Oviedo, Luján PALACIOS
Cataluña vive su peor sequía en medio siglo. No llueve lo suficiente, las reservas cada vez son más escasas y los efectos de la falta de agua amenazan especialmente a Barcelona y a su área metropolitana, que podrían sufrir restricciones al consumo doméstico este otoño. Un panorama pesimista que ha ocasionado un grave enfrentamiento político a la búsqueda de una solución que, ahora por fin, parece en marcha.
El problema de la sequía de Cataluña se remonta a dieciocho meses atrás, los mismos que hace que no llueve lo suficiente en la comunidad. Además, el problema a que se enfrentan los catalanes no se ciñe exclusivamente a la falta de precipitaciones. En el caso de Cataluña la situación se agrava porque los ríos que abastecen a la principal urbe, Barcelona, tienen muy poca capacidad, y las reservas disponibles son mucho menores para una población de 1,6 millones de personas en la ciudad y más de 5 millones en el área metropolitana. A todo ello hay que sumar que las desaladoras que está construyendo la Generalitat no se han terminado.
El resultado: un déficit de agua que preocupa mucho en Cataluña y que ha desatado una gran tormenta política, un enfrentamiento de todos contra todos. El problema de la sequía ha enfrentado al Gobierno central con el catalán, a los partidos catalanes entre sí, a gobiernos autonómicos del mismo signo y a las propias provincias catalanas.
Por un lado, el tripartito catalán, compuesto por la coalición Partido Socialista de Cataluña (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) e Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) proponía un trasvase desde el Segre, al que se siempre se opuso el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. También hubo duros choques entre la ya ex ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y el presidente catalán, José Montilla.
El Gobierno socialista de Aragón, del PSOE, también se opuso al trasvase y criticó duramente a Cataluña, al igual que Castilla-La Mancha, mientras que los gobiernos de Murcia y de la Comunidad Valenciana, ambos del PP, pidieron que se reabriera el proyecto del trasvase del Ebro de la época de José María Aznar, derogado después por Zapatero.
