Duro Felguera inicia contactos con el Estado para que entre en su capital

Duro Felguera, en preconcurso desde este miércoles, aspira a que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a través de la cual se canalizó en 2021 el rescate público de la compañía, entre en el capital social de la ingeniería mediante la conversión de al menos parte de los créditos participativos que otorgó a Duro y que le dieron derecho a tener dos vocales en el consejo y a ser consultada en todas las decisiones, incluida la designación del consejero delegado. Hasta donde se sabe, Duro ya empezó a explorar esta posibilidad mediante contactos con la SEPI.

En el proceso de ayudas públicas con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) para empresas impactadas por el covid en 2020, SEPI aportó a Duro Felguera 120 millones, de los que 100 millones se concedieron como préstamo participativo (transformable en acciones) y 20 millones como préstamo ordinario. El Principado otorgó a su vez 6 millones también como crédito participativo a través de la Sociedad Regional de Promoción (SRP).

En origen, el Gobierno español y la SEPI habían considerado la posibilidad de que 30 de los 100 millones concedidos como crédito participativo se hubiese inyectado como capital suscribiendo acciones de la ingeniería, pero finalmente esta modalidad no se llegó a aplicar.

La pretensión de que la SEPI entre como accionista mediante la conversión de créditos participativos obedece a que la deuda de 120 millones contraída por Duro Felguera con el grupo público no es susceptible de quita en el proceso de negociación del preconcurso, por lo que la única opción para reducir el endeudamiento con el Estado como acreedor es recurrir a esta fórmula.

La compañía solicitó el preconcurso para protegerse de una eventual solicitud de concurso por parte de algún acreedor y también para plantear una nueva reestructruración de su deuda con los acreedores para reducir el apalancamiento de la sociedad, lo que, junto con una reorganización de la empresa y la formulación de un plan estratégico, permita garantizar la viabilidad de la compañía.

Los créditos participativos, en la medida en que son susceptibles de conversión en capital, contabilizan como tal a efectos de solvencias y de recursos propios, y ésta es una de las dos razones por las que Duro no está en causa de disolución pese a que tenía hasta ahora una patrimonio neto negativo de 155,53 millones, que se disparó anteayer hasta los 254,8 millones tras la reexpresión de las cuentas una vez que se ha incorporado una provisión de 99 millones que le exigió la Comisión Nacional del Mercado de valores (CNMV) por la reclamación de casi 400 millones de su cliente argelino Sonelgaz.

Si la SEPI se convierte en socio, los actuales accionistas diluirán su posición, incluidos los mayoritarios –los grupos mexicanos Prodi y Mota-Engil México, dueños desde febrero del 54,65%–, aunque mantienen su compromiso con el grupo: estos días reiteraron al personal que son inversores a largo plazo y que siguen apostando por Duro.

El Principado se puso ayer «a disposición» de Duro «para colaborar» en la «reestructuración» que le permita «mantener su actividad», dijo el consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez.

La compañía, que tenía de plazo hasta esta semana para oponerse al arbitraje planteado por la argelina Sonelgaz y su reclamación de 400 millones, ha visto ampliado el periodo de oposición hasta mediados de enero. Duro reclamará a su vez a Sonelgaz por daños y perjuicios a causa de la obra de Djelfa.

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