Madrid

El ex presidente Felipe González cree necesario aplazar la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica para que el Gobierno, los presidentes regionales y los agentes económicos y sociales puedan centrarse «en la recuperación de la actividad para frenar la caída del empleo» en la actual «coyuntura de crisis».

Para González, la decisión del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero de afrontar la situación priorizando las inversiones en infraestructuras, vivienda protegida y rehabilitación de centros urbanos es «correcta», porque la «prioridad» debe ser «incidir en inversión generadora de actividad y recuperadora del empleo que se está perdiendo».

Sin embargo, en un artículo de opinión publicado ayer en «El País», el ex presidente advierte de que el debate abierto en materia de financiación autonómica «puede ir contracorriente» de las prioridades «en esta coyuntura de crisis».

Por ello, aunque reconoce que esta negociación «estaba prevista desde antes de conocerse la crisis financiera internacional», pidió que se ponga «el máximo esfuerzo negociador» en una «política anticíclica» que atienda «más claramente a las necesidades inmediatas de los ciudadanos» y que se deje «para un momento posterior y más favorable la negociación de un nuevo sistema de financiación».

González se anticipa a los que puedan decir que estos argumentos son «excusas e incumplimientos sobre acuerdos previstos» subrayando que «la única manera de afrontar la realidad es mirar de frente las necesidades de los ciudadanos» antes que las propias.

El líder del PP, Mariano Rajoy, juzgó «muy razonable» la postura de González, pero aseguró que la decisión corresponde al Gobierno socialista. El presidente del PP confesó que él no habría modificado el modelo de financiación autonómica porque, recordó, se aprobó en 2001 «por unanimidad».

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Fátima Báñez, abogó por aplazar la reforma del sistema de financiación autonómica hasta que el Tribunal Constitucional falle sobre los recursos planteados contra el Estatuto catalán y animó al vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, a poner de acuerdo a las comunidades socialistas.

Eso sí, la diputada del PP reiteró que su formación está abierta a acometer esa reforma, siempre que se base en criterios de «igualdad» y «solidaridad» y sea avalado por todas las comunidades, tal como ocurrió con el modelo actual.

A Báñez le contestó la portavoz del PSOE en la comisión de Economía del Congreso, Inmaculada Rodríguez-Piñero, quien dijo sospechar que el PP quiere congelar la reforma de la financiación «hasta encontrar un líder que ponga de acuerdo a los suyos».

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, señaló, por su parte, que «no habrá perdedores» con el nuevo sistema de financiación y se mostró convencida de que se llegará a un acuerdo con las comunidades autónomas antes de agosto. La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, pidió un voto de confianza para Solbes.

En este contexto, el presidente catalán, José Montilla, reafirmó ante el Parlament su voluntad de cumplir de forma «escrupulosa» la bilateralidad que marca el Estatut a la hora de negociar con el Gobierno la financiación, un asunto en el que ha dicho que no aceptará «ni dilaciones, ni subterfugios, ni aplazamientos». El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, advirtió de que se verá «las caras» con los catalanes si se tocan los intereses de su comunidad.

Felipe González avanzó ayer que el Grupo de Reflexión sobre el futuro de la Unión Europea (UE), del que es presidente, comenzará sus trabajos el próximo noviembre, después de que el Consejo Europeo de octubre nombre al resto de los miembros. González (en la foto, llegando al Elíseo) se entrevistó ayer con el presidente francés, Nicolas Sarkozy, de quien partió la iniciativa de crear el grupo, que nació para estudiar los desafíos a los que se enfrenta la UE y la manera de abordarlos en el horizonte 2020-2030.