La candidatura de Carles Puigdemont y sus exconsejeros Antoni Comín y Clara Ponsatí a las elecciones europeas ha abierto una importante controversia judicial, que hoy deberá resolver el Tribunal Supremo. Con el informe de la Fiscalía en contra de la decisión de una Junta Electoral Central (JEC) que, dividida, resolvió anular la aspiración de todos ellos a convertirse en eurodiputados, los titulares de los juzgados madrileños ante los que los tres recurrieron su exclusión se inhibieron ayer en favor del Tribunal Supremo. La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo será la que hoy tendrá que fijar criterio jurídico sobre una cuestión que ya comienza a teñirse con intencionalidades políticas, al vincular el PP la posición del Ministerio Público con los posibles intereses del Gobierno de Pedro Sánchez.

Los juzgados de lo Contencioso-Administrativo 2, 9 y 21 estaban emplazados ayer a resolver los recursos de Puigdemont, Ponsatí y Comín contra la decisión de la JEC de excluirlos de la lista de JxCat al Parlamento Europeo. La Junta Electoral, con cuatro votos particulares en contra, resolvió que la candidatura constituye una "burla" a la ley al pretender concurrir a los comicios pese a estar huidos de la justicia española. En su resolución añade además que los tres aspirantes incumplen la normativa electoral al no ser residentes de las localidades en las que están empadronados, cuando la inscripción en el censo electoral es "un requisito indispensable" para ejercer el derecho al sufragio activo y también al pasivo.

Tras el recurso de los tres aspirantes, la Fiscalía, en coincidencia con los argumentos de los cuatro votos particulares de los miembros de la JEC, se opuso a su exclusión de la candidatura por entender que la interpretación de la Junta Electoral restringe el derecho fundamental al sufragio pasivo de los recurrentes. El Ministerio Público invoca en su posición la doctrina del Tribunal Constitucional, que "impone el deber de optar por la interpretación más favorable" al ejercicio de los derechos fundamentales. Con esa controversia sobre la mesa, los juzgados encargados de resolver optaron ayer por inhibirse en favor del Tribunal Supremo, al que también recurrieron los demandantes. La alta instancia judicial deberá pronunciarse hoy mismo sobre un recurso que plantea cuestiones que afectan tanto a la inelegibilidad de los candidatos como a la proclamación de las candidaturas. Ambos aspectos se encuentran muy relacionados, por lo que los jueces de lo Contencioso Administrativo de Madrid, para evitar posibles resoluciones contradictorias, consideraron que debe ser el Tribunal Supremo quien establezca el criterio jurídico que lo resuelva.

"No nos apartarán de la campaña, ni nos apartarán de la política", manifestaba ayer Carles Puigdemont en rueda de prensa en Bruselas. "Me comprometo a ejercer de eurodiputado y espero el compromiso con el respeto a las decisiones de los ciudadanos y al Estado de derecho, estoy convencido de que el Estado español no cruzará esa línea roja", señaló. La postura de la Fiscalía favorable a su recurso prueba que "no ha podido resistir la vergüenza" de lo que considera una vulneración de sus derechos fundamentales, según el expresidente catalán.

El líder del PP, Pablo Casado, critica en cambio que "la Fiscalía poniéndose del lado de Puigdemont después de que nosotros hubiésemos presentado una demanda ante la Junta Electoral" evidencia que "el Gobierno de España se pone del lado de los que están fugados de la Justicia". Los populares instaron ayer a Pedro Sánchez a explicar la posición del Ministerio Público en esta controversia jurídica.