Una auxiliar administrativa de 29 años logra una pensión de incapacidad de más de 800 euros al mes de por vida por una depresión

Tiene 29 años padece una depresión y había conseguido que el Instituto Nacional de la Seguridad Social le concediera una ayuda que ahora los tribunales le retiran. Es el caso de una auxiliar administrativa de Cantabria que acaba de recibir un mazazo judicial al retirarle los magistrados que se han encargado de ver su caso la paga de más de 800 euros mensuales que estaba cobrando. El suceso lo tuvo que estudiar el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Fueron estos jueces los que, a su vez, retiraron la sentencia que había reconocido a esta joven una incapacidad permanente total para su profesión de auxiliar administrativa en la rama comercial. Le habían otorgado, además, una pensión del 55 por ciento que consiguió gracias al Juzgado de lo social número 5 de Santander y que ahora va a dejar de llegarle a su cuenta bancaria.

Fue el propio Instituto Nacional de la Seguridad Social (con su Tesorería General) el que argumentó que las dolencias físicas y psíquicas (básicamente una depresión) no alcanzaban la gravedad suficente para impedirle desarrollar su trabajo habiutal. La mujer vendía móviles en un centro comercial un trabajo para el que, ahora entienden los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, sí que está capacitada para ejercer.

La joven presentaba un trastorno "persistente del ánimo" con síntomas como tristeza, apatía, irritabilidad, ansiedad matutina, aislamiento social y "carga terapéituica elevada". Además tenía "alteraciones lumbares con protusiones discales y estenosis leve del canal, que le provocaba lumbalgia ocasional". El Tribunal discrepta de que esas dolencias le impidieran trabajar. Los magistrados encargados del recurso impuesto por el juzgado de lo social subrayan que el informe médico "califica las limitaciones como de grado moderado" y señalan que la afectación laboral, en el caso de existir, se produciría en "profesiones de alto requerimiento mental o especial responsabilidad". No es el caso de esta técnico auxiliar de venta de móviles en un centro comercial. Los jueces van aún más allá: el tributal considera que la patología lumbar no presenta alteraciones significativas que impidan su actividad.

Ahora los jueces no solo le quitan la pensión sino que le rechazan su opción de que le aumentaran lo que cobraba para reconocerle una pensión de incapacidad absoluta. En el momento de la retirada de la pensión la mujer cobraba, según se recoge en la sentencia, más de 800 euros.