Duro Felguera recurre al preconcurso como vía para afrontar sus problemas

La petición de preconcurso por Duro Felguera el miércoles en un juzgado de Gijón la precipitaron la reclamación de la compañía estatal argelina de energía Sonelgaz contra la ingeniería asturiana por un importe de 413 millones como respuesta a la paralización desde junio de los trabajos de construcción de la central de ciclo combinado de Djelfa –una obra considerada "onerosa" por la empresa gijonesa– y la exigencia por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que el grupo español dotara este riesgo provisionando 99 millones. Ambas decisiones agravaron la situación contable de la compañía, a la que ha situado en riesgo máximo al disparar su patrimonio neto negativo al cierre de 2023 desde los 155,53 millones hasta los 254,81 millones.

Pero la decisión, que se tomó con finalidad anticipatoria para proteger al grupo de una eventual petición de concurso por algún acreedor –como ocurrió en dos ocasiones en el primer trimestre de 2018–, va a ser aprovechada por los accionistas mexicanos de la ingeniería asturiana –de la que poseen desde febrero más del 54,65%– para tratar de resolver los problemas acuciantes que arrastra la organización desde su crisis de 2017-2018.

Argelia y otros litigios

El primer objetivo del preconcurso es frenar la ofensiva argelina. Se trata de un primer paso al que se sumará –en la primera quincena de enero–la formalización por Duro de su oposición al arbitraje solicitado por la empresa magrebí ante la Cámara Argelina de Comercio e Industria (CACI). La compañía anunció que planteará su propia reclamación contra el cliente por sobrecostes no atribuibles al adjudicatario de la obra.

En la central de Djelfa, Sonelgaz es cliente y a su vez subcontratista de Duro en la obra, lo que resta libertad de movimientos. Sobre la ingeniería pesaba asimismo el riesgo de ejecución por la empresa estatal argelina de avales bancarios por valor de 56 millones. Los bancos más comprometidos son Santander y Sabadell.

El preconcurso lleva la negociación con Argelia al punto extremo de presión para el cliente: si Duro no logra un acuerdo con los acreedores en tres meses –incluido Sonelgaz tras su reclamación de 413 millones–, la ingeniería asturiana iría al concurso y esto comprometería la reanudación de la obra. Su continuidad en ese caso por otra ingeniería comportaría retrasos adicionales y dificultades anexas.

De la central de Djelfa, de más de 1.250 megavatios de potencia, se ha hecho el 99% de la ingeniería, el 99% de las compras y el 50% de la construcción. Pero hay equipos que, tras años de paralización, deberán revisarse. Adjudicada en 2014 con un presupuesto que ascendió entonces a 544 millones, hoy quedan por ejecutar del orden de 120 millones, aunque se supone que serán más por los costes sobrevenidos durante los últimos diez años y los que se produzcan.

Resolver este conflicto –amén de otros litigios que arrastra la sociedad con clientes varios–es prioritario a juicio de los accionistas mexicanos dominantes en Duro (Prodi y Mota-Engil México) y es una finalidad crucial del preconcurso. Lo expresó la compañía en su comunicado al mercado este miércoles: la "negociación con los acreedores permitirá a la sociedad el desarrollo de las actuaciones oportunas para la búsqueda de una solución a los litigios que le afectan, entre otros –y particularmente– los relacionados con el proyecto de Djelfa en Argelia".

Si la paralización de la obra fue un órdago para que Argelia asumiera sobrecostes que hacen inviable la obra para Duro, y si la reclamación multimillonaria de los argelinos fue la respuesta al envite, ahora se sube la apuesta.

Causa de disolución

La provisión exigida por la CNMV para dotar la contingencia del contrato argelino podría situar a Duro el 1 de enero en causa de disolución.

Ahora no lo está porque los 119 millones de créditos participativos con que cuenta la compañía desde 2021 tras el rescate público por el Estado y el Principado, y la reestructuración financiera pactada con la banca (100 millones del fondo estatal FASEE a través de la SEPI, 13 millones de las entidades financieras y 6 millones de la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias), tienen la consideración de patrimonio neto a los efectos mercantiles de reducción de capital y liquidación de sociedades.

Pero la otra condición que a día de hoy sigue eximiendo a Duro de incurrir en causa de disolución pese a aflorar un patrimonio neto negativo de 254,81 millones es un real decreto aprobado en 2022 en respuesta a la guerra de Ucrania y otras circunstancias excepcionales por el que, a los efectos de la solvencia de las sociedades mercantiles, no se toman en consideración las pérdidas registradas en los ejercicios de 2020 y 2021. Esta exención, que ya fue prorrogada, vence el próximo día 31. Y, de no renovarla el Gobierno, Duro se vería obligada a disolver la sociedad, salvo que se aumentase el capital para restablecer el equilibrio o se redujese en la cuantía necesaria para absorber esos resultados negativos. Con el movimiento preventivo del preconcurso, Duro trata de protegerse de esta eventualidad y ganar tres meses –los que permite la ley– para reestructurar su deuda y reducir su apalancamiento.

Liquidez muy ajustada

La compañía ha consumido gran parte de los recursos logrados con el rescate y la última ampliación de capital, suscrita en su mayor parte por los inversores mexicanos. De momento ha logrado que la banca acreedora le aplazara hasta enero la amortización de 4 millones de los 13 pendientes de devolución y que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) le haya pospuesto también al mes próximo el pago de 6,4 millones por intereses de los préstamos concedidos en el rescate de 2021.

La apertura de un proceso negociador con los acreedores le faculta para intentar reestructurar la deuda –sería la tercera vez desde 2018–y aligerar así los lastres heredados del pasado.

La compañía, como todo deudor, confía en el incentivo que puedan tener los acreedores para renunciar a parte de sus derechos de cobro con tal de preservar la viabilidad del grupo deudor, de modo que puedan recuperar al menos una parte de los débitos contraídos por el cliente. Y más cuando una ingeniería tiene pocos activos de los que cobrar en caso de liquidación. El inconveniente es que la banca ya manifestó cierto hartazgo con Duro en las anteriores reestructuraciones de deuda en 2028 y 2021.

Reorganización

Los accionistas mexicanos han evaluado la situación y, hasta donde se sabe, han colegido que Duro no afrontó en sus dos crisis precedentes la reorganización de estructura y negocios que garantice la sostenibilidad de la empresa en sus circunstancias actuales. Internamente se ha oído decir que la compañía "está sobredimensionada". Anteriores gestores habían admitido que Duro, con su actual tamaño, necesita facturar entre 500 y 700 millones anuales. En el primer semestre de este año los ingresos ordinarios sumaron 140,5 millones.

La compañía dijo el miércoles al órgano supervisor de la Bolsa que en la negociación con los acreedores abordará "la aprobación de un plan de reestructuración del grupo", que "permita su viabilidad futura" y "la conservación del mayor número de puestos de trabajo posible". Este compromiso es una convicción de los socios mexicanos para garantizar el futuro de Duro –"Somos inversores a largo plazo", han dicho– y una contrapartida clara a los bancos, la SEPI y otros acreedores para merecer su apoyo y credibilidad, dado el esfuerzo adicional que se les va a pedir.

Negocios y Tallerón

La estrategia pasa por concentrar Duro en su condición de ingeniería "llave en mano" (epecista) y grupo de montajes, y revisar otras líneas de negocio a las que no se le ve sentido dentro de la organización. En el caso de El Tallerón, de Gijón (la filial de calderería pesada) el objetivo es encontrar a un inversor especializado que lo asuma y sea capaz de potenciar lo que se considera como un activo con gran potencial y del que la ingeniería, por la especificidad del negocio de esta filial de fabricación, no acaba de obtener el rendimiento posible. El Tallerón tiene pérdidas recurrentes en los últimos ejercicios entre 5 y 7 millones.

Sepi

Si el objetivo inmediato es resolver el conflicto argelino, el segundo paso de la estrategia de los nuevos propietarios de Duro Felguera es lograr que el Estado entre como accionista de la compañía mediante la conversión en acciones de créditos participativos concedidos por la SEPI y que suman una cuantía de 100 millones del total de los 120 millones del rescate estatal de hace tres años. Estos préstamos son, por su propia naturaleza, convertibles en capital. Esta operación reduciría la deuda de Duro y su carga financiera, y sería una baza en la negociación con el resto de los acreedores. El Principado, que tiene 6 millones en estas condiciones, se ha ofrecido a negociar.

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