El Gobierno aprueba pagar a los trabajadores despedidos antes de la jubilación: es oficial

Quedarse en el paro es, en la vida laboral, el mayor drama para el trabajador. Pero más aún si le quedaban pocos años para poder jubilarse. Buscar trabajo a cierta edad y conseguir los años cotizados necesarios para jubilarse (en 2026, la edad legal de jubilación ordinaria en España se sitúa en 66 años y 10 meses para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses. Si se han cotizado 38 años y 3 meses o más, es posible jubilarse a los 65 años con el 100% de la pensión) resulta una complicación para muchos parados.

Los trabajadores mayores de 55 años han registrado por primera vez en España una tasa de paro superior a la del grupo de 25 a 54 años, al situarse en el 9,8% en 2025 frente al 9,4% de la cohorte intermedia, según un informe de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) sobre la calidad del empleo de la población mayor, elaborado a partir de microdatos de la EPA del INE.

Este empeoramiento rompe una tendencia histórica en la que los sénior presentaban menos desempleo que el resto de trabajadores y revela un deterioro relativo "muy sustancial" en las últimas décadas. El estudio distingue entre quienes han logrado mantener una trayectoria laboral continuada y quienes pierden su empleo a partir de los 55 años, acceden por primera vez al mercado laboral o retornan tras un periodo de inactividad, siendo estos últimos los que concentran la mayor precariedad. La duración del desempleo también evidencia la desventaja de los sénior, ya que el 57,9% de los parados de 55 o más años son de larga duración, frente al 36,1% en el grupo de 25 a 54 años y al 17,8% entre los jóvenes de 16 a 24 años.

Para proteger a los trabajadores que han perdido su puesto con la jubilación a la vuelta de la esquina la Comunidad de Madrid ha activado nuevas ayudas para proteger a estos ciudadanos. El sistema de financiación de estas ayudas es compartido entre la empresa y la Administración regional. Según el esquema previsto, la empresa solicitante asume el 60% del coste de la ayuda, mientras que el 40% restante corre a cargo de la Comunidad de Madrid.

Esta fórmula pretende implicar a las compañías en la protección de los trabajadores afectados por procesos de reestructuración, al mismo tiempo que permite a la Administración ofrecer una cobertura económica en situaciones de especial vulnerabilidad laboral.