Madrid

Ante la alarma causada en ciertos sectores por el anuncio del Gobierno de poner en marcha una reforma de la ley de Libertad Religiosa, la vicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que dicha reforma «no está pensada contra nadie», sino para «amparar y cobijar a todos».

Sin embargo, el PP sigue creyendo que este asunto es una cortina de humo y su presidente, Mariano Rajoy, considera que este debate sólo contribuirá «a generar división entre los españoles». Por ello, el líder de los populares reclamó ayer al Gobierno que «no vuelva a las andadas y a no confundir prioridades».

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega justificó la anunciada reforma en que, dijo, «es evidente que la España de hoy es más diversa y plural que la de hace una década» y que, tras 28 años de aplicación de la actual norma, «la democracia se ha hecho más plural y las leyes tienen que adaptarse a esa sociedad».

«Hay que proteger todas las creencias, las de los católicos, las de los musulmanes, las de los judíos, las de los evangélicos y también las de los que no creen», aseguró la Vicepresidenta.

Cuando se le preguntó si ha mantenido contactos con la Conferencia Episcopal sobre este asunto, De la Vega señaló que la obligación del Gobierno es comunicar sus planes, en primera instancia, «a los representantes del Parlamento», aunque, «por supuesto», habrá contactos con el Episcopado. En cualquier caso, descartó que se produzca «confrontación» con los obispos, ya que, añadió, «nunca nos hemos confrontado».

Por su parte, Rajoy advirtió de que le gustaría que no volviera a ocurrir lo que, en su opinión, ocurrió en la anterior legislatura, cuando, dijo, el presidente Zapatero «confundió las prioridades» y se dedicó a debatir sobre asuntos que no se deberían haber planteado ya que sólo contribuyeron a generar «división» entre los ciudadanos.

De todas formas, Rajoy aseguró que no es muy optimista al respecto. De hecho, dijo tener esa sensación desde que el Gobierno anunció la reforma religiosa, cuando, a su juicio, las prioridades son la financiación autonómica, la sequía, la justicia o la crisis económica.