y alimentos y por la aprobación de nuevas figuras (aún sin concretar) a las que se ha referido ya en alguna ocasión el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 

Si, según los cálculos del Gobierno, las medidas fiscales aportarán tres décimas de PIB en 2025, solo faltarán medidas adicionales por el equivalente a otra décima de PIB para completar el ajuste anual promedio del 0,4% del PIB previsto en el Plan Fiscal.

La deuda, cuesta abajo

Si se cumplen las estimaciones del Gobierno acordadas con la Comisión Europea, la deuda pública se situará por debajo del 100% del PIB ya en 2027 y pasará desde el 102,5% del PIB previsto para este año hasta el 100,1% en 2026 y el 98,4% en 2027; el 90,6% en 2031 y el 76,8% en 2041 (aún por encima del 60% que marcan las reglas europeas).

Según el ministro Cuerpo, "el nuevo Plan a cuatro años garantiza la sostenibilidad de las cuentas públicas, con una senda de crecimiento robusta y equilibrada, compatible con el mantenimiento de la responsabilidad fiscal, que permitirá seguir reduciendo el déficit y la ratio deuda-PIB".

El 'gasto primario neto'

La clave de bóveda de las nuevas reglas fiscales europeas descansa sobre el nuevo concepto del 'gasto primario neto de medidas fiscales’. Este es fruto de un complejo cálculo al que se llega descontando del gasto público total las siguientes partidas: intereses de la deuda pública, las medidas discrecionales de subidas o bajadas de impuestos, el gasto nacional en programas cofinanciados por la UE, el gasto cíclico en desempleo (en momentos de crisis) y las medidas puntuales y de carácter temporal ('one off'). 

Aunque el Plan Fiscal y Estructural abarca un periodo de cuatro años (2025-2028), la Comisión Europea permite repartir el ajuste a lo largo de un plazo mayor, de siete años, a cambio de compromisos de inversión.

Según el documento acordado con Bruselas, el ‘gasto primario neto de medidas fiscales’ crecerá a un promedio del 3% en cada uno de los siete próximos años. En concreto, el crecimiento será mayor en los primeros años (el 3,7% en 2025; el 3,5% en 2026 y 3,2% en 2027); en los años 2028 y 2029 será del 3% y en los dos últimos será algo inferior (2,5% en 2030 y 2,4% en 2031). Ahora bien, si se adoptan subidas de impuestos adicionales, el gasto podrá ser más elevado (en la misma medida).

Las estimaciones del Gobierno se han realizado sobre la base de un crecimiento potencial de la economía española en el entorno del 2% y de un deflactor del PIB que se estabilizará en el 2,4% a partir de 2026.

Coincidencia con la Airef y con el Banco de España

Solamente el gasto en pensiones tiene una inercia de un incremento anual del 3,8%, según cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Siendo así, el resto de partidas de gasto tendrá que apretarse el cinturón para dar cabida a las de la Seguridad Social, sin rebasar el techo de gasto previsto para cada año. O bien, habrá que subir los impuestos en similar proporción. Por una vía u otra, el Plan prevé que cada año habrá que encajar un ajuste promedio equivalente al 0,4% del PIB (unos 6.000 millones en dinero de hoy).

Este ajuste es similar al que ya había estimado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. La Airef había calculado que las nuevas reglas fiscales abocaban a las cuentas del conjunto de las administraciones públicas españolas a un ajuste del 0,63% del PIB en cada uno de los próximos cuatro años (equivalente a unos 9.900 millones de euros para cada ejercicio, con datos de PIB de 2024); o bien a un ajuste anual del 0,43% del PIB si se repartía en siete años, según cálculos compartidos, en líneas generales, por el Banco de España y, ahora también, por el Plan Fiscal y Estructural del Gobierno.

A la espera de la senda fiscal y del Presupuesto

En palabras del ministro de Economía, el Plan Fiscal y Estructural es un marco que sirve de "paraguas" por debajo del cual se deberán ir encajando los Presupuestos de cada uno de los diferentes ejercicios. Así, el Plan Fiscal no detalla las medidas concretas con las que el Gobierno prevé lograr los objetivos de gasto, déficit y deuda encuadrados en el documento plurianual.

De este modo, las medidas de ingresos y gastos para 2025 solo se concretarán cuando el Gobierno presente el proyecto de Presupuestos para el año próximo.

El Plan Fiscal tampoco detalla el reparto de los objetivos de déficit entre los diferentes niveles de administraciones públicas (Estado, Seguridad Social, comunidades autónomas y corporaciones locales). Este reparto está pendiente de las negociaciones entre el Gobierno y sus socios parlamentarios (en particular, con Junts) para la aprobación de la senda de objetivos de déficit y de deuda 2025-2027.

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