La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado hoy que la labor del Ejecutivo en la negociación de la financiación autonómica es armonizar los intereses de "todas" las comunidades autónomas.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y a preguntas de los periodistas se ha referido en varias ocasiones a esta cuestión.
Se ha referido a la reunión que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mantendrá el próximo miércoles con los presidentes autonómicos socialistas y ha precisado que será "una de las muchas" que habrá en este período de negociaciones, para llevar a cabo "una reforma satisfactoria para todos".
Ha insistido en que el nuevo modelo será "para todos", lo que no cuestiona ninguna disposición del Estatuto de Cataluña -que prevé la bilateralidad en sus relaciones con el Gobierno- ni de ningún otro.
Ha dicho que el Gobierno se ha comprometido a definir "las grandes líneas" este año y se va a llegar a tiempo, a pesar "de la polémica razonable de cuando se está negociando algo que afecta a todas las comunidades y cada una tiene sus intereses legítimos y respetables".
"Nuestra labor -ha continuado- es armonizar los intereses de todos para garantizar" que las comunidades puedan prestar los servicios a los ciudadanos "con mayor autonomía, responsabilidad y suficiencia, garantizando la solidaridad interterritorial y la aproximación en las rentas" de todos los ciudadanos.
La vicepresidenta se ha mostrado convencida de que la reforma de la ley orgánica de financiación de las CCAA (LOFCA) "va a contar con el suficiente acuerdo político" para que entre en vigor en 2009.
"Hay muchos elementos para el acuerdo -ha continuado-, a pesar de que, como es lógico, cada comunidad tiene sus argumentos y es necesario conciliar todas las demandas y que el Gobierno escuche a todo el mundo".
Ha precisado que el nuevo modelo quiere reforzar la autonomía financiera de las comunidades bajo el principio de suficiencia y que tengan mayor responsabilidad; garantizar la solidaridad interterritorial y que la convergencia regional esté asegurada.
Ha pedido un esfuerzo a todos para lograr un acuerdo que sea "válido y satisfactorio", ya que "no se trata de que haya ganadores, ni perdedores, sino de lograr el mejor sistema".
Sobre la revisión de la aportación a la solidaridad que alguna comunidad pide, la vicepresidenta ha reconocido que es "uno de los temas", aunque hay "muchos más".
"Es evidente -ha reconocido- que hay determinadas comunidades que no se oponen al concepto de la solidaridad, garantizado en la Constitución, pero que sí solicitan que se establezcan otras garantías para, en función de su renta y de su población, no verse perjudicadas en su dinamismo".
La vicepresidenta ha afirmado que hay otras comunidades que "dicen otras cosas" y el Gobierno lo que trata de hacer es tratar de armonizar para que "se pueda compatibilizar todo".
