Endesa retrasa a 2026 su nuevo plan estratégico y deja en el aire inversiones por 4.000 millones en redes por la batalla con Competencia

Endesa pone en cuarentena su ‘megaplán’ de inversiones por 4.000 millones de euros en redes eléctricas en España anunciado hace menos de un año. La compañía, uno de los gigantes de la distribución en el mercado nacional, ve imposible cumplir con el objetivo por la baja retribución para el negocio regulado de redes eléctricas que pretende aprobar la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Endesa ha decidido retrasar a 2026 la presentación de la actualización de su plan estratégico por la incertidumbre sobre el futuro de un negocio crucial para la compañía y hasta conocer de manera definitiva el nuevo marco regulatorio.

Endesa, controlada por el grupo italiano Enel (controlado a su vez por el Gobierno de Italia), presenta cada año una revisión de sus planes estratégicos y habitualmente el gran encuentro con analistas de todo el mundo se celebra en noviembre. La eléctrica ha decidido aplazar hasta finales del primer trimestre de 2026 la actualización de su hoja de ruta para los próximos años, previsiblemente hasta unos días después de la presentación de los resultados financieros anuales del grupo, según confirman fuentes al tanto de las intenciones de la corporación.

'Megaplán', en el aire

Endesa presentó el pasado noviembre su nuevo plan hasta 2027. La compañía reorganizó entonces su estrategia inversora para el próximo trienio, con una ralentización del esfuerzo destinado a seguir creciendo en renovables y acelerando al máximo las inversiones en modernizar y ampliar sus redes, en una apuesta histórico que llegaba en un momento clave porque la CNMC y también el Gobierno preparan un cambio en la regulación de los pagos a las energéticas por sus redes tanto de electricidad y de gas.

La nueva estrategia contemplaba inversiones brutas en España y Portugal -los mercados en que opera Endesa- de 7.700 millones en tres años en renovables y en redes, pero con un cambio en el orden de prioridades. La nueva hoja de ruta anticipaba inversiones por unos 3.700 millones de euros para desplegar nuevas plantas de energías renovables (un 14% menos en relación a los 4.300 millones del plan previo para el trienio 2024-2026), mientras que se disparaban un 43% las inversiones en redes eléctricas y de gas con un ‘macroplán’ de 4.000 millones, frente a los 2.800 millones contemplados en la anterior versión del plan estratégico.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, advirtió este lunes que es más que improbable que la compañía pueda cumplir con sus objetivos de inversiones en redes si se confirma la última propuesta de retribución de las redes eléctricas de la CNMC. “Con el último borrador de la CNMC, la compañía no va a ser capaz de replicar ese plan”, anticipó Bogas en un desayuno informativo, en el que mostró su confianza en llegar a “algún punto de acuerdo razonable” con el organismo.

"Las redes eléctricas son las grandes olvidadas de la transición energética", se quejó Bogas. El máximo ejecutivo de la eléctrica subrayó que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) aprobado con el Gobierno anticipa que debían invertirse 53.000 millones de euros en redes entre 2021 y 2030. Pero al cierre del pasado año, sólo se habían ejecutado inversiones por 13.000 millones. Quedan pues 40.000 millones por inyectar para mejorar y ampliar las redes en apenas un lustro. "Esto es imposible hacerlo. España no tiene fisicamente los recursos necesarios, ni en personas ni en instalaciones".

Incertidumbre regulatoria

La advertencia de Endesa sobre su plan de inversiones llega en plena pugna con la CNMC por cuánto deben cobrar por su negocio de redes en los próximos años. El organismo presentó el pasado julio su propuesta de los cambios regulatorios que determinarán lo que cobrarán en el próximo sexenio las compañías energéticas por el negocio regulado de las redes eléctricas. La propuesta del organismo, esperadísima por el sector energético, supuso una sacudida para las compañías, porque los pagos que el organismo les ofrece están muy por debajo de las aspiraciones de las empresas para un negocio que es clave para ellas.

La CNMC lanzó una doble consulta pública como paso previo a la aprobación definitiva de dos circulares cruciales para el sector de las redes de distribución (las que llegan hasta la vivienda o la empresa del cliente final). Por un lado, la propuesta de fijar la tasa de retribución a las redes eléctricas en el 6,46% para los próximos seis años (para el periodo 2026-2031). Una tasa que supone un incremento desde el 5,58% actual, pero que se queda muy lejos de la subida hasta el 7,5% que exigían las compañías eléctricas para garantizar las inversiones necesarias en redes eléctricas para asegurar la transición energética.

Por otro, Competencia también somete a audiencia pública su propuesta de reforma de la metodología para calcular la retribución del negocio de las redes de distribución (las que están en manos fundamentalmente de las grandes energéticas como Iberdrola, Endesa o Naturgy, aunque hay otros 300 operadores con redes propias). Una reforma que conlleva grandes cambios en relación al modelo actual. “La metodología es muy compleja y hace que sea muy difícil invertir”, subrayó Bogas. “No solo la tasa es baja, sino que no sabemos si vamos a ser remunerados o no”, se quejó, sobre los supuestos que recoge la normativa elaborada por la CNMC.

El negocio de las redes de distribución (en manos de las grandes eléctricas) y de transporte (controlado por Red Eléctrica) es una actividad regulada, en el que las compañías ejecutan las inversiones en sus infraestructuras con un tope fijado por ley y por las que se les retribuye a través de los peajes de acceso que se cargan en la factura eléctrica de todos los clientes. El nivel de retribución lo establece la CNMC y el tope de inversión lo fija el Gobierno. El Ministerio para la Transición Ecológica prepara una reforma de ese tope -vinculado con el PIB nacional- con el objetivo de elevarlo un 62% de manera excepcional hasta 2030, permitiendo a las distribuidoras ejecutar inversiones de hasta 7.700 millones en cinco años y a Red Eléctrica hasta 3.600 millones adicionales.

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