BBVA gana un 2,38% en bolsa mientras que el Sabadell se anota medio punto tras la decisión del Gobierno sobre la OPA

Las acciones de BBVA han terminado este martes con una revalorización del 2,54% hasta los 13,115 euros, mientras que Banco Sabadell se ha anotado un alza del 0,45% hasta los 2,698 euros después de que el Consejo de Ministros haya acordado autorizar la OPA de BBVA sobre Sabadell a condición de que durante tres años, prorrogables por otros dos años, se mantengan la autonomía de las dos entidades, lo que en la práctica significa que el Gobierno prohíbe la fusión en ese periodo y complica así la operación. Este requisito se suma a los de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

El BBVA ha reconocido este martes a través de un hecho relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que está analizando la decisión del Gobierno sobre la opa del Banco Sabadell, pero no ha expresado todavía qué pasos va a seguir.

La CNMV ha suspendido la cotización en bolsa de ambas compañías durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros y ha levantado esta suspensión a las 14:30 horas. Antes de la suspensión de la cotización por parte de la CNMV, Banco Sabadell cotizaba en 2,726 euros por acción, lo que suponía un alza del 1,49% respecto al día anterior.

La evolución de BBVA era en sentido contrario y ha mantenido el mismo ímpetu que registraba antes de la suspensión por parte del supervisor financiero. Cuando la CNMV ha decidido suspender a ambos bancos, BBVA cotizaba en 13,155 euros y a los pocos minutos de que se levantara la suspensión, el valor llegaba a cotizar en 13,175 euros por título.

"El visto bueno del Gobierno español a la adquisición de Sabadell por parte de BBVA viene acompañado de una serie de condiciones, como la obligación de mantener abiertas las redes de sucursales, mantener los préstamos a las pymes y mejorar la competencia en mercados específicos. Todas ellas tienen por objeto salvaguardar el interés público y la estabilidad económica. La condición clave de que BBVA y Sabadell deben seguir siendo entidades jurídicamente independientes durante un máximo de cinco años parece dura, pero no es inesperada. Aunque añade complejidad operativa, no cambia la lógica que subyace a la operación", explica Filippo Alloatti, director de análisis del sector financiero de la gestora estadounidense Federated Hermes.

Sin embargo, el analista de XTB Javier Cabrera comenta que el veto durante tres años a la fusión entre BBVA y Sabadell "supone un gran golpe para la entidad vasca". "Era algo que no esperaba el mercado, dado que se estaba descontando un incremento de las condiciones ya impuestas por la CNMC, pero no un veto a la fusión. Retrasar la fusión de ambas compañías durante tres años disminuye la rentabilidad del proceso y por tanto el atractivo de la operación. Más aún, teniendo en cuenta que existe la posibilidad de que ese plazo se amplíe en otros dos años, lo que implica cambiar totalmente los planes iniciales de BBVA", añade.

"Además, se ha dejado claro que no se podrán realizar despidos masivos ni grandes reorganizaciones empresariales, lo que sumado a las condiciones impuestas por la CNMC, reducen las posibilidades de éxito de la operación. En este contexto, pensamos que existen muchas probabilidades o bien de que BBVA abandone la OPA, o por el contrario que acuda al Tribunal Supremo por la dureza de estas condiciones", comentan.

Desde que se conociera la intención de BBVA de lanzar una OPA sobre Sabadell en mayo de 2024, el Gobierno ha mostrado de manera pública su disconformidad con la operación por motivo de impacto sobre el empleo, la inclusión financiera y la cohesión territorial.

"El Consejo de Ministros ha acordado autorizar la operación de concentración entre BBVA y Banco Sabadell, con la condición de que durante los tres próximos años ambas entidades mantengan personalidad jurídica y patrimonio separados, así como autonomía en la gestión de su actividad", ha explicado Cuerpo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Transcurridos estos tres años, el Consejo de Ministros valorará la eficacia de la condición establecida, pudiendo ampliar su duración por un periodo adicional de otros dos años.