El abogado general de la UE insta a España a elevar las indemnizaciones para los interinos en fraude

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Rimvydas Norkus ha instado a España a destopar las indemnizaciones para los interinos que estén en fraude en la Administración. "Para que se considere que una indemnización por el perjuicio sufrido por el trabajador es una medida sancionadora efectiva, disuasoria y proporcionada, debe poder compensar adecuadamente todos los casos de abuso, incluidos los más graves, y, por tanto, no puede estar sujeta a un límite máximo".

El letrado ha presentado este jueves sus conclusiones sobre varias cuestiones prejudiciales remitidas por los tribunales españoles en relación a los interinos, a los cuales deja la resolución última del problema.

Norkus ha sido contundente a la hora de criticar el actual sistema indemnizatorio español -"no me parece disuasorio ni reparador"-, pero ha enfriado las esperanzas de miles de interinos de que validara de manera explícita la conversión automática a fijos.

El abogado general se ha mostrado reticente a validar la estabilización directa de los eventuales en abuso si no lo deciden así los tribunales españoles. Algo a lo que, hasta ahora, el Tribunal Supremo se ha opuesto.

"En caso de utilización abusiva de contratos de trabajo de duración determinada, como los contratos indefinidos no fijos, esos contratos se convierten en relación laboral de duración indefinida 'puede' [la cursiva es del abogado] implicar una medida que sanciona efectivamente tal utilización abusiva", afirma en su resolución. No obstante, también recuerda que "no corresponde al Tribunal de Justicia pronunciarse sobre la interpretación del Derecho interno, tarea esta que incumbe a los tribunales nacionales competentes".

La resolución del abogado general del TJUE no tiene carácter vinculante, en tanto que no es una sentencia del tribunal, pero suele anticipar el criterio del mismo al respecto.

Más indemnización

"En la actualidad, pese a las sucesivas reformas que el Reino de España viene aprobando desde 2014, que demuestran los esfuerzos acometidos para asegurar la conformidad de su normativa nacional con el Acuerdo Marco, la proporción del empleo temporal en el sector público es muy elevada, ya que representa cerca del 30%, según el órgano jurisdiccional remitente", critica el abogado general en sus conclusiones.

El abogado general critica que la normativa española contemple una indemnización topada -20 días por año trabajado, con tope de 12 mensualidades- para los interinos que se demuestra que han estado en abuso. "Es evidente que la fijación de un límite máximo restringe, de forma anticipada, el importe de la indemnización a un nivel que no guarda necesariamente proporción con la gravedad de la violación, en particular con su duración, y comporta así el riesgo de dar a dicha indemnización un carácter puramente simbólico".

"Parece más una compensación por extinción de contrato que una auténtica sanción, en sentido amplio, por el abuso del que ha sido víctima el trabajador. [...] Esta medida no me parece disuasoria ni reparadora", insiste.

La Administración española lleva inmersa durante los últimos años en un macro proceso de estabilización, en sus diferentes instancias. En 2021, el Gobierno aprobó una ley, conocida como 'ley Iceta', en la que establecía las bases para tratar de suprimir las grandes bolsas de interinos que se habían enquistado como tales en la Administración.

El sector público ha llegado a acumular tasas de temporalidad del orden del 30% y por ello ha sido censurado por la justicia europea en reiteradas ocasiones. Esa 'ley Iceta' nace, precisamente, forzada por esas sentencias y se vinculó a la recepción de los fondos europeos.

Suscríbete para seguir leyendo