Valencia, Agencias

El magistrado del «caso Gürtel» en Valencia ha decidido continuar el proceso contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, al observar «indicios racionales» de un delito de cohecho en su adquisición de trajes que fueron pagados por Orange Market, la empresa de Francisco Correa, el responsable de la trama de corrupción.

En un auto dictado ayer, el magistrado José Flors fija para el miércoles, 15, una audiencia preliminar con la presencia de las partes implicadas, trámite previsto por la ley Orgánica del Tribunal del Jurado, que guía desde ahora la causa. Esto significa que el instructor ve indicios de delito para acabar sentando a Camps en el banquillo, lo que coloca al presidente valenciano en la antesala del juicio oral con jurado.

El proceso también prosigue por los mismos motivos contra el resto de imputados: el secretario regional del PP, Ricardo Costa, el ex vicepresidente valenciano Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret.

Según el instructor, existe «constancia» de que los trajes adquiridos por Camps en diferentes tiendas fueron pagados por sociedades vinculadas a Orange Market y no por él mismo, «como afirmó en su declaración» como imputado ante el juez. El auto relata que, a principios de 2006, el presidente valenciano fue a una tienda de Milano en Madrid «por indicación» de Álvaro Pérez, presidente de Orange Market, filial valenciana de la empresa Special Events de Francisco Correa, en prisión por liderar la trama de corrupción que salpica a cargos del PP.

Allí adquirió diferentes prendas y fue atendido por el sastre José Tomás, quien se trasladó a la tienda Forever Young, donde siguió recibiendo encargos del presidente valenciano. Camps admitió ante el juez haber encargado cuatro trajes a la medida en esta última tienda y aseguró haberlos pagado en metálico al recogerlos, informa «Efe».

El magistrado afirma: «No existe constancia de que su precio fuera abonado en caja y en metálico en el momento de recoger cada uno de los trajes», ya que los documentos aportados por la tienda no corresponden con el número de prendas ni con las fechas en las que Camps dijo haber pagado.

«Sí hay, en cambio, constancia de que el pago pendiente generado por la operación de los cuatro trajes -por valor de 2.880 euros- se canceló, junto con otras englobadas en una deuda de mayor importe, con cargo a unos cheques librados por la entidad Servimadrid Integral», señala el auto, que atribuye a Camps otras compras sin justificación de pago. Tampoco consta que el resto de imputados abonara las prendas al vendedor, «y sí la hay, en cambio», de que los importes fueron pagados con «dos cheques contra Orange Market.

La finalidad de estos regalos «no era otra que lograr el agasajo o provocar la complacencia de aquellas personas, obviamente para poder contar con su gratitud o con su favor, pero sin tender a la obtención de una determinada contraprestación», subraya el juez.

La defensa de Camps recurrirá el auto por entender que «se limita a supuestos regalos que no quedan probados documentalmente y que, además, nunca se han producido». Además pedirá el archivo de la causa «puesto que las acusaciones no han sido probadas», señalan fuentes de Presidencia de la Generalitat.

Paralelamente, la Policía encontró en el yate «Parapipi», fondeado en Altea, nuevas pruebas de regalos a Camps

La dirección nacional del PP seguirá defendiendo la presunción de inocencia de Camps, ya que «no es un auto que de manera firme termine en procedimiento, sino que termina las diligencias previas y se puede volver a pedir el sobreseimiento», dijo Dolores de Cospedal. Varios diputados populares han cuestionado la estrategia del dirigente valenciano en todo el asunto. El PSOE recriminó a Rajoy que siga mirando «para otro lado» y no exija responsabilidades aunque la justicia encuentre que existen indicios de delito.

El cuanto al tesorero Bárcenas, Cospedal dijo que se tomará una decisión cuando «sea evidente que la situación obliga». Sobre su dimisión, dijo que será una cuestión personal.