El PSOE ha hecho un nuevo guiño a los partidos nacionalistas, al introducir en su programa electoral la posibilidad de modificar los estatutos de autonomía, en lo que supondría construir un nuevo modelo territorial, con más autogobierno para aquellas comunidades que así lo reclamen. La promesa electoral, que ha cosechado un frontal rechazo por parte de algunos sectores del partido, aboga por "el reconocimiento a las singularidades de los distintos territorios en sus propios estatutos de autonomía", lo que podría dejar la puerta abierta, incluso, a recuperar en gran medida el estatuto catalán reformado que rechazó el Tribunal Constitucional.
La propuesta deja vía libre a la modificación del Estatuto de Autonomía de Asturias para, por ejemplo, darle al asturiano rango de lengua oficial, como defienden los nuevos gestores de la Federación Socialista Asturiana (FSA), con Adrián Barbón a la cabeza. Una aspiración que rechazan los anteriores mandatarios del partido, incluido el presidente del Principado, Javier Fernández.
"Se aspira a una definición más precisa de los aspectos identitarios, históricos, culturales, políticos y lingüísticos, así como a una organización institucional y territorial adaptada a las peculiaridades de cada comunidad en cuanto no afecte al funcionamiento de otros territorios", recoge el programa socialista para el 28A, que rechaza el derecho a la autodeterminación. Pese a que no se cita ninguna comunidad, fuentes del partido señalaron que la propuesta supone un "intento" de "encajar a Cataluña" dentro del Estado, y "eludir" el referéndum que reclaman los independentistas.
Las palabras del propio presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en una entrevista concedida el lunes a "Antena 3" inciden en ese camino hacia un nuevo modelo territorial: "Queremos profundizar ese autogobierno (el de Cataluña), reforzar el Estado autonómico y mejorar dificultades del modelo territorial". En cuanto a la "plurinacionalidad", defendida por el PSOE, Sánchez señaló: "Siempre reivindico el articulo 2 de la Constitución: la nación española es indisoluble y reconoce la autonomía de las comunidades autónomas y las nacionalidades. Esa pluralidad tiene que estar reconocida".
Pero no todos dentro del PSOE lo ven igual. Algunos sectores estiman que esta promesa electoral supone una "nueva cesión" a los independentistas y "un paso más" para el desarrollo del "Acuerdo de Granada", sellado en julio de 2013 entre el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y el PSOE, en el cual se apostó por una revisión "profunda" del Estado de las autonomías, para conducirlo hacia el federalismo. Aquel acuerdo fue suscrito por los 17 barones socialistas, aunque el PSC anunció que continuaría defendiendo el "derecho a decidir de Cataluña" y una consulta "legal y pactada" con el Estado.
"Inestabilidad"
El PSOE ha incluido asimismo en su programa electoral otra supuesta "concesión" a los nacionalistas catalanes: la necesidad de una "previsión constitucional de los principios que deben regir el sistema de financiación de las comunidades autónomas, como ocurre en los demás estados descentralizados". Porque la ausencia de esa previsión ha provocado, según los socialistas, "inestabilidad" e "insatisfacción" con el sistema de financiación autonómica por parte de casi todas las comunidades, entre ellas Asturias, cuyos representantes políticos consideran que está "discriminada" con respecto, por ejemplo, a Cataluña y el País Vasco.
"La Constitución debe garantizar un sistema en el que los gobiernos autonómicos sean responsables de sus propios presupuestos ante el electorado, así como de la eficiencia de la gestión y del gasto", señala el programa del PSOE, que para abordar esta situación plantea tres líneas a seguir: incluir en la Constitución las "decisiones fundamentales" sobre el reparto de las competencias financieras y los principios que regirán la distribución de los recursos; establecer, también en la Carta Magna, la forma de operar de los mecanismos de nivelación financiera y de garantía del principio de solidaridad territorial; y, por último, garantizar la participación de los territorios en la concreción del modelo, a través de "una configuración distinta" a la que proporciona el actual Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Algunas fuentes señalan que este modelo abriría la posibilidad de establecer "cupos" similares a los derivados Concierto Económico Vasco y del Convenio Navarro. Una aspiración que han manifestado en diversas ocasiones los dirigentes nacionalistas de Cataluña.
