El Gobierno propone dar 21.000 millones más a las comunidades con el nuevo modelo de financiación autonómica

Más dinero para todos, pero menos diferencias entre territorios. El proyecto de nuevo modelo de financiación autonómica elaborado por el Gobierno y pactado con ERC contempla incrementar los recursos anuales que recibirán las comunidades de régimen común (todas menos País Vasco y Navarra) en 20.975 millones de euros en 2027, el primer ejercicio en que el Ejecutivo dice aspirar a que esté en vigor. En total, serían 224.507 millones, un 9,34% más de los que percibirían con el sistema actual. Al mismo tiempo, la diferencia en financiación por habitante -la variable clave del sistema- entre las comunidades mejor y peor dotadas (actualmente, Cantabria y Murcia) se reduciría desde los "injustificables" actuales 1.500 euros a 700 euros, después de una corrección especial para que ninguna comunidad reciba menos (sin corrección la brecha se reduciría a 450 euros).

Una de las principales novedades del proyecto es elevar el porcentaje de la recaudación del IRPF y el IVA que el Estado cede a las comunidades, del actual 50% al 55% en el impuesto de la renta y al 56,5% en el del valor añadido. Esa medida aumentaría en 15.756 millones de euros en 2027 los recursos de las autonomías. Adicionalmente, el Estado aportaría hasta 22.485 millones adicionales. En total serían 38.241 millones, que frente a los 17.266 millones de euros en que se incrementarían el año que viene los recursos destinados a las comunidades con el sistema actual dan la diferencia de 20.975 millones. Ello depende, eso sí, de que el Gobierno logre que se apruebe su propuesta en el Congreso, algo que hoy por hoy parece improbable dada la oposición de Junts y el PP.

Como anunció en la víspera el líder de los republicanos catalanes, Oriol Junqueras, tras reunirse con Pedro Sánchez, Catalunya recibiría 4.686 millones más con el nuevo modelo en 2027, con un incremento de en torno al 12%. Sería el segundo mayor aumento en términos absolutos, solo por detrás de Andalucía (4.846 millones) y por delante de la Comunidad Valenciana (3.669 millones) y la de Madrid (2.555 millones).

Las únicas comunidades que se quedarían igual que con el modelo vigente serían Cantabria y Extremadura, pero el Estado las compensaría (con 46 y 216 millones, respectivamente) para que también resulten beneficiadas. Además, el sistema está pensado para que ambas comunidades mantengan su actual financiación por población ajustada (el factor clave del sistema, que corrige el número bruto de habitantes en función de distintos factores para tratar de reflejar el coste real de prestar los servicios públicos como base para repartir la financiación).

Ordinalidad

El Gobierno, así, pretende aprovechar la mayor parte del incremento de la recaudación tributaria provocado por el crecimiento económico (unos 30.000 millones de euros más en 2025) para que las comunidades aumenten sus recursos y la reforma sea 'vendible' en todos los territorios. Al mismo tiempo, el diseño del nuevo modelo le permitiría cumplir su pacto con ERC de que Catalunya ocupe el mismo puesto en el 'ranking' por recursos aportados y recibidos por habitante ajustado (el tercero, cuando ahora es la tercera por contribución y la décima por percepción).

Aunque el nuevo sistema "tendería" a que haya una mayor relación entre ambos conceptos en términos generales, no a todas las comunidades se beneficiarían de ese llamado 'principio de ordinalidad'. Así, por ejemplo, la Comunidad de Madrid seguirá siendo la que más aporta, pero la segunda por recursos recibidos por habitante ajustado. Cantabria se mantendría como la primera gracias a la aportación extraordinaria que realizará el Estado para que se quede como hasta ahora. La novedad es que las diferencias entre esa comunidad y el resto se reducirían (en el caso máximo, de los citados 1.500 a 700 euros).

Pese a destacar ese recorte y las cifras de incrementos brutos de recursos por comunidades, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha rechazado este viernes desvelar cómo quedaría el 'ranking' de financiación por habitante ajustado con el argumento de que "no hay ninguna necesidad de hacer un llamamiento a los agravios territoriales". "Las negociaciones en materia territorial no son un juego de suma cero, no es verdad que lo que gana un territorio lo pierda otro. Como ya vimos con la condonación de la deuda, todo el mundo se puede beneficiar", ha defendido.

Bases del sistema

El sistema propuesto por el Gobierno trata de simplificar y hacer más transparente la financiación autonómica frente al modelo anterior, pero no deja de ser complejo. Está compuesto por varias capas. La primera consiste en la definición de la población ajustada de cada comunidad, que fija el criterio para repartir los recursos entre las mismas. El Gobierno ha planteado cambios para tratar de recoger mejor las distintas circunstancias demográficas, socioeconómicas y geográficas de cada territorio, que impactan en el coste de prestar servicios públicos como la sanidad, la educación o la dependencia. Esta nueva definición implicará cambios en el reparto, pero Hacienda ha evitado explicarlos.

Una segunda capa es el incremento de recursos por la citada mayor cesión del IRPF y el IVA, mientras que se mantiene las de los impuestos especiales (58%) y otros tributos cuya recaudación está totalmente cedida. A partir de esas bases, el nuevo sistema introduce un mecanismo reformado de "nivelación horizontal" para la "solidaridad interterritorial", por el que las comunidades con una financiación por habitante ajustado por debajo de la media recibirán recursos que aportarán las que estén por encima con el objetivo de reducir las diferencias en esta variable clave. Con el actual modelo, solo Madrid, Baleares y Catalunya contribuyen, pero habrá que ver cómo quedaría con el nuevo modelo (cada comunidad aportará al sistema el 75% del diferencial entre su financiación por habitante ajustado y la media).

Además, también se reforma la "nivelación horizontal", es decir, la aportación que hace el Estado para paliar las diferencias entre comunidades. Así, la administración central aportaría 18.993 millones en 2027 para reducir en dos tercios la distancia de cada comunidad respecto a Madrid, la región que presenta la mayor financiación por habitante antes de la compensación extraordinaria que mantendría a Cantabria en cabeza.

Ajustes adicionales

Además, hay tres mecanismos adicionales de ajuste. El primero permitirá a las comunidades que lo soliciten recibir una parte de la recaudación del IVA generada por las pymes de su territorio, una medida destinada a cumplir un acuerdo con ERC. Si el IVA liquidado por las pymes de la comunidad supera el índice de consumo de la misma (es decir, si liquidan impuesto que han generado en otras comunidades), recibirán una transferencia por la diferencia. Pero en caso contrario, se les restará. La inyección adicional por esta vía podría ascender hasta 2.084 millones en 2027 y el aumento de recursos en un territorio no implica detraerlos de otro porque los aportará el Estado.

Además, habría un fondo climático dotado con 1.000 millones de euros, de los que dos tercios se repartirán bajo el criterio de población ajustada entre las comunidades mediterráneas, así como una aportación del Estado de 400 millones para mantener el "status quo" y que ninguna comunidad reciba menos recursos de los que habría obtenido con el modelo anterior. Asimismo, el Gobierno propondrá de forma paralela una reforma del Fondo de Compensación Interterritorial, no incluido en el sistema de financiación, para destinar otros 3.300 millones para apoyar a las comunidades con menor financiación por habitante y reducir aún más las diferencias.

Adicionalmente, el modelo propuesto permitiría que la financiación de las competencias no homogéneas (aquellas no comunes a todas las autonomías) pueda proceder de un mayor porcentaje de IVA cedido. También están previstas algunas mejoras en la gestión, como un sistema de entregas a cuenta más rápido (las comunidades que lo deseen podrán acogerse a un sistema de caja común en el que los ingresos del IRPF y otros impuestos llegarán de manera simultánea a la administración estatal y autonómica), el desarrollo progresivo de un modelo en red (para que las comunidades puedan ir asumiendo más competencias gestoras, siempre en coordinación con el Estado) y una ampliación de las competencias normativas autonómicas (pero con límites a definir para evitar la competencia o ‘dumping’ fiscal entre comunidades).

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