Ingreso Mínimo Vital
Errores con el Ingreso Mínimo Vital: "Se equivoca la Seguridad Social pero me embargan a mí, que no tengo ni para comer"
Personas afectadas por los "pagos indebidos" del Ingreso Mínimo Vital (IMV) denuncian cuentas embargadas y la obligación de pedir un préstamo para saldar la deuda: "Nos han arruinado aún más la vida porque hicieron mal los cálculos"

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Daniel Tortajada
Mónica Ros
Pilar no pidió Ingreso Mínimo Vital y asegura, sin dudarlo, que esta ayuda se ha convertido para ella en una losa. En 2020, el Gobierno diseño esta ayuda y se la concedió de oficio (es decir, sin que la pidieran) a 9.271 familias. Una de ellas, la de Pilar, que la cobró durante dos años en diferentes cuantías. Sin embargo, la Seguridad Social había calculado mal lo que le correspondía a esta mujer. Así, durante los dos años que percibió la ayuda cobró 550,87 euros de más. Se denominan "pagos indebidos" del IMV y se han convertido en un auténtico problema para las familias más vulnerables que, como Pilar, deben devolver esa cuantía "aunque no tenga ni para comer".
"Espero que esto se solucione y que perdonen una deuda que no hemos generado nosotros. Yo no sabía qué dinero me correspondía. ¡Cómo voy yo a saber que ese no era el dinero que debía recibir! Somos personas vulnerables y así nos están hundiendo más", asegura la mujer que desconoce los números que fijan su deuda con la Seguridad Social en 550,87 euros. Pero una deuda con la Seguridad Social son palabras mayores. Sobre todo, para ella, cuyos ingresos dependen del Estado, ya que percibe una pensión no contributiva por una discapacidad visual del 85% y tiene un hijo adolescente a cargo que percibir una pensión de orfandad. Madre e hijo ingresan al mes 687 euros así que se han visto obligados a pedir un préstamo de 700 euros para saldar la deuda, que ya alcanzaba los 664,80 euros tras una multa y los intereses de demora. Es más, la orden de embargo se ha ejecutado y la mujer tiene retenida su pensión a pesar de haber pagado ya. "Ahora, a mis gastos de alquiler y suministros se suma el pago del préstamo. Ni para comer tenemos. Qué manera de asfixiar a las familias. Maldita sea la hora que recibí el IMV porque es que ni lo había pedido y me han metido en un pozo del que no sé como salir. Que soy una mujer con discapacidad grave, que no puedo trabajar. Ese es mi gran drama, que parece que nadie entiende. No tenemos ni para vivir", explica Pilar.

Pilar vive con un hijo a cargo. / Daniel Tortajada
De hecho, la mujer se reconoce como usuaria del Banco de Alimentos de Valencia (al que le agradece lo que le dan) y explica que sus gastos se centran en la vivienda. "El techo no lo puedo perder así que el alquiler no puede fallar", afirma. Igual que los suministros. "Si hay impago hay cortes y ni hablo de caldear la casa. El dinero que entra, sale en el mantenimiento de la vivienda. Alquiler y suministros. ¿Cómo iba a devolver el dinero que me pedían? Pues como lo he tenido que hacer: pidiendo un préstamo, que me endeuda más y me genera más miseria. A mí esto no me parece normal, de verdad. Se equivocaron ellos y encima no fue una cosa como para darse cuenta. No es justo que pague yo su error. Me dieron la ayuda sin pedirla porque entendieron que era vulnerable y me están hundiendo, ahogando y asfixiando en vida. Y con un menor a cargo, que parece que a nadie le importe como vive y sufre mi hijo. Me quitan la ayuda, pues vale, pero no me obligues a devolver una deuda que yo no he generado".
Sin información para una ayuda recién diseñada
Durante los primeros años del IMV la Seguridad Social dejó de atender de forma presencial a los usuarios (por al pandemia de la Covid-19), obligando a una cita previa casi imposible de conseguir. De hecho, para acercar la ayuda a la ciudadanía, el Gobierno habilitó un autobús que fue recorriendo las principales ciudades de la geografía española y una de las principales quejas era el porqué de unas cuantías que variaban en función de cálculos que los usuarios desconocían. Por ello, algunos de los afectados se unieron a nivel Estatal para presentar una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales con el objetivo de suspender los procedimientos que están en marcha e implican la devolución de miles de euros
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