Sepi teme una alianza entre Ángel Escribano, Joseph Oughourlian y los fondos por el control de Indra

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha endurecido su posición contraria a la operación corporativa que Indra estudia con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) —la compañía familiar vinculada a su presidente ejecutivo, Ángel Escribano, y su hermano Javier— por el equilibrio de poder que quedaría tras una eventual fusión. El Estado controla el 28% de Indra y teme que, si su participación se diluye y el paquete de los Escribano crece de forma significativa, el centro de gravedad de la compañía acabe dependiendo de alianzas variables con accionistas privados, incluidas gestoras y fondos internacionales. 

“La integración entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) todavía está en una fase inicial y aún debe pasar por muchos trámites”, explica una fuente cercana a la operación a EL PERIÓDICO para tratar de apaciguar los rumores de los últimos días que situaban al presidente de Indra, Ángel Escribano, fuera de la compañía. La compleja fórmula de integrar a la cotizada participada por el Estado y la compañía industrial madrileña ha entrado en nuevo escenario después de que al Gobierno le genere dudas la fusión por absorción a través de acciones entre ambas compañías y "aconsejase" a Indra estudiar otras fórmulas. Lo cierto es que una fusión más que duplicaría la participación de EM&E en la tecnológica, hasta el 31%, y el Ejecutivo se resiste porque no quiere perder el control y su presencia se recortaría al 22,5%. No obstante, este porcentaje es poco probable que se alcance puesto que obligaría a los hermanos Escribano a lanzar una OPA sobre la totalidad de las acciones, tal y como marca la ley del Mercado de Valores.

En ese escenario, la capacidad de SEPI para marcar el rumbo de una compañía considerada estratégica quedaría, en buena medida, supeditada a pactos con otros socios privados en juntas y consejos. El fondo británico Amber Capital de Joseph Oughourlian, que controla el 7,24% de las acciones de Indra, es un firme defensor de la fusión con el objetivo de convertir a la tecnológica en una compañía de mayor tamaño y que pueda optar a los grandes contratos europeos de armamento. Este peso en el accionariado y el distanciamiento reciente del inversor con Moncloa explican, en parte, las reticencias que han surgido en el Ejecutivo a la conveniencia de que la integración se haga a través de esta fórmula. Cabe recordar que Oughourlian es el principal accionista del grupo editorial Prisa con el 29,5% de las acciones, mientras que los hermanos Escribano cuentan con una pequeña participación en la misma compañía a través de su sociedad patrimonial EM&E Investments.

En el capital de Indra, además, en los últimos meses han aterrizado fondos de inversión que también pueden decantar decisiones en la junta de accionistas como los estadounidenenses David Shaw con un 3,5% de los títulos, T. Rowe Price con un 3% o Davidson Kempner con un 1%. Entre los grupos que han mostrado más recelos a la fusión se encuentra la compañía vasca Sapa, que lidera el presidente de la Real Sociedad Jokin Aperribay, con el 7,94% del accionariado. Desde la industrial, que fabrica motores de vehículos blindados, siempre han sido proclives a votar lo mismo que haga la SEPI.

Todas las opciones están sobre la mesa ahora mismo y los hermanos Escribano, aunque no es su primera opción y apuestan por la fusión en acciones, estarían considerando que Indra tome una posición de control en EM&E para así consolidarla en sus cuentas, como ya hizo el pasado verano con el consorcio que fabrica el 8x8 Dragon, Tess Defence. Ángel y Javier Escribano, asimismo, tampoco descartan deshacer el derivado que tienen en Indra contratado a JP Morgan por el que controlan el 14,3% de Indra si finalmente la negociación avanza hacia una fusión por absorción vía capital.

Del “campeón nacional” a una compra sin fusión

El Gobierno, por tanto, ha empezado a empujar fórmulas alternativas. La más clara: que Indra compre una participación mayoritaria de EM&E —en el entorno del 51%— mediante adquisición directa, en vez de una fusión que implique ampliación de capital y dilución del Estado. “SEPI tiene opinión sobre las distintas alternativas, unas las apoyaríamos y otras no. Pero esa decisión se tomará cuando el asunto sea sometido al consejo de administración”, añaden fuentes del brazo inversor del Estado.

Desde Moncloa justifican ahora que una fusión por absorción puede generar demandas de inversores minoritarios y reclamaciones ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por el “conflicto de interés” reconocido por el propio consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos. La cotizada, pese a este riesgo, ha creado una comisión ad hoc de consejeros independientes para supeditar la operación, cuenta con los abogados de Garrigues para que no haya ningún atisbo de irregularidad en el proceso y ninguno de los hermanos acude a las reuniones del consejo de administración donde se habla de la integración.

Pese al riesgo reputacional, ni la oposición al Gobierno de PP y Vox, ni las patronales, las asociaciones de pequeños accionistas o las compañías competidoras han alzado la voz contra la integración por lo que llama la atención el cambio de guion en las altas esferas del Ejecutivo. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en cualquier caso, mostró este jueves “prudencia”, aseguró que el Gobierno está en la multinacional para "dar estabilidad a largo plazo" y remarcó que "es el consejo de administración de Indra quién tomará las decisiones oportunas".

Entre los accionistas minoritarios solo se ha significado contra la operación el empresario Manuel Revuelta, presidente de Axpe Consulting, en las dos últimas dos juntas contra lo que califica de “quebranto patrimonial”. “EM&E no es una empresa con una trayectoria industrial consolidada ni con una base productiva robusta. No existe un historial industrial relevante antes de 2021, y muchos de sus contratos han sido adjudicados sin competencia, lo que pone en duda la sostenibilidad y transparencia de su modelo de negocio”, denunció en la reunión del pasado mes de junio.

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