Responsabilidades

Estas semanas un informe ha sido objeto de debate. El realizado por la inspección general de servicios a raíz del trágico fallecimiento de cinco mineros en Cerredo. Ante la avalancha de posicionamientos que inundan los medios y las redes estos días, toca reflexionar. Reflexionar y actuar.

Las 317 páginas del informe detallan una cantidad inasumible, en un estado garante como debe ser el nuestro, de irregularidades, vacíos e incoherencias. Una evaluación exhaustiva de procedimientos y legislación que dibuja un marco obsoleto y confuso; una falta de ordenación normativa acorde a los tiempos actuales; y un déficit de estructura y personal que dificulta garantizar la seguridad de quienes viven expuestos a los peligros de una actividad que definió durante años la identidad de nuestra tierra.

Como siempre, esto llega tarde. Presuponemos que la implicación en la vida pública de quienes dan un paso al frente para liderar lo común responde a un interés por mejorar y velar por todos aquellos asuntos que nos conciernen. No es tarea fácil. La administración se ve atrapada en muchas ocasiones en una maraña de procedimientos y trámites que la ralentizan a la hora de mejorarla y evolucionarla. Un entramado complejo que tiende a justificarse por el carácter garantista que debe tener.

Pero esto, lejos de ser una justificación, es una evidencia clara de cómo hemos bajado los hombros ante los cambios necesarios que se deben acometer. No hacerlo supone una ineficacia que exige, cuanto menos, responsabilidades claras y asumidas.

El informe ya apunta al papel que deberá jugar la fiscalía. Existen indicios que parece imposible hayan podido ser obviados y que, de haberse atendido, podrían haber evitado el final que todos conocemos. Y eso se dirimirá por los cauces establecidos. No es una cuestión de conciencia, será de justicia.

Ahora bien, el fallo de la causa será esclarecedor, aunque no reparador. Lo que cuesta entender es, a la vista de las evidencias aportadas en el informe, qué nivel de responsabilidad política deberá asumirse realmente.

Uno tiene la extraña sensación de que el liderazgo necesario que conlleva la responsabilidad pública, en ocasiones, se ejerce de puntillas. No se abordan asuntos de calado, se gestiona más que se transforma y nos acabamos atrincherando en una responsabilidad más expositiva que activa. El poder conlleva una responsabilidad tanto en la obra como en la omisión. Y cuando esto se ejerce mal, toca dejar paso a quien lo pueda hacer sin excusas.

No sé qué ocurrirá en las próximas semanas y meses. Lo que sí tengo claro es que la mejor manera de transmitir confianza es ser honestos y contundentes. Y esa contundencia no debe regirse solo en una instrucción. El poder ejecutivo y legislativo deben actuar. La justicia dirá quién es culpable. Pero la política debería preguntarse quién no estuvo a la altura. Y actuar en consecuencia.

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