El megacontrato de la dana: el Gobierno divide en 6 lotes la reconstrucción municipal valorada en 1.945 millones

El Gobierno de España ha sacado a licitación uno de los megacontratos de la dana. En concreto, es el que debe abordar la reconstrucción de las instalaciones municipales en la setentena de ciudades más dañadas en la provincia de Valencia. Serán finalmente casi 2.000 millones de euros, a través de la figura de contrato marco, a partir del cual se irán encargando los trabajos de reconstrucción municipio a municipio. Las empresas tienen hasta el 4 de junio para presentar sus ofertas, y la fecha de inicio estimada de los trabajos se sitúa a principios de septiembre, con lo que habrá pasado casi un año desde la dana.

Según el anuncio de licitación que ya está publicado en la Plataforma de Contratación del Estado, se han diferenciado seis lotes a los que las empresas pueden optar (a uno, a varios o a todos). Se trata de abastecimiento de agua y potabilización; alcantarillado y depuración de aguas; alumbrado público; Medioambiente urbano; pavimentación vías urbanas y acceso núcleos de población; y trabajos de construcción, reparación en edificios e instalaciones públicas.

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Este último lote, el destinado a la reparación y reconstrucción de los edificios, desde polideportivos a residencias, es el más jugoso, con 750 millones de importe. Le sigue el de pavimentación e infraestructuras viarias, de casi 500 millones, lo que da buena cuenta del alcance territorial de la devastación de aquel día. El alcantarillado y los sistemas de depuración de aguas, gravemente dañados, será otro de los trabajos más importantes, con 558 millones de valor estimado. 

Dinero ya abonado

Cabe recordar que antes de Fallas, el Gobierno, a través del Tesoro, ya había ingresado en las cuentas de los ayuntamientos los más de 1.700 millones en los que se peritaron los daños. El Gobierno va a financiar el 100 % de la reconstrucción local. Sin embargo, los alcaldes tienen un problema: cómo agilizar las obras, sin mecanismos jurídicos como el contrato de emergencia, y con ayuntamientos mermados en recursos técnicos, en algunos caso incluso con los inmuebles administrativos destruidos.

Dadas esas dificultades, surgió la idea de centralizar las obras a través de la empresa pública Tragsa, unas negociaciones con los ayuntamientos y las empresas encabezadas por el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España. Con este acuerdo marco se preselecciona a una serie de empresas adjudicatarias, de modo que cuando estén los contratos concretos ya solo tendrán que pasar la oferta, porque la preselección administrativa y económica ya está hecha. Los municipios tienen así una bolsa de empresas cualificadas a su disposición. La idea "es simplificar y agilizar el proceso de contratación pública, fomentando la colaboración entre el sector público y privado, garantizando la eficiencia y la transparencia en todas las etapas del proceso", señalan desde el departamento ministerial.

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Este acuerdo marco se suma al ya aprobado por Tragsa de 200 millones de euros para acometer actuaciones de ingeniería y asistencia técnica necesarias para llevar a cabo las obras de reconstrucción en los municipios dañados por el temporal.

Cabe recordar que, a diferencia de otras catástrofes, en el caso de la dana el Gobierno ha asumido el 100 % del coste de estos trabajos. Además, se permitirá reubicar de las infraestructuras, o encarecerlas, siempre que sea para hacerles más resilientes a los impactos del cambio climático. Y para sortear los problemas administrativos, se puso Tragsa a disposición para ocuparse de alguna o todas las fases del proyecto, desde la redacción a la ejecución. Es un anuncio que hizo Sánchez, en un encuentro con los alcaldes afectados por la dana.

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500 actuaciones

Se realizarán cerca de 500 actuaciones, entre las que se encuentran 100 centros administrativos, 45 escuelas infantiles, 58 bibliotecas, 55 polideportivos, 40 centros de día o 16 mercados y lonjas, que serán reconstruidos con criterios de resiliencia estructural (con mejoras técnicas o incluso relocalizaciones de las instalaciones) para hacer frente a futuros eventos de emergencia climática.

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