¿Por qué han renunciado Reny Picot y Central Lechera a sus ayudas millonarias para proyectos verdes? El "difícil acceso" a la biomasa y dudas sobre CO2
Las dos empresas lácteas asturianas cancelan sus planes de descarbonización por "los crecientes cambios normativos" de Europa y la "enorme incertidumbre" sobre regulación industrial
Depósitos de la fábrica de Ilas en Anleo (Navia). / Ana M. Serrano
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El acceso a la biomasa como materia prima energética y la incertidumbre sobre la regulación europea en lo que atañe a las emisiones de CO2 en los procesos industriales son las dos principales razones que, según las fuentes consultadas, explican la renuncia que tanto Central Lechera Asturiana (Clas) como Industrias Lácteas Asturias (Ilas) –conocida por su marca Reny Picot– han anunciado esta semana sobre sus respectivos proyectos de descarbonización en sus principales fábricas.
"Hay una incertidumbre enorme sobre todo lo que tiene que ver con regulación medioambiental y su impacto en la industria", sentencia a este periódico Juan Manuel Rodríguez, consejero delegado de Ilas, que anteayer informó de que la compañía no sustituirá su actual planta de cogeneración de la factoría de Anleo (Navia), alimentada con fuelóleo, por una de biomasa. El proyecto contaba con una subvención de 4,7 millones de euros de fondos europeos y, según Rodríguez, iba a costar unos 20 millones. Pero Ilas ha optado por "priorizar otras inversiones".
"La biomasa como fuente energética tiene sentido para otro tipo de empresas que tienen un acceso más fácil a ella, por ejemplo mediante la limpieza de bosques, pero en casos como el nuestro es más difícil, y tampoco sabemos si va a haber nuevas regulaciones sobre la emisión de CO2 por su uso", explica el CEO de Ilas, que añade que "los crecientes cambios regulatorios de la Comisión Europea implican muchas dudas a la hora de hacer inversiones cuantiosas".
Es un argumento similar al que esta semana empleó José Armando Tellado, director general de Capsa, filial de Clas, al explicar por qué no se construirá una planta de biomasa en la fábrica de Granda (Siero). El directivo destacó la "falta de seguridad jurídica" y de "visibilidad futura de los derechos de emisión de CO2" de la citada materia prima orgánica.
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