Las verdades adquiridas son más difíciles de desmontar que de demostrar, pero aquí se comprobará que la aparente mayoría absoluta de 176 diputados en el Congreso es un bulo de consolidada reputación. Mientras la España teleadicta se solazaba con la multiplicación de los debates electorales, se difundía con sordina el probable respaldo de Oriol Junqueras a Pedro Sánchez, muy pronto repicado por los hijos de Puigdemont. Estos apoyos con veladuras facilitan la continuidad del PSOE en La Moncloa, a falta de determinar la magnitud del alivio que comportan.

El feroz recuerdo del AndaluCIS, que no previó el hundimiento de Susana Díaz, obliga a ponderar entre paréntesis cualquier encuesta. El único dogma del futuro Congreso es la treintena de diputados regionalistas, nacionalistas o independentistas. No suponen un bloque homogéneo, pero solo un notable esfuerzo de imaginación permite asociarlos a un Gobierno comandado por Pablo Casado y aherrojado por Ciudadanos y Vox. Hasta Abascal hablaría catalán en la intimidad con tal de galopar hacia La Moncloa, pero la flexibilidad del voto soberanista tiene un límite.

Por lo tanto, los treinta diputados de partidos que no se presentan en todas las circunscripciones se hallan genéricamente más cercanos a Sánchez que a sus rivales. Pueden catapultar explícitamente al presidente en funciones, mediante un marcador que supere los 175 diputados del ecuador de la cámara. Y a diferencia de la moción de censura del pasado junio, en la segunda votación de investidura pueden limitarse a una abstención desdeñosa, que favorecerá igualmente al PSOE sin erosionar la fe inquebrantable en los principios del referéndum.

Si los socialistas juegan las bazas postelectorales con mayor habilidad que los debates televisivos, están en condiciones de descontar a treinta de los 350 diputados. Lo cual deja 320 escaños en juego, con la mayoría absoluta alrededor de los 160 en la coalición de PSOE con Podemos, que no con Ciudadanos. En energía y en política, un diez por ciento de ahorro es mucho.