Los agricultores españoles mantienen sus protestas pese a la paralización del acuerdo con Mercosur

No han tardado más que unos minutos las principales organizaciones agrarias españolas en reaccionar este miércoles a la decisión del Parlamento Europeo de remitir el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y lo han hecho con un aplauso ya que la medida implica que, a efectos prácticos, el pacto queda paralizado. Pero pese a la satisfacción que ha supuesto que los eurodiputados hayan escuchado sus demandas, el sector primario va a mantener las movilizaciones previstas para la semana que viene por toda España, ya que consideran que el documento de la Comisión que preside Ursula von der Leyen sigue dañando sus intereses.

"Hay que aclarar lo antes posible cómo se va a valorar el impacto del tratado, un aspecto que se ha pasado por alto y que para los productos de alimentos en Europa es clave", explica Carles Vicente, portavoz del sindicato Unió de Pagesos, mayoritario en Catalunya y miembro de la plataforma estatal Unión de Uniones (UdU). No se ha previsto, por ejemplo, "qué pasa con los productores europeos de fruta fresca de invierno, como los cítricos o las fresas, que ahora van a ver cómo, en esa temporada del año, en la que sus productos eran predominantes, pierden consumidores ante las variedades que lleguen de los países de Mercosur, donde será verano", ilustra Vicente.

Preocupa también, advierte el portavoz de Unió de Pagesos, que la Comisión Europea mantiene la potestad para proponer a los Estados la aplicación provisional del acuerdo comercial, algo que quedó autorizado de modo automático con la firma del pasado fin de semana. Aquí es donde entra en juego el Gobierno español. "Esa sería una maniobra especialmente perjudicial para los productores agrarios, que además vulneraría el control democrático que corresponde al Parlamento Europeo", observa la organización Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC).

Dos años para revisarlo

"Lo único cierto en este momento es que el Parlamento Europeo no puede aprobar el Tratado con Mercosur mientras no haya un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE, lo que puede retrasar entre 18 y 24 meses la entrada en vigor oficial", subraya el sindicalista. Es tiempo suficiente para tratar de clarificar el marco jurídico de una alianza comercial que, a su entender, les penaliza más que beneficia (aunque para algunos sectores, como el del aceite de oliva o el del vino, sea muy prometedor).

El campo español, como el europeo, exige que las condiciones para los productores del Mercosur sea "equivalentes y justas en materia sanitaria, ambiental y de bienestar animal" a las que se les exigen a ellos, es decir que se apliquen las llamadas cláusulas espejo en los intercambios comerciales para que no haya una competencia desleal.

Semana de protestas

Para el responsable del área de Tratados de Libre Comercio de COAG, Andrés Góngora, no queda otra que "seguir peleando" para que este acuerdo "se paralice definitivamente" y por eso mantendrán las movilizaciones que se extenderán por diferentes puntos del país la próxima semana. También desde la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), un portavoz ha indicado a la agencia EfeAgro que se mantiene con el calendario de movilizaciones previsto, ya que estas servirán para reclamar precios justos en el campo y una PAC con financiación suficiente y estructura propia.