Cádiz

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró ayer que el Gobierno «no ampara nada, y mucho menos las torturas», en alusión a la resolución aprobada el viernes por el Parlamento vasco, que dice «cosas inciertas» y «muy graves» acusando al Ejecutivo de amparar torturas a etarras detenidos.

Rubalcaba afirmó que «todo el mundo sabe que ETA da instrucciones a sus militantes de denunciar torturas inmediatamente después de ser detenidos». A pesar de ello, aseguró que «se investigan todas». A este respecto, el Ministro recalcó que las denuncias a las que se refiere la Cámara vasca -las presentadas por Igor Portu y Martín Sarasola, presuntos autores del atentado de la T-4- «están investigándose en este momento en sede judicial».

El Ministro reiteró que «los primeros y más interesados en que esas investigaciones se lleven a cabo y que el Estado de derecho actúe en este caso son la Guardia Civil y el Gobierno».

Por otra parte, Rubalcaba aseguró que el Ejecutivo demuestra que está «dispuesto a dialogar» con la reunión que mantendrán el martes el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el lendakari, Juan José Ibarretxe, para analizar la propuesta de celebrar una consulta popular sobre el futuro del País Vasco, aunque advirtió de que el diálogo estará necesariamente limitado por las normas constitucionales y por los procedimientos constitucionales.

Respecto a la cita del martes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, instó al presidente Zapatero a no recibir a Ibarretxe, ante «la ofensa de la Cámara vasca contra todos, y en especial contra la Guardia Civil, 48 horas después de haber enterrado al último servidor público víctima de ETA», en referencia a Juan Manuel Piñuel, asesinado por la banda terrorista el miércoles en Legutiano (Álava).

«No se puede poner en el mismo lado de la balanza a los terroristas y a los asesinados», aseveró Aguirre, quien censuró así la decisión del tripartito vasco de aprobar en la Cámara, a instancias de Aralar, el polémico texto.

Desde un punto de vista completamente opuesto, el consejero vasco de Interior, Javier Balza, consideró que el documento «merece todo el respeto» porque está aprobado por «la mayoría» de la Cámara vasca y es, pues, expresión de lo que piensa la mayoría de esa sociedad.

Mientras, Maixabel Lasa, viuda del ex gobernador civil de Guipúzcoa asesinado por ETA Juan María Jáuregui, aseguró ayer que ella y los amigos de su marido recompondrán la estela funeraria en memoria del fallecido «todas las veces que haga falta» hasta ver «quién se cansa antes».

Lasa, que también es directora de Atención a las Víctimas del Gobierno vasco, condenó de esta manera los destrozos causados por desconocidos ayer de madrugada en el monolito funerario que los amigos de Jáuregui levantaron tras su muerte en una zona boscosa de Guipúzcoa llamada Burnikurutzeta. Lasa aseguró que el ataque es la respuesta anticipada al acto en favor de las víctimas que hoy se celebrará en San Sebastián.