Denegada: una camarera con fibromialgia y artritis reumatoide pide la incapacidad permanente y no se la dan porque sus dolencias "cursan con brotes"

Una camarera que reclamaba una incapacidad permanente total por un conjunto de dolencias —fibromialgia, artritis reumatoide y otras patologías— ha visto cómo el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana confirmaba la negativa del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Pero la sentencia deja además una advertencia útil para muchos otros pleitos: en los recursos tras un primer fallo, los tribunales no aceptan “atajos” probatorios y citan expresamente el informe de un detective privado como ejemplo de prueba que no puede usarse para modificar hechos probados.

La Sala de lo Social del TSJ valenciano, en sentencia de 2025, resolvió el recurso de una trabajadora contra el INSS. El juzgado ya había desestimado su demanda en primera instancia y el tribunal autonómico confirmaba el fallo: no reconoce la incapacidad permanente total para su profesión habitual de camarera.

La trabajadora había solicitado la incapacidad en octubre de 2021 y, según recoge la resolución, no estaba entonces de baja. En la valoración del médico inspector se aludía a un grado limitado de afectación, destacando datos funcionales como “pinza, garra y cierre completo del puño”, y el Equipo de Valoración de Incapacidades concluyó que, partiendo de un cuadro residual de fibromialgia, no se apreciaban limitaciones que impidieran las tareas de la profesión.

En el juicio se repasó un historial amplio: seguimiento por artritis reumatoide, episodios de dolor con brotes, neuropatía leve por atrapamiento del nervio mediano (túnel carpiano) con férula para dormir, gastritis crónica, lipoma con molestias y un quiste de Baker en la rodilla izquierda, además de una caída en 2023 por fallo de rodilla. Y se describió también que el trabajo de camarera implica exigencia biomecánica y bipedestación prolongada.

Aun así, la Sala considera que ese cuadro no alcanza el umbral legal de incapacidad total. Subraya que las dolencias principales, como la artritis reumatoide y la fibromialgia, “cursan con brotes” y no constaba una afectación permanente que anulase la capacidad laboral; la afección al túnel carpiano se califica de leve, con posibilidad de tratamiento, y el resto de diagnósticos no se traduce —según el tribunal— en una limitación continuada para la bipedestación o el uso funcional de las manos.

Pruebas que no cuentan en un recurso de suplicación

Un punto jurídico importante del texto llega cuando el TSJ explica, casi a modo de “manual”, qué se puede y qué no se puede hacer al intentar cambiar los hechos en un recurso de suplicación como el de este caso. La sentencia recuerda que no se admiten pruebas propias de la vista oral si se presentan como si fueran documentos y lo dice con un ejemplo directo: “Tampoco son válidos… cuando aparezcan enmascaradas en forma documental, lo que es frecuente (… informe de detective privado…)”.

Traducido: aunque un informe privado pueda existir y tener su espacio en un procedimiento, no sirve como atajo para reescribir la historia fáctica en esta fase del recurso, porque el TSJ no puede convertirse en una “segunda primera instancia”. La Sala insiste en que la valoración de la prueba corresponde a la juez de instancia y solo se corrige si hay un error “patente y manifiesto” apoyado en documental o pericial concluyente, no por discrepancias interpretativas entre informes médicos.

Con esos criterios, el tribunal desestima el recurso y confirma la negativa a la incapacidad permanente total, sin imposición de costas.