Jéssica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias: "Al principio tuve que explicar a mi partido lo que pretendía hacer, y lo entendieron"

¿Le frustra no haber obtenido un consenso mayor después de más de dos años?

Me habría gustado que llegáramos a uno mayor, pero yo sabía que tenía un consenso con la gran mayoría de los canarios, que entendían que había que la vivienda vacacional había que regularla, ordenarla y no prohibirla. Ese es el mayor consenso que tenemos. Esta situación no era fácil para nadie porque conlleva revisar si a 70.000 viviendas cumplen o no el decreto de referencia, de hace diez años. Desde que empezamos sabíamos que teníamos que renunciar a algunos consensos. Hemos sido valientes, responsables y hemos estado a la altura de lo que demandaban los canarios.

¿Por qué no hubo mayor entendimiento político?

Los grupos de la oposición jamás se sentaron con el Gobierno, que sí los llamó hasta en cuatro ocasiones. Nunca hicieron una sola pregunta ni una sola propuesta. A excepción de Nueva Canarias, que sí se reunieron con nosotros para resolver dudas.

¿Tampoco pudo lograrse más con la asociación de propietarios?

Con Ascav [Asociación Canaria de Alquiler Vacacional] era imposible, pesaban más los minutos de tele que la solución. Además, cuando se opta por una oposición frentista, da igual lo que diga el gobierno. Antes que cualquier otra persona, los borradores que íbamos teniendo se los mostrábamos a los grupos parlamentarios y a Ascav. Antes de leerlos, ya habían mandado sus notas de prensa a los medios de comunicación. La renuncia a algunos consensos fue necesaria para poder avanzar.

Esta norma da un papel protagonista a cabildos y ayuntamientos. ¿Están conformes con ello o se resisten a ejercer el papel de ser jueces últimos?

Cuando surgió esta modalidad alojativa, nadie tenía claro de quién eran las competencias, cuestión que resolvió en 2020 el Tribunal Supremo. Poco a poco, ayuntamientos, cabildos y hasta el propio gobierno han ido diseñando un marco ajustado a cada una de las competencias. El Consejo Consultivo dice que esta ley no invade las competencias de ninguna administración y, por tanto, lo que nos toca es remar unidas para ordenar la actividad. Hemos de colaborar en la inspección turística con los cabildos que menos medios tienen, y también cuando nos toque ordenar los apartamentos. Esta norma de vivienda vacacional equilibra bastante las competencias y, por supuesto, no está en la intención del Gobierno abandonar a ayuntamientos y cabildos. Abriremos oficinas itinerantes para informar a los propietarios del trámite que tienen que seguir y toca hacer las ordenanzas para que la moratoria de cinco años permita decidir dónde y cuántos pisos turísticos queremos. Daremos una ordenanza tipo a los ayuntamientos para que puedan aprobarla en su respectivo pleno.

¿Cuánto tiempo estima que tardarán en inspeccionar las viviendas vacacionales que están en el mercado?

Aproximadamente dos años. La ley da una caja de herramientas a todas las instituciones -Gobierno, colegios de registradores, de administradores de fincas, de ingenieros, Gestur...- para poder apoyarnos a la hora de ejecutar estos planes inspectores.

La ley impide más pisos turísticos en las zonas declaradas tensionadas, pero el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria solicitó al Gobierno esa consideración y lo desestimaron. ¿Va a ser la tónica?

El objetivo de esta norma, y también el de la Ley de Vivienda de Canarias de 2003, es zonificar. Creo que a veces se legisla y los gobiernos que vienen después se olvidan de leer las leyes en vigor. La norma de 2003 ya decía que se pueden declarar zonas tensionadas. Se puede decir de un barrio que tiene copado el 90% y, por tanto, no admitir más declaraciones responsables o licencias que sustenten más viviendas turísticas.

Si le entiendo bien, ciudades no pero barrios sí.

Exactamente, se trata de zonificar como están haciendo Madrid, Sevilla o Málaga, ciudades de referencia a las que podemos copiar el modelo y que contemplan zonas de crecimiento cero para el alquiler turístico, zonas donde puede crecer aún crecer y zonas en las que todavía se puede implantar.

Reconoce haber recibido muchas presiones durante la tramitación de esta ley. ¿De quién?

La campaña mediática del colectivo principal es obvia. Han centrado sus esfuerzos en ir contra el Gobierno en lugar de sentarse con él. Nos han intentado echar encima a todos los grupos parlamentarios, a toda la sociedad y a todos los medios de comunicación. También ha habido intereses económicos evidentes que han intentado que esta ley no siga adelante. También ha habido presión política, que la puedes esperar pero no que alguien la ejerza sin leerse siquiera la ley y escudándose en los colectivos de presión para intentar que la norma no avance.

¿De verdad piensa que no se la han leído?

Estoy segura de ello.

Sigamos con más presiones. ¿También le han llegado de dentro de su partido [PP]?

En un primer momento, hubo dudas evidentes, pero cuando explicamos lo que íbamos a hacer y que también lo estaban haciendo Madrid, Sevilla y Málaga, todas con gobiernos del PP, lo entendieron perfectamente. Francisco de la Torres [alcalde de Málaga], que lleva en política desde que arrancó la democracia, no es sospechoso de no ser del Partido Popular. Sé que es una norma que parece que viene contra la naturaleza de la formación, pero en absoluto es así. Ahora ya todo el mundo se siente cómodo y, además, la defiende. Y creo que es lo oportuno. Conviene recordar de dónde venimos. El PP aprobó la primera moratoria en el año 2003 y la continuó en 2009. A veces las grandes decisiones en materia turística en esta tierra las ha tomado el PP. Somos un partido de gestión, un partido donde la gente, cuando hay un problema, nos vota en masa para que lo resolvamos. Este era un problema para Canarias, no porque se ejerza la actividad, sino porque se ejercía sin ningún tipo de control.

¿Y desde dentro del Gobierno, sin ser su partido, ha recibido presiones?

En absoluto, aquí hemos remado todos. No me ha llamado ni un solo consejero jamás para decirme que esta norma tuviera que ir por un camino o por otro. Al contrario, lo que hemos recibido mi equipo y yo ha sido muchísimo apoyo.

Después de más de dos años, esta semana aparecieron en el Parlamento más de veinte enmiendas in voce. ¿De dónde salieron tantas y por qué le molestó que la oposición las descartara?

Bueno, porque hay un pacto de caballeros que se llama cortesía parlamentaria. 17 de las 23 presentadas hacían referencia a la exposición de motivos de la ley, no al articulado. Es habitual dejar eso para el final y más cuando se trata de una ley tan complicada como esta en la que cuatro grupos políticos diferentes -CC, PP, ASG y AHI- atienden a realidades que también lo son. Hemos tenido que negociar, que se nos acusa de no haberlo hecho pero hay 52 enmiendas aceptadas. Cuando terminamos de hacerlo, había espacio para las enmiendas in voce y la oposición tuvo doce días para estudiarlas. Nunca por esa cortesía parlamentaria de la que le hablaba se había restringido el debate de estas. Parafraseando a Raúl Acosta (AHI), han sentado un peligroso precedente. Al menos uno de los grupos puede gobernar en algún momento la comunidad autónoma y probablemente tendrá que tomar decisiones difíciles como hemos hecho nosotros, y cuando quiera introducir alguna medida in extremis, los grupos de la oposición estarán habilitados para impedirlo; por ese precedente que han creado.

¿Va a solucionar esta ley el problema de vivienda que tiene Canarias?

El problema de vivienda que tiene Canarias lo han creado la Ley Estatal de Vivienda al romper el equilibrio entre arrendador y arrendatario, la falta de construcción de vivienda pública y social durante los últimos diez años, la falta de planes generales y parciales, el no ejercer la planificación y gestión del urbanismo porque lo hemos demonizado y, además, como añadido a esa tormenta perfecta, la vivienda vacacional, que se convirtió en valor refugio cuando el arrendador dejó de sentirse seguro si deja su casa en el mercado residencial tras aprobarse la ley estatal de vivienda.

¿Entiende el enfado de algunos propietarios de pisos turísticos?

Entiendo que lo esté porque ya no cuenta con ese valor refugio dentro de la industria turística, al menos de manera momentánea, pero también apoyamos nuestro texto en que lo que se incorpora al mercado es una vivienda, y estamos en un contexto de emergencia habitacional.

Tanto Ascav como los grupos de la oposición aseguran que la norma beneficia a quienes tienen muchos inmuebles dedicados al alquiler turístico.

Artículo 7. 7. c. Nunca más podrá haber edificios enteros dedicados al alquiler vacacional como hoteles, pseudohoteles o parahoteles y es ahí donde están los grandes tenedores de Canarias. El PSOE afirma eso porque nunca se ha leído la ley, jamás ha presentado una enmienda que esté en el marco de esta ley. Se centraron en tres cuestiones: los apartamentos turísticos, que esta ley no ordena; la unidad de explotación, que tampoco, y los grandes tenedores. Con respecto a lo último, desconocen cómo es dar de alta una vivienda vacacional. Lo puedo hacer como propietario y explotador o puedo dejar la gestión a una empresa. ¿Cómo lo hacemos? ¿Limitamos a las empresas a solo tres inmuebles gestionados? Porque las declaraciones responsables que hoy están en vigor están de esta manera.

¿Cuántos pisos turísticos están en estas circunstancias?

El 22% de los pequeños propietarios y, de ellos, el 19% son extranjeros. Nosotros no podemos hacer una prospección de quién es el propietario, solo de quien tramita la declaración responsable. Cuando Pedro Sánchez dice menos Airbnb y más vivienda, y que los pisos turísticos son el enemigo, algo que no ha dicho nunca este gobierno, el PSOE canario se queda sin argumentos. Y por eso decidió presentar enmiendas a algo que no ordena esta norma, no sé si a sabiendas o por desconocimiento.

¿Hurta esta norma a la familia modesta la posibilidad de prosperar?

Desde hace diez años los propietarios estaban obligados a cumplir el trámite de actividad clasificada, pero como la normativa no estaba clara, el decreto no desarrollaba las competencias de cada administración. Los propietarios se vieron en un plano de absoluta indefensión y yo los puedo llegar a entender, pero el trámite de actividad clasificada siempre fue obligatorio. Llevamos dos años diciéndoles que lo cumplan, que presenten la comunicación previa de actividad clasificada y a Ascav se le ha venido en contra su consejo de no presentarla, dejando desprotegidas a miles de familias. No ha sido el gobierno el que les ha dicho que no lo hicieran. En cualquier caso, esos propietarios podrán estar en el mercado cuando los ayuntamientos, que para entonces ya tendrán claro cómo tramitar esas licencias, decidan dónde, cuántas y cómo. Desmonto cualquier argumento que venga a decir que el propietario no podrá prosperar en su tierra. Al revés, podrá hacerlo con mayores garantías. Yo lo que espero es que tengan mejores asesores.

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