El Gobierno sigue preparando el desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz pese a aprobar su prórroga hasta 2030

El Gobierno aprobó hace dos semanas la ampliación de la licencia de funcionamiento de la central nuclear de Almaraz. El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, autorizó en pleno agosto el aplazamiento del cierre de la planta cacereña hasta junio de 2030, frente a las fechas previstas hasta ahora que establecían la clausura de sus dos reactores en 2027 y 2028. A pesar de la prórroga, el Ejecutivo pretende seguir con los trabajos que ya había iniciado para diseñar el cierre y desmantelamiento de la central.

Iberdrola, Endesa y Naturgy -que comparten accionariado en el la central de Almaraz- solicitaron la ampliación de la vida de la planta sólo hasta 2030, porque daban por hecho que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no pondría grandes exigencias a la prórroga dado que la anterior gran revisión de seguridad de la instalación tenía validez precisamente hasta ese año.

Iberdrola y Endesa han manifestado su intención de solicitar prórrogas para el resto de centrales nucleares, cuyas fechas de cierre están previstas entre 2030 y 2035. Desde el Gobierno se insiste en que la ampliación de Almaraz no condiciona la fecha de clausura del resto de plantas y que el apagón nuclear total en España se mantiene para 2035. Y el plan oficial pasa en los próximos años en continuar la preparación del cierre de Almaraz y, cuando toque, también del resto de centrales.

Prorrogar y preparar el cierre

Enresa, la sociedad pública encargada de gestionar los residuos radiactivos y la demolición de las plantas, adjudicó el pasado marzo un contrato millonario para diseñar los trabajos de desmontaje de la central nuclear de Almaraz La sociedad pública, orgánicamente dependiente de Transición Ecológica, contrató por 27,4 millones de euros la ejecución del desarrollo la ingeniería de diseño, de los proyectos de obra y la preparación de la documentación para conseguir la autorización del desmantelamiento de la central de Almaraz.

Y pese a la prórroga autorizada por el Gobierno y que el cierre se ha pospuesto hasta 2030, se continuará con los trabajos de cara al desmantelamiento de la planta. Enresa, de hecho, considera “plenamente justificada” la continuidad de estas labores dada la corta duración de la prórroga concedida, de apenas un año y medio sobre la fecha prevista para uno de los reactores y de dos años y medio para el otro.

“El servicio de ingeniería para el desarrollo de la documentación del plan de desmantelamiento se encuentra entre las labores que fueron iniciadas para dar cumplimiento al 7º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) y cuya continuidad está plenamente justificada, igualmente, en el contexto que ahora se ha planteado, al desarrollarse dentro del plazo establecido en el mismo”, sentencian fuentes oficiales del grupo estatal a EL PERIÓDICO.

Las líneas estratégicas fijadas por Enresa en base a la regulación nuclear vigente establecen que las labores previas al desmantelamiento de una central nuclear “se inicien entre tres y, preferentemente, cinco años antes de la fecha de cese definitivo” para agilizar el proceso. El grupo estatal sostiene que esos plazos de antelación ya se cumplen (se siguen cumpliendo) y continuará preparando como hasta ahora el desmontaje de Almaraz a pesar de la decisión del Gobierno de prolongar la vida de la central.

Una vieja conocida de Almaraz

Tras una accidentada licitación (con una prolongadísima fase de anuncio previo, con una ampliación de plazos para que no quedara desierta, con la exclusión de uno de los candidatos…), Enresa adjudicó hace unos meses el contrato para diseñar el cierre y desmantelamiento de Almaraz por un importe final de 27,4 millones de euros (impuestos incluidos). El ganador del contrato fue el consorcio integrado por Westinghouse Electric, uno de los grandes grupos industriales históricos del sector nuclear, y la corporación española Empresarios Agrupados Internacional.

La estadounidense Westinghouse es una vieja conocida de la central nuclear cacereña, tras haber participad con un papel protagonista en su construcción y en su puesta en marcha en la década de los setenta y los primeros ochenta del siglo pasado. El grupo norteamericano fue el encargado de diseñar y suministrar el corazón de la central cacereña, sus dos reactores, y también se ocupó de facilitar los alternadores y la primera carga de combustible nuclear para poner en marcha la central (Almaraz I en 1981 y Almaraz II en 1983).

Preparar el resto de clausuras

El Gobierno ha insistido en las dos últimas semanas en que la prórroga concedida es “limitada” (por su poca extensión), “coyuntural” (por la incertidumbre generada en los mercados energéticos por la crisis de Oriente Medio) y “acotada” (sólo para Almaraz). El Ejecutivo subraya que el objetivo es mantener el resto de fechas de cierre previstas para las demás centrales en los próximos años y no mover más allá de 2035 la última de las clausuras programadas. La tesis gubernamental es que si continúa la expansión de las renovables en los próximos años y si se logra desplegar capacidad de almacenar electricidad (con grandes baterías o centrales hidráulicas de bombeo), no será necesario aprobar más prórrogas de centrales nucleares.

La intención de las grandes eléctricas, singularmente de Iberdrola y Endesa (la posición de Naturgy y EDP tiene otros matices), es pedir la prolongación de la vida de todas las centrales nucleares en los próximos años, y que las renovaciones de licencia no sean tan limitadas como la de Almaraz, sino con una duración de 10 años.

Desde el sector eléctrico se defiende que el aplazamiento de la clausura de Almaraz debe desatar un ‘efecto dominó’ en todo el parque nuclear nacional que obligaría a reordenar el cierre del resto de centrales nucleares para no solapar los trabajos de desmantelamiento. Un escenario que desde el entorno gubernamental se niega, a pesar de que ahora mismo está previsto para 2030 el cierre de cuatro reactores: Almaraz I y II, Ascó I (Tarragona) y Cofrentes (Valencia).

“La coincidencia en el tiempo del cese de operación de varios reactores no supone ningún obstáculo insalvable. Enresa y el conjunto del sector cuentan con cuatro años para seguir preparándose para las tareas a llevar a cabo en el año 2030. Los procesos de cierre y operación y desmantelamiento de las centrales nucleares son procesos largos (que pueden durar de 10 a 15 años) y siempre iban a coincidir parcialmente en el tiempo”, subraya la empresa pública.

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