10 de mayo de 2008
10.05.2008
40 Años
40 Años

Política exterior y desaceleración en un Consejo presidido por el Rey

l Los conductores españoles tendrán que pagar las multas impuestas en la UE l La medida no tendrá reciprocidad

10.05.2008 | 02:00

Madrid

Los ejes de la política exterior española y la situación de desaceleración económica mundial centraron el Consejo de Ministros deliberativo presidido por el Rey, ayer, por la mañana, en el Palacio de la Zarzuela, según informó la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.


Se trata del primer Consejo de Ministros deliberativo -se llama así porque no adopta decisiones ejecutivas- que preside el Rey en cuatro años y ha servido para que el Gobierno comparta con Su Majestad «los objetivos estratégicos y las líneas de actuación para esta legislatura en política exterior», explicó De la Vega en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros decisorio celebrado a continuación.


Tras agradecer al Rey la «amabilidad de la que hace siempre gala», su «visión de Estado» y su «dedicación al servicio de los intereses de España», la portavoz del Ejecutivo destacó las intervenciones en el Consejo deliberativo del presidente Zapatero, del vicepresidente económico, Pedro Solbes, del ministro de Exteriores, Miguel Angel Moratinos, del titular de Industria, Miguel Sebastián y la suya propia.


Solbes fue el encargado de describir al Rey la situación de «desaceleración más rápida por efecto de las turbulencias financieras internacionales, añadidas a los efectos ya previstos del ajuste en el sector inmobiliario». Esto, indicó De la Vega, ha «obligado» al Ejecutivo español a «revisar las previsiones de crecimiento, tal y como están haciendo el resto de países de la UE».


«Dicho esto, el Gobierno sigue pensando que España seguirá creciendo por encima de la media de la Unión (...) y que el crecimiento volverá a estar en torno al 3 por ciento en 2010», agregó la Vicepresidenta.


El ministro de Industria, Miguel Sebastián, planteó ante el Rey las iniciativas que se pondrán en marcha para que las empresas españolas «se encuentren respaldadas aquí y fuera» de España, continuó De la Vega.


En el Consejo deliberativo celebrado con posterioridad, el Gobierno aprobó un proyecto de ley que permitirá el reconocimiento mutuo automático de las sanciones pecuniarias impuestas en cualquier Estado miembro de la UE. La ley no será de aplicación a las multas de tráfico impuestas a los ciudadanos comunitarios en España.


Sin embargo, el resto de los países de la UE podrán pedir a España que ejecute las multas de tráfico impuestas a españoles en su territorio. Así, España no podrá pedir que se paguen las multas de tráfico que recaigan sobre extranjeros y que no haya cobrado en el momento de la infracción, pero que sí estará obligada a ejecutar las multas impuestas en otros países que sean recurribles en la vía penal.

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