Bruselas da un ultimátum a España por su sistema de concesiones en el litoral

La Comisión Europea emitió este domingo un ultimátum a España para que garantice igualdad de condiciones y transparencia en la adjudicación y prórrogas de concesiones ubicadas en el litoral. Le da dos meses para que se adecue a la legislación europea de servicios o, de lo contrario, podrá elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

El Ejecutivo comunitario había abierto un expediente de infracción a España en 2023 por considerar que las concesiones para construir instalaciones permanentes, como chiringuitos, granjas o industrias, en zonas costeras de dominio público se producen sin un procedimiento transparente de selección y pueden prolongarse más allá de lo permitido por el Derecho comunitario.

Bruselas recordó ayer que la legislación española prevé la posibilidad de dar estos permisos de construcción simplemente con la presentación de una solicitud seguida de un periodo de información pública de 20 días, mientras que la Directiva Europea de Servicios obliga a que se utilice un procedimiento de selección "imparcial y transparente".

Concesiones largas

Además, Bruselas considera que la posibilidad de extender la duración de esas concesiones en algunos casos hasta 75 años infringe la misma normativa puesto que conlleva un derecho preferencial en favor de quienes ya son titulares.

Y añade que, en la medida en que la legislación española dificulta el acceso a estas licitaciones por parte de operadores de otros Estados miembros de la UE, también está restringiendo de forma indebida la libertad de establecimiento prevista en los tratados de la UE.

"Por lo tanto, la Comisión ha decidido emitir un dictamen motivado a España, que ahora tiene dos meses para responder y tomar las medidas necesarias. De lo contrario, la Comisión podría decidir llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE"; dijo la institución en un comunicado.

Traspaso de competencias a Euskadi

Aunque la normativa básica la dicta el Estado, Galicia aspira a hacerse con las competencias para gestionar el litoral, siguiendo, obviamente, la legislación estatal. Ayer, precisamente, en la Comisión Mixta de Transferencias, el Gobierno central y el vasco hicieron efectivo, entre otros, el traspasos a Euskadi de las competencias para gestionar la costa.

Esto fue aprovechado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, para exigir que antes del 31 de diciembre se transfieran también esas funciones a Galicia en las mismas condiciones que al País Vasco. Recordó que Galicia "abrió un camino para otras comunidades" al aprobar una ley para gestionar su litoral y consiguió posteriormente el respaldo del Tribunal Constitucional, que rechazó el recurso presentado por el Gobierno central. Sin embargo, el País Vasco "pasó por delante" de Galicia porque Sánchez "lo quiso así", censuró Rueda.

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