¿Por qué aún no se ha implementado el voto electrónico en España?

Vuelve a ser año de elecciones y con él regresa un viejo debate. ¿Por qué aún no se ha implementado el voto electrónico en España? Sin duda, en plena era de la tecnología, la informática le gana cada vez más terreno al papel y resulta chocante que algo tan trascendental como las elecciones se siga limitando al método clásico. Sin embargo, la cuestión es más compleja de lo que parece.

Un tema que lleva más de dos décadas planteándose

Aunque parezca sorprendente, los primeros intentos de poner en marcha el voto por correo en España datan de finales de los 90. En esa época se creó el Demotek, un sistema desarrollado por el Gobierno vasco y que llegó a usarse en varios procesos electorales como las elecciones a la presidencia del Athletic Club de Bilbao o los comicios de la Universidad del País Vasco. Fue también utilizado en 2003 durante las elecciones autonómicas de Cataluña a modo de prueba piloto para los votantes catalanes residentes en el extranjero, pero nunca de forma oficial. No obstante, Cataluña es la comunidad autonómica que más seriamente se ha planteado la implementación del voto electrónico, llegando incluso a aprobar en 2018 un anteproyecto de ley que pretendía instaurarlo para los residentes en el extranjero en las elecciones y procesos participativos competentes de la Generalitat. Sin embargo, este se vio paralizado por la aplicación del artículo 155. También hubo tímidas pruebas en otras comunidades, como en las elecciones al Parlamento de Galicia en 2005 o en Andalucía, en el municipio de Jun, en 2004, pero no prosperaron.

A nivel estatal, en las elecciones generales de 2004 se realizó la primera prueba de voto electrónico remoto en tres mesas. Un año más tarde, con ocasión del referéndum de la Constitución Europea, se realizó un ensayo de voto electrónico remoto por Internet, sin validez, días previos a las elecciones en un municipio de cada una de las provincias. La participación fue escasa.

Posibles ventajas e inconvenientes de su puesta en marcha y perspectivas de futuro

A pesar de los infructuosos intentos por llevar a cabo su materialización, no son pocos los que defienden el uso del voto electrónico valiéndose de los siguientes argumentos:

• El principal y más evidente: garantizaría una mayor participación. Todas aquellas personas con problemas de movilidad podrían ejercer su derecho a voto fácilmente desde casa, sin ayuda de terceros. Además, previene errores involuntarios en la votación, como seleccionar más opciones de las debidas en la papeleta.
• Sería el método más cómodo y eficaz para los españoles residentes en el extranjero.
• Mayor eficiencia en el proceso electoral, al facilitar en gran medida el recuento de los votos y la publicación de los resultados electorales.
• Gran ahorro económico, al reducir costes relacionados con el voto en papel y postal. Esto resultaría especialmente interesante en el caso de que se dé una repetición electoral como la de 2019, que conllevó un gasto público extra de casi 140 millones de euros.

Sin embargo, los inconvenientes de su implementación parecen pesar más en la balanza:

• El paso fundamental para lograr la validación del voto electrónico sería cambiar la ley electoral para poder equiparar los votos electrónicos con los votos en papel. Esto exigiría un consenso político que, dada la situación actual, es prácticamente imposible de encontrar.
• La política es un generador continuo de desconfianza en la sociedad. Por lo tanto, el voto electrónico supondría otro factor más que acrecentaría considerablemente este sentimiento. Leemos habitualmente noticias relacionadas con hackeos y fugas de información en varias de las multinacionales más poderosas del mundo, por lo que, ante la más mínima duda o situación extraña, el votante recelaría inmediatamente del sufragio digital.
• La inversión inicial necesaria para garantizar un impecable funcionamiento del voto electrónico sería inviable. El gobierno necesitaría contratar a personal especializado para enfrentarse a posibles problemas técnicos o ataques informáticos. Además, sería necesario mantener el método de votación clásico para no dejar al margen del proceso electoral a aquellas personas con dificultades para utilizar aparatos electrónicos, por lo que realmente no existiría un ahorro de costes materiales y postales.
• El coste de un error en el sistema electrónico sería inasumible. El Estado no se puede arriesgar a comprometer la confianza y una eventual deslegitimación del proceso alrededor del cual gira la democracia.

Todos estos factores parecen indicar que la implementación del voto electrónico en España es, a día de hoy, una quimera. De hecho, en 2017, el propio Gobierno descartó implantarlo tras un ciberataque al gabinete de Macron en las vísperas de las elecciones presidenciales de Francia.

Precedentes positivos y negativos en el resto del mundo

A pesar de la desconfianza en el sufragio electrónico, en Europa ya se ha asentado con éxito en Suiza y, sobre todo, en Estonia, país de referencia internacional en la materia. De hecho, gracias a su puesta en marcha, el país báltico logró aumentar en gran medida la participación, alcanzando un 50% en las elecciones de 2019. Fuera de Europa, el voto electrónico también cuenta con gran aceptación en Brasil.

Sin embargo, resulta muy desalentadora la experiencia de Bélgica que, a pesar de ser el país pionero en implementar sistemas de voto electrónico en 1989, se vio obligada a suspenderlo en 2014. El detonante fue que, a pesar de haber empleado un sistema cien por cien automatizado y verificable, durante las elecciones al Parlamento Europeo, Regional y Federal, un fallo informático obligó a anular 2.200 votos, el 0,06% de todos los emitidos. Vistos posibles peligros como este, países como Reino Unido o Irlanda han dejado de apostar por este sistema, mientras que Alemania ha decidido ir más allá y lo ha declarado inconstitucional.

Todos estos factores no anuncian un futuro muy esperanzador para el voto electrónico en España. Sin embargo, la tecnología está en continuo avance, por lo que quizás algún día, a largo plazo, se logra dar con un procedimiento que convenza al Gobierno español. Hasta entonces, habrá que seguir ciñéndose al método clásico.