Madrid

El Gobierno ha decidido poner en manos de las familias y las empresas más de 10.000 millones de euros para hacer frente a la desaceleración económica. Se trata de un plan de choque con once medidas, entre las que destaca la ampliación gratuita para todos los españoles del plazo de pago de la hipoteca, así como la deducción de 400 euros en el IRPF para asalariados, pensionistas y autónomos, además del incremento de los avales públicos a los promotores que opten por construir vivienda social y la puesta en marcha de un plan especial de recolocación de parados.

Este conjunto de actuaciones, y especialmente la rebaja fiscal de 400 euros -que costará 6.000 de los 10.000 millones-, podrían ayudar a que el crecimiento de este año sea dos o tres décimas superior, según el vicepresidente Pedro Solbes, quien calcula que en 2009 se inyectarán otros 7.800 millones. Un crecimiento que, debido a la crisis, se va a revisar a la baja antes de tiempo, rompiendo así con el calendario oficial de previsiones macroeconómicas que el Gobierno ha mantenido hasta ahora, con sólo dos estimaciones al año, en julio y en diciembre.

La mitad de la rebaja de 400 euros del IRPF se percibirá en julio y el resto en los seis meses siguientes. Para los autónomos se repartirá en la declaraciones de julio, octubre y diciembre. A los contribuyentes a los que se retiene menos de 200 euros en cada nómina no se les podrá descontar esta cantidad, aunque lo que falte se unirá a los 200 euros restantes para repartirlos en los seis meses siguientes.

La gran novedad de estas medidas radica en la ampliación gratuita del plazo del pago de las hipotecas a todos los ciudadanos que la soliciten a partir de mayo, cuando en principio estaba pensada sólo para las familias con mayores dificultades económicas.

En el decreto ley aprobado, que recoge la mayoría de las actuaciones fiscales, se incluye la supresión de la parte que cobraba la Administración en la ampliación del plazo hipotecario -la del impuesto sobre actos jurídicos documentales- y todavía se tiene que cerrar el acuerdo con entidades financieras, notarios y registradores para que eximan del cobro de sus respectivas comisiones.

Según los cálculos del Gobierno, para una hipoteca de 150.000 euros, los costes que se ahorrará el ciudadano por ampliar sus plazos serían de 328 euros, de los que sólo tres euros corresponden al gasto que asume el Ejecutivo, los relativos a los actos jurídicos documentados. La mayor parte de esta cuantía deberá ser asumida por las entidades financieras -150 euros por comisión bancaria en una hipoteca de 150.000 euros-; los notarios -90 euros-, y los registradores -85 euros-, según la agencia «Efe». Esta medida tendrá una vigencia sólo de dos años.

Ayuda de 350 euros

El Gobierno flexibilizó el plan de recolocación para desempleados de la construcción, al que podrán acogerse todos los parados. Con un presupuesto de 201 millones, el Ejecutivo contratará a 1.500 orientadores que elaborarán itinerarios personalizados para los parados que demanden empleo y que busquen oportunidades de trabajo en las empresas, mientras se reforzará la formación para facilitar la recolocación en otros sectores, especialmente el de servicios.

Además, el Gobierno ofrecerá durante tres meses una ayuda de 350 euros a los desempleados que no cobren ninguna otra prestación, y asumirá gastos de desplazamiento, mudanza, alojamiento y guarderías o atención a dependientes para los que acepten un empleo a más de cien kilómetros de su lugar de residencia.

Otras de las medidas pretenden impulsar al sector más afectado por la desaceleración, la construcción. Así, para promover la rehabilitación de viviendas, se mejora su tratamiento fiscal, al excluir el precio suelo del porcentaje requerido en el montante de una obra para considerarla rehabilitación. (Hasta ahora se consideraban obras de rehabilitación cuando su coste superaba el 25% del precio de adquisición del inmueble, incluido el montante del suelo).

A través del Instituto de Crédito Oficial se ampliará 2.000 millones (hasta 5.000 millones) el presupuesto para avalar un mayor número de titulizaciones sobre los créditos para viviendas protegidas, cuya construcción se tratará de acelerar convocando la Conferencia Sectorial de Vivienda y pidiendo el compromiso de las comunidades autónomas. El compromiso es construir 150.000 viviendas protegidas al año.

La prometida agilización de la obra pública se incluye entre las medidas aprobadas, aunque no contará con partidas presupuestarias extraordinarias, sino con una mayor vigilancia por el Ejecutivo, que analizará trimestralmente su grado de ejecución.

Para ayudar a las empresas se amplía el presupuesto para avalar las titulizaciones de créditos a pymes, que pasa de 1.000 a 3.000 millones. Las empresas también recibirán una inyección de liquidez el año que viene, cuando puedan reclamar mensualmente las devoluciones por el IVA, que hasta ahora se hacían anualmente.

Finalmente, habrá que esperar ta 2009 para que sea efectiva la supresión del impuesto sobre el patrimonio con efecto retroactivo desde enero de este año y que ahorrará 1.800 millones a cerca de un millón de contribuyentes.