Una reforma de la Constitución para blindar los derechos sociales y darle el reconocimiento de fundamentales para evitar que queden al albur de las decisiones de los distintos Gobiernos. Esta es la iniciativa que lanzó ayer la ministra de Sanidad, la asturiana María Luisa Carcedo, número dos al Congreso por Asturias, en un encuentro sobre el "Tercer Sector y nuevos escenarios políticos: cara a cara entre ONG y partidos".

Luisa Carcedo justificó tocar la Carta Magna para "evitar que los derechos sociales sufran mermas", aunque admitió que una medida de ese calado requiere de consenso. La Ministra vinculó la necesidad de blindar los derechos sociales con el aumento de la desigualdad que se produjo durante los años de la recesión económica. "La desigualdad se debió a la caída de las rentas más bajas de la escala; el 60 por ciento de las rentas de los escalones más bajos cayeron, por lo que las medidas deben ir tendentes a reducir esa desigualdad". El PSOE lleva en su programa electoral, entre otras propuestas, el refuerzo del salario mínimo interprofesional, un IRPF más distributivo y reforzar el empleo público, subrayó la ministra.

El secretario general de la FSA, Adrián Barbón, por su parte, se refirió a la conveniencia de blindar las pensiones, incorporando esa garantía también a la Constitución y alertó del riesgo que, a su juicio, supondría un gobierno tripartito de PP, Ciudadanos y Vox. "Estamos en un momento histórico. O avanzamos 20 años o retrocedemos 40", afirmó Barbón tras hacer hincapié en que esos partidos hablan de la conveniencia de replantearse el sistema de pensiones cuando "lo que hay que hacer blindarlas como un derecho fundamental".