¿Quién controla el Ibex 35? Los fondos poseen cerca de la mitad pese al repunte histórico del Estado

Los grandes propietarios del Ibex 35 ya no son las grandes familias ni los bancos, sino los fondos de inversión internacionales con el 48,7% de las acciones. Según datos de FactSet, al cierre del primer trimestre había 8.634 fondos privados con presencia en el índice español, con un valor de mercado conjunto de 207.300 millones de euros. Los vehículos europeos concentran el 70,7% del número de fondos, mientras que los norteamericanos representan el 25% del total. Entre las principales gestoras destacan los gigantes estadounidenses BlackRock (32.395 millones invertidos), Vanguard (22.989 millones) y Capital Group (14.393 millones). En total, 72 gestoras superan los 500 millones de exposición al Ibex 35, de las que once tienen presencia en todas y cada una de las compañías del índice, según señala un informe del Servicio de Estudios de BME publicado en octubre.

Tras los fondos, los segundos propietarios del Ibex 35 son las empresas no financieras con el 21,6% y en tercer lugar, las familias, que alcanzan el 15,8% del capital, su nivel más bajo en 32 años. Entre las familias con mayor influencia en la bolsa española figuran los Del Pino en Ferrovial; Amancio Ortega en Inditex —además de un 5% en Redeia y Enagás—; su hija Sandra Ortega también en Inditex; los Entrecanales en Acciona; la familia Ybarra Careaga a través de su brazo inversor Onchena; o Florentino Pérez, con el 14,5% de ACS.

10.800 millones en plusvalías

El poder menguante de las familias contrasta con la fortaleza de la inversión del Estado en bolsa, que alcanza su mayor porcentaje en 27 años con un 4,1% del capital repartido en compañías como Aena, Caixabank, IAG, Enagás, Telefónica, Redeia o Indra, esta última convertida en el valor estrella de 2025 con una subida del 160%. El sector público está de enhorabuena porque se anota plusvalías anuales de unos 10.800 millones de euros tras los máximos históricos alcanzados en noviembre por el índice español al lograr los 16.388 puntos, con una revalorización anual del 40%.

Para encontrar los anteriores picos de la bolsa española hay que remontarse al 9 de noviembre de 2007, en plena burbuja inmobiliaria. La buena marcha de la banca y el apetito internacional por los activos de riesgo, alimentado por el ‘boom’ de la inteligencia artificial, explican el rally del Ibex 35. El Estado, a través de Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Enaire y el FROB, se ha consolidado como el segundo gran accionista del índice, solo por detrás de Amancio Ortega, y por delante de Criteria —el brazo inversor de la Fundación “la Caixa”.

Todas las compañías participadas por el Estado tienen un marcado "carácter estratégico" para el Gobierno. En el caso de Caixabank, la presencia pública es una de las herencias de la crisis financiera que estalló tras la caída de Lehman Brothers. España tuvo que rescatar a Bankia en 2012 con una inyección de 22.424 millones de euros de dinero público. Dentro de la cartera estatal, la entidad catalana es la única sobre la que se ha especulado con una desinversión total o parcial desde el 18,1% actual, a raíz de las recomendaciones del Banco Central Europeo (BCE).

Este enfoque estratégico no es patrimonio exclusivo del actual Ejecutivo. La participación del Estado en estas sociedades se remonta a gobiernos anteriores a la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa y responde a una política compartida por numerosas economías europeas, donde aerolíneas, operadoras de telecomunicaciones, compañías energéticas, bancos o empresas de defensa y tecnología militar permanecen bajo el paraguas público. Hay incluso ejemplos que traspasan estos sectores: el Estado francés es el principal accionista de Renault, con un 15% del capital de la automovilística. La gran novedad de este Ejecutivo ha sido la apuesta por Telefónica tras la irrupción de la 'teleco' pública saudí STC con el 9,97% de las acciones, que replicó la SEPI con el 10%.

En el caso de Indra el gran artífice de que el Estado sea su principal accionista con el 28% de los títulos fue Pedro Morenés, ministro de Defensa entre 2011 y 2016. El primer titular de la cartera en el Gobierno de Mariano Rajoy, después le sucedió María Dolores de Cospedal, impulsó un plan para consolidar y fortalecer a la compañía como un "campeón nacional" de la industria de la defensa española, algo que ahora está muy de actualidad desde el estallido de la guerra de Ucrania y el plan de rearme europeo con el objetivo de cumplir el gasto que exige la OTAN. El actual Gobierno autorizó elevar la participación de la SEPI del 18,7 al 28% en una inversión que en 2022 alcanzó los 150 millones de euros. Este 28% actualmente vale 2.247 millones de euros gracias a la fuerte revalorización de Indra en los últimos años.

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