Los sindicatos avanzan cuatro millones de euros y crean una caja de resistencia para financiar huelgas

Los sindicatos CCOO y UGT han creado dos cajas de resistencias, dotadas de cuatro millones de euros en total, para financiar huelgas durante los dos próximos años. Los secretarios generales de ambas organizaciones han anunciado este martes en rueda de prensa esta iniciativa para promover paros y conflictos laborales durante los próximos años, especialmente en aquellos sectores con salarios más bajos y donde las patronales se opongan a aceptar incrementos retributivos.

CCOO y UGT también han lanzado un ultimátum al Gobierno y le han adelantado que o bien aprueba el nuevo registro de jornada -pendiente desde hace meses- antes del 31 de julio o ya no negociarán más esta legislatura. Desde el Ministerio de Trabajo apuran los plazos para que esa reforma reglamentaria, que pretende acotar las horas extras no pagadas ni compensadas, se apruebe en los últimos consejos de ministros de dicho mes. No obstante, la nueva obligatoriedad de controlar el horario por vía digital, quedando vetado el papel y boli, no entraría en vigor de manera inmediata, sino que habría un periodo transitorio que todavía está pendiente de concretarse.

"Lo hemos querido hacer de manera conjunta, aunque partiendo de que cada organización tiene su fondo y sus afiliados. Pero estará coordinado", ha explicado el líder de UGT, Pepe Álvarez. Ambas organizaciones ya contaban con cajas de resistencia, una práctica habitual también en otras centrales, pero ahora la novedad consiste en coordinar acciones para tratar de maximizar la presión en los distintos sectores.

La idea es impulsar conflictos y con esos cuatro millones de euros abonar el equivalente al salario mínimo interprofesional diario a todos aquellos trabajadores que participen en las movilizaciones por cada día que se alargue el conflicto y estén afiliados a uno de los dos sindicatos. Los cuatro millones de euros anunciados para financiar el fondo saldrán de "la cuota de los afiliados", han concretado los dirigentes.

Actualmente, el grado de conflictividad laboral en España es mínimo. Durante el primer trimestre de 2026, según datos contabilizados por la CEOE, se produjeron un total de 85 huelgas en el sector privado, en las que participaron 7.755 personas y se pierden 205.224 horas de trabajo. El año pasado se perdieron el doble de horas trabajadas. Los sindicatos quieren darle la vuelta a la tendencia y incrementar esa conflictividad para tratar de obtener mayores incrementos salariales en las mesas de negociación con la patronal.

Las centrales consideran que la coyuntura lo reclama, en tanto que la actividad económica va al alza, pero esa riqueza generada no se está repartiendo de manera equitativa. "La situación de los márgenes empresariales es excelente, digan lo que digan las patronales, están ganando más que nunca y de forma muy homogénea. Explica, en parte, el crecimiento económico que estamos teniendo", pero eso "es perfectamente compatible con que entre 9 y 10 millones de personas tienen salarios estancados. Es inadmisible", ha afirmado el líder de CCOO, Unai Sordo.

Ultimátum al Gobierno

Palo para la patronal, por un lado, y amenaza también para el Gobierno, por el otro. Entre las cúpulas sindicales se ha instalado una sensación de hartazgo con el Ejecutivo dado el bloqueo de diversas iniciativas laborales pactadas. Una de las que más incomoda es el nuevo registro de jornada, un cambio que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, prometió el septiembre pasado tras el fracaso de la ley de reducción de jornada. Díaz pretende por la vía reglamentaria -que evita el Congreso, donde no tiene mayoría- obligar a todas las empresas a registrar la jornada de sus empleados de manera digital y que dicho registro sea accesible en remoto y en cualquier momento para la Inspección de Trabajo, con el objetivo de acotar las horas extra no pagadas ni compensadas.

Desde entonces, el Ministerio de Trabajo ha ido haciendo trámites para sacarlo adelante, pero las divisiones dentro del Gobierno -con el Ministerio de Economía en contra- y un informe negativo del Consejo de Estado han ido retrasando su entrada en vigor. "Ultimátum para el Gobierno. O el 31 de julio está resuelto todo lo que tiene que ver con el registro de jornada o que no vuelvan a contar con las organizaciones sindicales", ha afirmado Sordo. "Es absolutamente necesario que se ponga en marcha. Los sectores que van a estar trabajando de forma más intensa este verano son aquellos en los que hay más abuso en cuestión de jornada", ha añadido Álvarez.

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