Las cinco empresas públicas señaladas en la operación de la UCO contra el socio de Cerdán y la "fontanera" del PSOE facturaron 2.100 millones en 2024

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lleva desde el pasado miércoles registrando sedes de compañías públicas en busca de pruebas para determinar las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos por parte del empresario Antxon Alonso, -“socio” en la empresa Servinabar 2000 del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán- y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero, de la que se habría beneficiado la calificada como “fontanera” de este partido, Leire Díez.

En concreto, los registros practicados este jueves y viernes se centran en la compañía de renovables Forestalia en Zaragoza y en las sedes de cinco empresas públicas integradas en la SEPI: Correos, Sepides, Mercasa, Enusa y Cofivacasa. Además, este viernes los agentes también han estado en el Ministerio de Transición Ecológica y en la Dirección General de Patrimonio y en el Tribunal de Recursos Contractuales, dependientes del Ministerio de Hacienda.

El conglomerado público cuenta con participación en 25 empresas públicas, 8 de las cuales son al 100% de su titularidad: Correos, Navantia, Hunosa, la Agencia EFE, RTVE, Sepides, Mayasa y Cofivacasa. La SEPI, que preside en la actualidad la ingeniera granadina Belén Gualda, cerró el pasado con una facturación récord de 6.355 millones de euros, un 7,5% más que el año anterior. De esa cifra, el 33% corresponde a Correos, el 32% a la empresa de servicios e ingeniería Tragsa, y el 24% a los astilleros de Navantia. 245 millones llegaron a través de los dividendos que le otorgaron sus participaciones en cotizadas en el Ibex 35 como Indra con un 28%, Redeia con un 20%, Telefónica con un 10%, Enagás con un 5% e IAG con un 2,5%. Controla, además, el 10,4% de Ebro Foods y el 4,1% de Airbus.

Correos, que preside el exdiputado socialista y secretario de Estado Pedro Saura, es una de las joyas de la corona de la SEPI por su capilaridad en todo el país y el número de empleados, 50.279 personas. El pasado año facturó 1.707 millones, lo que supone una caída del 0,8%. La compañía postal cerró el ejercicio con pérdidas de 522 millones de euros, lastradas por el efecto extraordinario de una provisión de 428 millones destinada a impulsar salidas voluntarias de personal. Sin ese ajuste, el resultado ordinario habría sido de -92 millones, lo que supone una mejora del 33% respecto a 2023.

Por facturación, le sigue la empresa pública Enusa, especializada en el abastecimiento de las centrales nucleares españolas, con unas cifras de 339 millones el pasado año. El Gobierno puso al frente de la compañía hace cuatro años a Mariano Moreno, que hasta entonces era el gerente del PSOE. Moreno ha ocupado durante 17 años diferentes cargos internos en la formación que lidera Pedro Sánchez como director de la oficina de atención al militante o jefe del departamento de proyectos.

Mercasa, el acomodo del exministro de Sanidad

Mercasa, que es la copropietaria de la red de plataformas logísticas de abastecimiento de alimentos frescos como Mercamadrid o Mercabarna, terminó 2024 con unas ventas de 20,45 millones de euros. La compañía que preside el exministro de Sanidad José Miñones está controlada al 51% por la SEPI y al 49% por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

Otra de las empresas registradas ha sido Sepides, dedicada a la promoción de polígonos industriales por toda España, la gestión de los fondos europeos y otras ayudas como los PERTE y apoyo financiero a empresas en fase de crecimiento. Su facturación el pasado fue de 25,5 millones y la preside el jurista Javier Rosell desde septiembre. El directivo ocupaba hasta su nombramiento el cargo de Director General de Empresas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Cofivacasa es una de las empresas más pequeñas que controla la SEPI y se dedica a liquidar compañías públicas. En 2023, año del que se dispone sus últimas cuentas auditadas, facturó 1,48 millones de euros. Su administrador único es el abogado del Estado Mariano Herranz.

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