Los supermercados exigen ser considerados sector estratégico, tras perder 53 millones en el apagón de abril

El apagón que el pasado 28 de abril dejó a oscuras durante horas a España supuso unas pérdidas superiores a los 53 millones de euros para las cadenas de distribución de alimentos, que acabaron tirando a la basura muchos de sus estocs de alimentos, especialmente los frescos y congelados. Y eso, según ha recordado este lunes el secretario general técnico de la patronal del sector Asedas, Felipe Medina, en un sector clave, que reaccionó con rapidez y se mantuvo, en la mayoría de los casos, activo, pese a que hasta ahora nadie ha reconocido su papel estratégico.

Medina ha instado por ello a la Comisión Europea que establezca un protocolo de seguridad ante situaciones de emergencia, "que garantice una buena y rápida coordinación entre las administraciones públicas y la cadena agroalimentaria en momento excepcionales". El secretario general técnico de Asedas ha realizado esta petición durante su intervención en la séptima sesión del EFSCM (European Food Security Crisis Mechanism), un foro que organiza la Comisión Europea en el que participan autoridades de los estados miembros, de países terceros y de empresas para tratar sobre cómo prepararse y responder ante crisis alimentarias. Allí, Medina ha explicado que la falta de suministro eléctrico amenazó seriamente en abril pasado la cadena de frío y provocó pérdidas por retirada de producto, a pesar de que muchas empresas utilizaron generadores de reserva para mantener su funcionamiento. Eso no evitó, ha subrayado el directivo de Asedas, que todas las tiendas sufrieran daños económicos y operativos.

Seguridad en centros logísticos y rutas de distribución

Medina ha sugerido algunas cuestiones prácticas que debería incluir este protocolo, como la activación de canales de comunicación preferentes entre las empresas, las asociaciones representativas y las autoridades; el refuerzo automático y urgente de la presencia de cuerpos de seguridad en puntos críticos como los centros logísticos; y la seguridad en las rutas de distribución de la totalidad de la cadena de suministro con un signo distintivo que facilite la libre circulación, entre otros.

La prioridad, ha insistido, es el reconocimiento del "carácter estratégico" del sector alimentario, como el responsable de garantizar el acceso de la población a la alimentación. Esto implica considerarlo preferente en situaciones críticas -falta de suministro eléctrico, desastres naturales u otros- para que las autoridades públicas faciliten el funcionamiento de las empresas. En suma, los objetivos de este protocolo serían garantizar la seguridad de los ciudadanos asegurando el acceso a necesidades básicas, como la alimentación; afianzar la continuidad del suministro de alimentos y productos de higiene, lo que incluye la distribución desde el punto de origen a las tiendas, así como centros logísticos y carreteras; proteger la integridad del transporte y de los trabajadores y su acceso a las zonas afectadas, y, por último, transmitir tranquilidad a la población para evitar comportamientos de acaparamiento que dificulten el suministro normal de los productos, así como alertas innecesarias, inseguridad, reacciones desproporcionadas o actos delictivos.

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