Las ayudas a las electrointensivas se duplicarán: 600 millones en 2025

El Ministerio de Industria duplicará el año próximo las compensaciones a las compañías electrointensivas –con gran peso en la economía asturiana, casos de Arcelor-Mittal, Azsa y otras– por los costes indirectos del CO2. El Gobierno destinará 600 millones en 2025 a este fin frente a los 300 millones vigentes en el presente ejercicio, según anunció ayer el titular del departamento, Jordi Hereu.

Aunque la cuantía que se repartirá el año próximo aún no alcanza la cifra que reclama el sector –las ayudas podrían llegar a 850 millones de acuerdo con la norma europea, según la patronal siderúrgica (Unesid) y la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE)–, ya se acerca mucho y el Ministro afirmó que se pretende seguir aumentando la cuantía en próximos ejercicios.

La Alianza por la Competitividad, que agrupa a industria siderúrgicas, cementeras, químicas, papeleras, alimentaria, de automoción y otras, y AEGE valoraron de modo "positivo" la decisión, como "apoyo esencial" para la descarbonización, que "debe completarse", dijeron, "con otras medidas", como la prórroga –apuntó AEGE– de la exención del 80% en el pago de los peajes eléctricos, que vence a fines de mes.

Los Estados están autorizados por la UE a compensar a las industrias de alto consumo energético por los costes del CO2 que asumen en el precio de la electricidad que consumen, destinando a tal fin hasta el 25% de la recaudación que logran los Gobiernos con la subasta de derechos de emisión.

La intensificación de las compensaciones por los costes del CO2 que asumen estas industrias es una de las reclamaciones más recurrentes del sector para equipararse con los competidores de otros países comunitarios. En los últimos ejercicios, este tipo de ayudas mantienen una tendencia al alza.

Este programa de ayudas se dirige a empresas de aquellos sectores y subsectores industriales a los que se les considera expuestos a un riesgo significativo de "fuga de carbono"; es decir, al peligro de trasladar plantas fabriles a otros países al no poder competir en igualdad de costes como consecuencia de la carestía de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, obligatorios en la UE y no en otras áreas económicas.

"Se trata de una decisión de enorme calado y un esfuerzo que se quiere mantener en los próximos años y con el que el Gobierno de España pretende seguir ayudando a la industria electrointensiva en la transición energética a la vez que se asegura su competitividad, la producción y el empleo industrial en España", dijo Hereu.

Desde 2019 el Gobierno ha destinado cerca de 900 millones para compensar a la industria electrointensiva por los costes indirectos del CO2. Las ayudas pasaron de 5,99 millones en 2018 a 300 millones este año, y han beneficiado en este ejercicio a más de 200 empresas con alto consumo eléctrico en sus procesos fabriles.

Las compensaciones por los costes indirectos se justifican porque las empresas emisoras de CO2 con alto consumo de electricidad en sus procesos fabriles se ven doblemente pernalizadas, dado que deben asumir la carestía de los créditos de carbono que precisan sus centros productivos y a la vez interiorizan el coste por el dióxido de carbono incorporado a la energía -cuando no es de origen verde- que consumen de modo intensivo sus fábricas.

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