Una sanidad de la máxima calidad y económicamente sostenible. El objetivo es común, pero no así las recetas para alcanzarlo incluidas por los partidos en sus programas electorales. Si el PP, coaligado con Foro, ofrece un tratamiento conservador que permita "consolidar" un sistema "cada vez más equitativo e integrado", tanto el PSOE como Podemos e IU-UP se inclinan por una "cirugía legal" que extirpe ese Real Decreto aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012 que, a juicio de las formaciones de izquierda, acabó con el imprescindible principio de la "universalidad" de la atención sanitaria en España.
Ciudadanos, más tibio que las formaciones de izquierda, propone un pacto de Estado que defina la cobertura sanitaria de la población. UPyD, en la misma línea que los de Albert Rivera, pone encima de la mesa un "pacto similar al de Toledo sobre la Seguridad Social", que "aleje la sanidad de la disputa política y garantice la viabilidad futura de un sistema público, de calidad y universal".
Para la financiación del sistema, populares y foristas se comprometen a aprobar un modelo que "garantice la cobertura de las necesidades reales, que tenga en cuenta la edad y la dispersión de la población, y que garantice la igualdad de derechos de los ciudadanos". El PSOE, que quiere incluir en la Constitución como derecho fundamental la protección de la salud, estima que la red estatal está "insuficientemente financiada" y, por ello, dentro de la reforma fiscal que promueve Pedro Sánchez, se marca como objetivo incrementar la inversión, hasta que alcance el 7% del Producto Interior Bruto (PIB) en el plazo de ocho años. Podemos afina más y, "frente a la política de recortes", promete 8.800 millones de euros para recuperar durante el primer año de la legislatura entrante "los niveles de dotación previos a 2012".
IU-UP, por su lado, estima que la financiación sanitaria debe de llegar "como mínimo" al 6,7% del PIB e incluye en su oferta electoral un incremento de los recursos dedicados a la Atención Primaria, con el objetivo de que alcance el 25% del presupuesto sanitario en el plazo de cinco años. Ciudadanos no pone encima de la mesa cifras ni porcentajes, pero aboga por un incremento del presupuesto "hasta niveles de financiación per cápita equivalentes a los países de nuestro entorno".
En el planteamiento de la formación que lidera Pablo Iglesias destaca el derecho a la tarjeta sanitaria para todas las personas y la ampliación de la cartera de los medicamentos financiados para "blindar el carácter universal" de la sanidad. Además, se compromete a diseñar un plan que lleve a un cambio paulatino del modelo de prescripción y dispensación de medicamentos, por dosis y no por cajas. También incluye Podemos en su programa la apertura de un debate entre la ciudadanía y los profesionales de la salud "acerca de la toma de decisiones en los últimos momentos de la vida, del testamento vital y de la muerte digna". Y en este marco plantea una ley para la libre disposición de la propia vida.
Ciudadanos también aspira a una regulación de la muerte digna, incluyendo la sedación terminal cuando el dolor no se puede controlar, y quiere abordar la maternidad subrogada (madre de alquiler), cuando haya "consentimiento expreso de las partes implicadas, plenas garantías jurídicas y la inequívoca filiación del neonato". Dar prioridad a los gastos a los proveedores sanitarios, "que eviten situaciones de desabastecimiento", y la libertad para la elección de centros, servicios y profesionales son otras de las propuestas electorales de Albert Rivera, quien, por cierto, defiende el "uso terapéutico del cannabis".
La coalición IU-UP presenta un modelo sanitario totalmente público "sin híbridos mixtos ni fórmulas parasitarias", en el que no tienen cabida las mutuas y en el que se "recuperen los derechos laborales de los trabajadores del sector". Además, propone acabar con la fragmentación de la jornada laboral en los hospitales con turnos de guardia que no superen las ocho horas. Los de Alberto Garzón defienden la despenalización total del aborto y la garantía de una atención sanitaria pública para enfermedades raras.
Promover una nueva ley general de sanidad que garantice la universalidad de la atención es el punto de partida de la propuesta del PSOE, en la que también figuran una cartera común de servicios en coordinación con las comunidades autónomas y el refuerzo de la red pública, "sin perjuicio de que el sector privado pueda desarrollar un rol complementario". Además, los socialistas se comprometen a incrementar la compra centralizada de medicamentos, a poner en marcha un plan de modernización del área de salud mental, a revisar el copago farmacéutico y a incluir la atención temprana infantil dentro de la cartera básica de servicios.
Un plan nacional de reducción de listas de espera y otro de transparencia sanitaria son dos de los principales compromisos en esta materia del PP, que incluye "la misma sanidad para todos los españoles" entre sus lemas electorales. Además, pretende potenciar la figura del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. También prometen una estrategia nacional de investigación de enfermedades raras.
