El empleo por encima de todo. Los programas económicos de los cinco principales partidos políticos apuntan de manera preferente al que sigue siendo el problema capital del país tras estos años de Gran Recesión: más de cuatro millones de españoles sin trabajo y una tasa de paro (21,2% en el tercer trimestre del año) impropia de una economía avanzada y que es la segunda peor de la UE. En los programas manda el empleo y también la sostenibilidad del Estado de bienestar. Y hay coincidencia en la aspiración de que España camine hacia un patrón de crecimiento con mayor productividad, más basado en el conocimiento y la innovación, que favorezca la movilidad social y contenga el avance de la desigualdad, acelerado por la crisis actual.
Las diferencias, y muy notables, están en cómo abordar esos objetivos y también en cómo pagar las políticas que puedan conducir a un modelo más pegado al mandato constitucional que desde 1978 tienen los poderes públicos: crear las condiciones para una distribución equitativa de la renta entre las personas y las regiones y hacer un política especialmente orientada la pleno empleo (artículo 40 de la Constitución). Las medidas que plantean los partidos difieren a menudo en aspectos de apariencia técnica, pero con calado ideológico. En el fondo se agita de nuevo el debate sobre el funcionamiento de la economía de mercado y la dosis que conviene de intervención estatal. Una oferta económica para el 20-D congruente con aquella definición que formuló en abril de 2015 el ministro griego Yanis Varoufakis sobre la economía: más que una ciencia, dijo, es "ideología con ecuaciones".
En los siguientes puntos se expone lo sustancial de las propuestas que presentan los partidos, que han sido coordinadas por los economistas Álvaro Nadal (PP), Jordi Sevilla (PSOE), Luis Garicano y Francisco de la Torre (Ciudadanos), Ignacio Álvarez Revuelta (Podemos) y Eduardo Garzón (IU-Unión Popular).
Mercado laboral. España ha modificado profusamente el Estatuto de los Trabajadores desde que se aprobó en 1980. Durante los últimos ocho años se añadieron dos grandes reformas laborales que afectaron al despido, a la negociación colectiva y a las condiciones de trabajo, cambios orientados según los gobiernos promotores (el del PSOE en 2010 y el del PP en 2012) a intentar frenar la destrucción de empleo durante lo peor de la crisis y a favorecer la contratación. El país siguió destruyendo empleo hasta fines de 2013, cuando comenzó a repuntar si se mide por el aumento de las afiliaciones a la Seguridad Social (superior al 3% a escala nacional en 2015). Esa recuperación ha estado marcada por altas tasas de temporalidad y de trabajos a jornada parcial, y también por las enormes dificultades de los parados de larga duración para reengancharse la mercado laboral.
Las nuevas reformas que plantean PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos e IU están en parte dirigidas a corregir esa precariedad. El PP no prevé cambios en su reforma laboral, pero sí nuevos estímulos a la contratación indefinida. Su medida estrella es una exención del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social en los nuevos contratos fijos en los primeros 500 euros de salario y durante cuatro años.
Los socialistas apuestan por derogar la reforma laboral del PP, por limitar los contratos a tres tipos: fijo, temporal y de formación. Y propone eliminar por ineficaces casi todas las bonificaciones a la contratación y destinar los fondos a la formación para el empleo.
Ciudadanos (C's) hace suya una propuesta nacida en la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), de orientación liberal, para instaurar el contrato único con indemnización creciente según la antigüedad, acompañado de la creación de un seguro contra el despido mediante aportaciones empresariales al trabajador equivalentes al 1% del salario. El mecanismo, copiado de Austria, permite que el trabajador lleve consigo esa "mochila" de aportaciones al cambiar de empresa. El dinero acumulado se cobraría en caso de despido o jubilación. Según Ciudadanos, el contrato único permitiría con el tiempo acabar con la dualidad del mercado de trabajo, uno de los europeos con una tasa de temporalidad más alta.
Podemos apuesta por otro camino: que la concatenación de contratos temporales durante más de un año los transforme en indefinidos. Y plantea derogar en parte la reforma laboral del PSOE y por completo la del PP. Eliminaría los incentivos al empleo parcial, aumentaría la contratación pública y defiende una implantación progresiva de la semana laboral de 35 horas.
IU comparte el objetivo de las 35 horas, quiere restringir los contratos temporales y generalizar la indemnización por despido de 45 días por año trabajado.
Salarios y subsidios. Los años de crisis y destrucción de empleo han menoscabado la remuneración de los trabajadores y aumentado las bolsas de pobreza. Los partidos están polarizados en este punto entre aquellos que, desde la izquierda, lanzan programas de rentas básicas y defienden que se actúe sobre el salario mínimo, y las posiciones más renuentes a esos tratamientos.
El PP parte del principio de que "la mejor ayuda es el empleo". Su programa no alude al salario mínimo interprofesional ni considera la creación de nuevas prestaciones, aunque sí defiende que se unifiquen los criterios de los salarios sociales (rentas mínimas de inserción) que ofrecen las comunidades autónomas. La promesa central es la creación de dos millones de puestos de trabajo en cuatro años.
Ciudadanos tampoco es partidario de aumentar el salario mínimo ni la renta básica, aunque sí plantea un complemento para los trabajadores con ingresos más bajos. Sería a través del IRPF y tendría un coste de 7.000 millones de euros, según las cuentas de la formación naranja.
La izquierda incluye propuestas para garantizar una renta mínima a los hogares. El programa del PSOE habla de una prestación de carácter no contributivo dirigida a familias sin ingresos y por una cuantía que permita afrontar los gastos básicos. Podemos promete una "renta garantizada" de al menos 600 euros. Consistiría en una ayuda para los hogares sin ingresos o con ingresos inferiores al umbral de pobreza. Añade un complemento para trabajadores con remuneraciones inferiores a 900 euros.
IU ofrece la iniciativa que llama "empleo garantizado": crear un millón de empleos públicos con 15.000 millones de euros a través de los ayuntamientos.
Empresa y emprendimiento. La mayoría de los partidos coinciden en el diagnóstico: España necesita más empresas y de mayor tamaño y mecanismos que les permitan financiarse mejor, innovar y hacer negocio dentro y fuera del país. Todos comparten la conveniencia de hacer políticas que promuevan el espíritu emprendedor desde la escuela y todos hacen guiños también a algunas de las demandas recurrentes de los autónomos. El PP promete flexibilizar las condiciones de pago de las cotizaciones y el PSOE sugiere que las bases reguladoras se acerquen a los ingresos reales de los trabajadores por cuenta propia. Podemos y Ciudadanos plantean un sistema de cotizaciones progresivas. IU anuncia planes específicios para autónomos y pymes.
